Hechos
La sentencia del TJ se enmarca en un litigio entre la operadora de telecomunicaciones MEO y la autoridad de competencia portuguesa. El conflicto tiene por origen la denuncia presentada por MEO ante la autoridad de competencia por la supuesta discriminación tarifaria aplicada por la entidad de gestión GDA. MEO denunciaba que GDA había incurrido en un abuso de posición dominante de acuerdo con el artículo 102 del TFUE al haber cobrado a MEO tarifas más elevadas que a sus competidores por prestar servicios equivalentes.
Tras estudiar la situación descrita, la autoridad portuguesa decidió archivar la denuncia y no imponer sanción alguna, pues consideró que la diferencia tarifaria tenía como fundamento la estructura de costes, ingresos y rentabilidad del servicio de transmisión de señales de televisión proporcionado por MEO y que aquella no afectaba a la posición competitiva de la empresa y, por tanto, no podía falsear la competencia. Señala además la autoridad que la existencia de una práctica discriminatoria por parte de una empresa con posición de dominio no implica que automáticamente exista un ilícito concurrencial.
Esta decisión fue recurrida por MEO ante el Tribunal da Concorrência, Regulaçao e Superviçao alegando que la autoridad de competencia había analizado si la distorsión de la competencia causada era significativa, y no si el comportamiento era apto para falsear la competencia. Ante esta petición, el Tribunal decide remitir ocho cuestiones prejudiciales al TJ, no sin antes indicarle al órgano europeo que GDA ostenta una posición de dominio en su mercado, pero que los proveedores de transmisión de señal de televisión de pago disponen de un margen de negociación considerable con la entidad de gestión.
Pronunciamientos
El tribunal remitente plantea un total de ocho preguntas, aunque todas ellas se centran en saber si para determinar la existencia de desventaja competitiva exigida por el artículo 102 del TFUE para que la discriminación tarifaria se considere un abuso de posición dominante, debe tomarse en consideración la gravedad de sus efectos.
El artículo indica que las condiciones desiguales aplicadas deben causar una desventaja competitiva, pudiendo afectar al comercio entre los Estados miembros. El tribunal considera que la finalidad del artículo es evitar que las empresas sufran desventajas o gocen de preferencias en la competencia entre ellas, independientemente de que el comportamiento enjuiciado modifique la posición competitiva de la empresa dominante; por tanto, para que exista el abuso no solamente debe haber discriminación, sino que debe probarse que ésta pretenda falsear la competencia en un mercado.
Aclara el Tribunal que la mera existencia de condiciones desiguales no significa que la competencia haya sido falseada ni que pueda serlo; esta calificación deberá venir precedida de un examen de todas las circunstancias relevantes, entre las que el TJ enumera (i) la posición dominante de la empresa, (ii) la capacidad de negociación sobre las tarifas, (iii) las condiciones y modalidades de aplicación de las tarifas, (iv) su importe y (v) la existencia de una estrategia para expulsar a algún competidor del mercado.
Centrándose en los hechos presentados, el Tribunal considera que (i) MEO dispone de cierta capacidad de negociación con GDA, (ii) que el importe de las tarifas era reducido en comparación con los costes soportados por MEO para prestar sus servicios, no afectando a sus ingresos de forma relevante; y (iii) que no parece factible que GDA tenga interés alguno en expulsar a MEO del mercado.
Por último, y siguiendo la opinión del Abogado General, el TJ considera que, aunque no procede fijar un umbral mínimo para apreciar el abuso de posición dominante, sí puede afirmarse que un operador no puede ver afectada su posición competitiva en el mercado por una discriminación cuyo impacto es indudablemente no significativo.
Sin perjuicio de todo lo anterior, deja en manos del tribunal remitente la decisión sobre la existencia de la desventaja competitiva en este asunto.
Por todo ello, el Tribunal concluye que puede apreciarse una desventaja competitiva en el caso de que la discriminación provoque una distorsión de la competencia, la cual solamente puede determinarse analizando todas las circunstancias pertinentes del caso y concluyendo que la discriminación ha afectado a los costes, beneficios u “otro interés pertinente” de los afectados.
Comentario
Siguiendo con sus pronunciamientos recientes en la materia (caso Intel, C-413/14 P), el TJ centra los criterios de aplicación del ilícito competencial en los efectos del mismo, haciendo depender la aplicación del artículo 102, en cierto modo, en la gravedad de las consecuencias en el mercado de una conducta en principio anticompetitiva, dejando a un lado la concepción de infracción por objeto.
Teniendo en cuenta que las decisiones del TJ de los últimos años han seguido esta línea, la decisión no marca un punto de inflexión en su doctrina; no obstante, sí confirma la doctrina reciente de análisis basado en los efectos.
Además, supone un refuerzo a la posición de las entidades de gestión en Europa y a sus métodos de fijación, negociación y cobro de tarifas, pues han recibido múltiples decisiones contrarias a sus intereses desde el TJ en los últimos años
Autor: Martín Bello. Anuario Elzaburu, Edición 2018 (recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
Texto de la sentencia proveniente de la base de datos El Derecho Internet Mementos. Más información y posibilidad de probar gratuitamente el producto en https://www.efl.es/catalogo/bases-de-datos-juridicas-de-el-derecho
Setting of discriminatory tariffs by rights management entities not considered a breach of competition rules. Judgment of the Court of Justice of 19 April 2018, GDA (C-525/16).
- Background. The CJ’s judgment concerns proceedings involving the telecommunications operator MEO and the Portuguese competition authority. The conflict stems from the complaint lodged by MEO with the competition authority for alleged price discrimination by the rights management entity GDA. MEO claimed that there had been an abuse of a dominant position by GDA pursuant to Article 102 TFEU, since it had charged MEO higher tariffs than its competitors for equivalent services.
Having studied the situation described above, the Portuguese authority decided not to take any further action on the complaint and not to impose any sanction, as it considered that the tariff differentiation was based on the costs, income and profitability structures of the television signal transmission service provided by MEO and that it had no restrictive effect on the company’s competitive position and, thus, was not capable of distorting competition. Moreover, the competition authority indicated that the existence of discriminatory conduct on the part of an undertaking in a dominant position does not automatically imply that there has been a breach of competition rules.
This decision was appealed by MEO before the Tribunal da Concorrência, Regulaçao e Superviçao (Portugal’s Competition, Regulation and Supervision Court), arguing that the competition authority had analysed whether the distortion of competition caused was significant, and not whether the conduct was capable of distorting competition. In light of this petition, the Court decided to refer eight questions to the CJ for a preliminary ruling, although it did specify to the CJ that GDA does have a dominant position in the market but that the operators providing paid television signal transmission services also have a considerable margin for negotiation vis-à-vis the rights management entity.
- 2. The referring Court raises a total of eight questions, although all of them centre on whether, to establish the existence of a competitive disadvantage, as required under Article 102 TFEU, for the price discrimination to be considered to constitute an abuse of a dominant position, the seriousness of its effects should be taken into account.
The article stipulates that the dissimilar conditions applied must cause a competitive disadvantage and potentially affect trade between Member States. The Court considers that the article is intended to ensure that companies are not favoured or disfavoured in competition, irrespective of whether the conduct in question affects the competitive position of the dominant undertaking. Therefore, for there to be an abuse, not only must there be discrimination, it must also be proven that it tends to lead to a distortion of competition in a market.
The Court clarifies that the mere existence of dissimilar conditions does not mean that competition has been distorted or is capable of being distorted; such a conclusion must be preceded by an examination of all the relevant circumstances, including, as listed by the CJ: (i) the undertaking’s dominant position, (ii) the negotiating power with regard to tariffs, (iii) the conditions and arrangements for application of the tariffs, (iv) their amount and (v) the existence of a strategy aimed at excluding a competitor from the market.
Focusing on the facts submitted, the Court finds that (i) MEO has a certain negotiating power vis-à-vis GDA, (ii), that the amount of the tariffs was low in comparison with the costs borne by MEO in providing its services, and therefore did not significantly affects its profits; and (iii) that it does not seem feasible that GDA has any interest in excluding MEO from the market.
Finally, and in line with the opinion expressed by the Advocate General, the CJ finds that while it is not appropriate to set a minimum threshold for the purpose of determining whether there has been an abuse of a dominant position, it may be asserted that an operator’s competitive position in the market cannot be affected by discrimination when its impact is not significant.
Notwithstanding the above, it leaves the decision as to the existence of a competitive disadvantage in this matter in the hands of the referring court.
Therefore, the Court concludes that a competitive disadvantage may be perceived in the event that the discrimination gives rise to a distortion of competition, which may only be determined by analyzing all of the relevant circumstances in the case and reaching the conclusion that the discrimination has an effect on the costs, profits or “other relevant interest” of the affected parties.
- 3. Following on from its recent findings in this area (Intel case, C-413/14 P), the CJ focuses the criteria for determining a potential breach of competition rules on the effects of the same, making the application of Article 102 dependent, to some degree, on the seriousness of the consequences in the market of conduct which is, in principle, anti-competitive, leaving to one side the concept of by object infringement.
Bearing in mind that the CJ’s decisions over the past few years have followed this same line, the decision does not represent a turning point in the Court’s doctrine. Nevertheless, it does confirm the recent doctrine of analysis based on effects.
Moreover, it strengthens the position of rights management entities in Europe and their methods for setting, negotiating and charging tariffs, as they have seen several decisions from the CJ in recent years that have been adverse to their interests.
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