"Se enviará una carta a las autoridades españolas, al Ministerio de Hacienda", ha anunciado la vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, la ecológica letona Tatjana Zdanoka, que ha insistido en la necesidad que España aclare las "dudas" de la institución "sobre la proporcionalidad y el régimen de sanciones que aplica".
"No estamos contestando de ninguna manera la obligación de los ciudadanos de tener que declarar sus activos en la declaración de la renta, sino la proporcionalidad de las medidas", ha expuesto el ciudadano belga Anthony Valcke.
Así, ha dejado claro que lo que contestan es la "discriminación" y la "diferencia de trato" dado que la norma española permita multas "significativamente más elevadas", que varían entre los 1.500 euros a 10.000 euros por declarar de forma "incorrecta o incompleta" los activos en el exterior frente a los entre 100 y 200 euros en el caso de los activos en España y ha celebrado que Bruselas haya llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión Europea anunció en junio que denunciaría a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber modificado las sanciones "desproporcionadas" y "discriminatorias" que impone a los contribuyentes que no declaran los activos que poseen en los otros países del bloque, ya sean propiedades, cuentas bancarias y otros activos financieros.
"Compartimos la opinión del peticionario (...) Tomamos todos los pasos necesarios para tener una decisión del Tribunal e intentar anular esta legislación en España", ha subrayado el representante de Fiscalidad de la Comisión Europea, Juan López Rodríguez, durante el debate del caso en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.
López Rodríguez ha esgrimido que España tiene "el derecho de requerir información sobre los activos en el exterior" pero las obligaciones que impone son "completamente desproporcionales". "Las multas impuestas son más onerosas que respecto a la situación puramente doméstica", ha avisado, denunciando la norma España "priva" a los contribuyentes "de sus propios activos para poder pagar las multas". "Como hemos visto en algunos casos particulares", ha remachado.
El representante comunitario ha justificado la decisión de la Comisión en junio de demandar a España tras recordar que abrió su expediente a España en 2014 por este caso y "varios contactos informales" sin éxito con las autoridades españolas desde entonces para intentar "alinear" su normativa con la de la UE. "Estamos en proceso de presentar la denuncia y enviar las alegaciones de la Comisión al tribunal", ha precisado.
