TRÁFICO

¿Deben las aseguradoras cubrir el servicio de defensa letrada también en los delitos contra la seguridad del tráfico o solo en los casos de accidentes de tráfico?

Foro Coordinador: Julio José Úbeda de los Cobos

Planteamiento

Es sabido que las aseguradoras suelen incluir en las pólizas de seguro por accidente de tráfico la defensa jurídica. No obstante, en los casos en los que ha habido un siniestro derivado de la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico, o simplemente sin causar un accidente, la mera comisión del accidente de tráfico, algunas compañías ponen obstáculos a cubrir la defensa letrada porque afirman que lo ocurrido no está dentro de la cobertura por entender que la defensa jurídica no se cubre ante la comisión de un delito, sino en caso de accidente y en estos casos se niegan a cubrir la defensa jurídica.

¿Es correcta esta negativa o debe estar incluida también esta cobertura en los casos de delitos contra la seguridad del tráfico?

Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de la Circulación", el 1 de mayo de 2014.

Puntos de vista

Enrique García-Chamón Cervera

Hemos de diferenciar dos supuestos de defensa jurídica relacionados con el c...

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Luis Alberto Gil Nogueras

En mi opinión todo dependerá de cuál es el contenido de la póliza concert...

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Juan Luis Gordillo Álvarez Valdés

Ante la cuestión planteada procede primeramente establecer la diferenciació...

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Fernando Lacaba Sánchez

Debe recordarse las diferencias existentes entre la defensa jurídica que se ...

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Manuel Perales Candela

El seguro de defensa jurídica es una modalidad de contrato de seguro absolut...

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Alberto Pérez Ureña

El seguro de defensa jurídica es aquel en el que se pacta la prestación de ...

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Esteban Solaz Solaz

Para dar contestación a la cuestión suscitada conviene hacer hincapié en q...

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Luis Antonio Soler Pascual

La cuestión que se plantea se comprende con cierta facilidad observando el t...

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Julio José Úbeda de los Cobos

No se trata de una cuestión fácil, como siempre ocurre al tratar de la dife...

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Resultado

RESPUESTA APROBADA POR MAYORÍA DE 7 VOTOS

La mayoría de nuestros colaboradores concluyen que:

1º. Todo dependerá de cuál es el contenido de la póliza concertada. Desde luego, si estamos ante una póliza que cubre exclusivamente el contenido que prevé la Ley de Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor (EDL 2004/152063), la cobertura que tendrá la defensa jurídica que como pacto accesorio acompaña a este tipo de pólizas, no cubre los supuestos expresados de delitos de riesgo sin resultado.

2º. Si el vehículo causante del siniestro sólo tiene concertado un seguro de responsabilidad civil, dentro de la cobertura del mismo se incluye la dirección jurídica del asegurado frente a las acciones civiles ejercitadas por el perjudicado, derivadas de un delito o no, pero no está incluida la defensa jurídica del asegurado que tenga su origen en unos hechos en los que no exista un perjudicado como, por ejemplo, en el caso de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas sin causar daños materiales ni personales a terceros.

3º. Si junto con el seguro de responsabilidad civil por daños derivados de la circulación de vehículos a motor se pacta un seguro de defensa jurídica independiente, en las condiciones exigidas en el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro -LCS- (EDL 1980/4219), sí estará cubierta la defensa jurídica del asegurado respecto de hechos en los que no se haya causado daños a terceros como sería el caso de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas sin perjudicado porque cubre los gastos que sufra el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento judicial como acusado.

4º. Procede establecer la diferenciación existente entre la llamada u0022dirección jurídica en defensa del aseguradou0022, recogida en el art. 74 LCS, y el llamado u0022seguro de defensa jurídicau0022, regulado en el art. 76 de dicho texto legal.

5º. Sin embargo, acarreando la responsabilidad penal una responsabilidad civil ex delito, el letrado de la aseguradora y del asegurado podría efectuar alegaciones tanto respecto a la responsabilidad civil como de la penal (la cual, de no generarse, no daría lugar a la civil), es decir, se mezclarían alegaciones que afectarían tanto a una como a otra responsabilidad. Por ello debe de valorarse la posible existencia de conflicto de intereses. Así, por una parte, cabría que el asegurado apreciase en la aseguradora un cierto u0022interésu0022 en la condena penal de aquel para así poder repetir frente al mismo las cantidades a las que fue condenada como responsable civil directa, como, por otra, que el asegurado se conformase con la pena solicitada en fraude. En el primer caso, el asegurado podría confiar su defensa a otro letrado tal y como prevé el art. 74 LCS, y en el segundo, habría que permitir a la aseguradora efectuar alegaciones referidas a la responsabilidad penal del asegurado.

6º. La diferencia del supuesto del art. 74 LCS respecto del seguro de defensa jurídica es relevante porque si se trata de un complemento del seguro de responsabilidad civil, la previsión del art. 74 LCS es la de que u0022el asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionenu0022, sin diferenciar el ámbito jurisdiccional donde se desarrolla el proceso de que se trate, aunque es cierto que el precepto permite el pacto modificativo de tal contenido. Sin embargo, si se trata del caso de un seguro de defensa jurídico, éste tiene contenido objetivo y subjetivo propio, si bien para que sea tal seguro, ha de cumplir los requisitos de forma y contenido a que hace referencia el art. 76 c) Ley de Contrato de Seguro, es decir, habrá de especificarse en título separado en la póliza, el contenido de la defensa jurídica garantizada y la prima que le corresponde a este seguro.

Dos de nuestros colaboradores discrepan de estas conclusiones. Así, por su parte, D. Julio Úbeda entiende que la defensa jurídica es un concepto amplio pero preciso, que se extiende de forma natural a las consecuencias de los riesgos derivados de la circulación de vehículos de motor. El supuesto contemplado se incardina en el riesgo asegurado, por lo que en principio no veo razón alguna que justifique su exclusión. Por tanto, la previsión de no cobertura es una cláusula limitativa y, como tal, debe atender a las exigencias previstas en el art. 3 LCS, figurando destacada y expresamente aceptada por el tomador. En otro caso, considero, deberá entenderse ineficaz a todos los efectos resultando obligada la aseguradora a procurar la asistencia jurídica en los términos contemplados en el contrato.

Y D. Antonio Alberto Pérez entiende que la decisión de las aseguradoras de no hacerse cargo de los gastos de defensa jurídica del asegurado, que ha incurrido en un delito contra la seguridad del tráfico, no es ajustada por las siguientes razones:

- Para que la cobertura de defensa jurídica contratada pueda considerarse como un contrato independiente, cuando se incluye dentro de una póliza única como suele ser habitual, se requiere que consten en las condiciones particulares del mismo, de forma expresa e inexcusable, y como requisitos, el contenido de la defensa jurídica garantizada y la prima que le corresponde, debiendo contener además los derechos reconocidos al asegurado en los arts. 76 d) y 76 e) LCS, lo que en la práctica no ocurre habitualmente, por cuanto que es frecuente observar que en las condiciones particulares, entre las coberturas contratadas, se reseña la relativa a u0022Defensa Jurídicau0022 pero no se especifica la prima que le corresponde. Ahora bien, dicha oscuridad en la póliza generada por la propia compañía aseguradora, permite realizar una interpretación extensiva de los preceptos citados reconociendo que, aunque no se cumplan los requisitos formales exigidos por el art. 76, todo pacto por el que el asegurador se compromete a correr con los gastos de los procedimientos en los que sea parte por activa o pasiva el asegurado, es distinto de la defensa frente a reclamación de responsabilidad civil entablada por terceros del art. 74, por lo que se ha de considerar un contrato de seguro de defensa jurídica en base a los amplios términos del art. 76.a).

- Si no existe en la póliza cláusula que excluya la cobertura por defensa jurídica en caso de hechos dolosos como la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas (que como limitativa de derechos necesita la aceptación expresa -art. 3-), la cobertura de defensa jurídica no debe formar parte integrante del Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil, ni le es de aplicación los arts. 74 LCS y 7 LRCSCVM, sino que será un seguro independiente de defensa jurídica, que le otorga el derecho a designar Procurador y Abogado e igualmente el derecho a reclamar el importe de los honorarios de los mismos, imputando su coste a la aseguradora, dentro de los límites cuantitativos que se suelen introducir en la póliza.