La estrategia, aprobada por el Gobierno el pasado 5 de septiembre, constituye un escenario plurianual para vertebrar las actuaciones de los distintos Servicios Públicos de Empleo bajo un paraguas de objetivos y principios de actuación comunes, compatible con la flexibilidad de los instrumentos para su consecución.
Esta estrategia, diseñada junto a las comunidades autónomas, tiene por objetivo acelerar la transición del paro al empleo mediante acciones más eficaces y ofrecer a los trabajadores y empresas servicios de calidad. "En definitiva, la estrategia tiene por objeto la modernización de los Servicios Públicos de Empleo y del propio marco institucional del Sistema Nacional de Empleo", explica el Gobierno en el texto.
Para el cumplimiento de este objetivo global, se marcan otra serie de objetivos estratégicos o prioritarios, que para el periodo 2014-2016 se asentarán en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, de los parados de larga duración, los mayores de 55 años y los beneficiarios del Plan Prepara; en mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo; reforzar la vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo, e impulsar el emprendimiento.
Todos estos objetivos se irán acomodando a los planes anuales de políticas de empleo. El Plan Anual de Política de Empleo 2014, que es la concreción de la estrategia para este año, recoge los objetivos comunes para los Servicios Públicos de Empleo.
El plan cuenta con 422 actuaciones y con seis ejes de actuación concreta: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo.
Para su evaluación, cuenta con un sistema de 26 indicadores, producto de la participación activa de todos los Servicios Públicos de Empleo, para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y definir así la distribución de fondos en 2015.
La Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016 contará con tres reglamentos --uno de servicios, otro de programas de empleo y otro de formación profesional para el empleo--, un programa de buenas prácticas entre Servicios Públicos de Empleo, una redistribución de fondos en función de la evaluación del cumplimiento de cada comunidad y un refuerzo de los mecanismos de fiscalización y justificación del uso efectivo de los fondos.
