El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha recordado que “el Gobierno regional ha colaborado activamente desde el inicio de la pandemia con el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid para llevar a cabo campañas de información que reforzasen la comunicación e hiciesen efectivas las medidas adoptadas para el cumplimiento de restricciones por el Covid en las comunidades de propietarios”. A su juicio “es necesario avanzar en este sentido e instar a que el Gobierno central modifique la ley, adaptando este apartado a la excepcionalidad que vivimos”.
La Comunidad de Madrid cuenta con más de 200.000 comunidades de propietarios, que son gestionadas en su gran mayoría -un 80%- por los más de 3.500 administradores de fincas colegiados en la región. Mensualmente se celebran más de 11.000 juntas de propietarios, pero desde marzo del año pasado no se han podido llevar a cabo para evitar que este tipo de reuniones se conviertan en focos de trasmisión del virus.
Esta situación ha provocado que se haya retrasado la toma de decisiones importantes, algunas de las cuales se hacen cada día más urgentes de resolver, como la realización de obras importantes de rehabilitación y mejora de los edificios, acuerdos de índole económica o de simple gestión de las tareas diarias administrativas.
Estos acuerdos suponen en muchas ocasiones poder acceder a ayudas de carácter municipal, regional, estatal e incluso europeas, como las destinadas a las mejoras de la accesibilidad, o de eficiencia energética, o las incluidas en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUR).
No tramitar o acceder a estas ayudas repercute en la economía regional, tal y como han advertido recientemente las patronales del sector de la construcción, que apuntan a que existe un riesgo evidente a la hora de perder hasta 34.490 millones de euros en ayudas europeas debido al retraso que arrastra la Unión Europea en la tramitación de las mismas.
Se calcula que el Consejo General de Administradores de Fincas de España gestiona unos recursos anuales que representan el 4% del PIB nacional, alrededor de 40.000 millones euros.
“Por todo ello consideramos que es absolutamente indispensable modificar la Ley de Propiedad Horizontal y que se posibilite celebrar Juntas de Propietarios y votar los acuerdos de forma telemática, dando un normal desarrollo a las juntas de propietarios y a la tareas habituales de los administradores de fincas”, ha concluido Pérez.
