CONTRATACIÓN

La competencia mercantil en materia de condiciones generales de la contratación

Foro Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez

Planteamiento

Planteamos en esta edición del Foro una cuestión que, nos parece, es consecuencia de la imprecisa delimitación de competencias entre los juzgados de primera instancia y la jurisdicción mercantil especializada.

En otras ocasiones hemos tenido ocasión de enfrentarnos, desde estas mismas páginas, al precepto orgánico que delimita el marco competencial de los juzgados de lo mercantil.

En este foro abordamos la interpretación de la norma contenida en el subapartado d) del apartado 2 del art. 86 ter, 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -EDL 1985/8754- (LO 6/1985, de 1 de julio) que, recuérdese, atribuye competencia a los juzgados mercantiles para el conocimiento de las "acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esa materia".

A mi juicio, se trata de una norma de competencia objetiva anómala, distorsionadora del sistema general de distribución de la competencia objetiva; repárese que el precepto atribuye la competencia en función de una categoría general inespecífica, -las condiciones generales de la contratación-, mientras que el resto de competencias contenidas en el art. 86 ter se atribuyen en función de la materia que constituye el objeto de la acción afirmada.

Esta afirmación inicial tiene relevantes consecuencias prácticas. Por de pronto, cualquier práctico del Derecho conoce que la acción de nulidad de las condiciones generales suele invocarse, en acumulación objetiva, conjuntamente con acciones ordinarias de ineficacia contractual (nulidad o anulabilidad del contrato); también resulta sólito que la acción se plantee por vía reconvencional para oponerse a una reclamación del predisponente en exigencia del cumplimiento del contrato. Loa litigios sostenidos en relación con los swaps, las participaciones preferentes y subordinadas o los préstamos hipotecarios constituyen un claro ejemplo de la certeza de esta proposición, y se cuentan por miles.

Si aplicamos en su literalidad la norma de competencia objetiva, ni resulta posible la acumulación de acciones, ni la reconvención es admisible, pues los órganos que tienen atribuida la competencia objetiva sobre unas y otras son diferentes: juzgados de lo mercantil para las condiciones generales y juzgados de primera instancia para las acciones ordinarias de nulidad contractual o de reclamación con base en un contrato.

Idéntico problema surge en el seno de los procesos de ejecución forzosa, singularmente en los casos en los que frente a la acción hipotecaria ejercitada en vía ejecutiva el ejecutado pretende oponer el carácter abusivo de la cláusula, posibilidad permitida por la reciente reforma del art. 552.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- por la Ley 1/2013 de 14 de mayo -EDL 2013/53763-.

No acaban aquí los problemas procesales del control judicial de las condiciones generales, como es notorio. Quizás la razón última descanse en la falta de un tratamiento sistemático y completo en Derecho español sobre las acciones de clase.

Las propuestas de lege ferenda, -en un momento especialmente oportuno, con la pendencia en las Cortes Generales de la reforma de la legislación de protección de consumidores y usuarios-, son muy diversas. Quizás la más sencilla, a la que modestamente me adhiero, es la de la supresión pura y simple del apartado 2 d) del art. 86 ter orgánico -EDL 1985/8754-.

En todo caso, nuestros expertos se han enfrentado al problema con su habitual profundidad de criterio. Las opiniones, -comprobará el lector-, parten de premisas similares a las que aquí venimos considerando: la competencia se extiende también a las acciones individuales, no sólo a las colectivas; la norma competencial exige una interpretación lógica e integradora, en buena medida forzando los criterios tradicionales de aplicación de las normas que delimitan la competencia objetiva.

En suma, -creemos-, estamos ante otro de los supuestos que obstaculizan el empeño en pos de la garantía del mayor grado posible de seguridad jurídica.

 

Este artículo ha sido publicado en la "Revista Derecho Mercantil", el 1 de diciembre de 2013.

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