En concreto, la Inspección ha llevado a cabo un total de 30 actuaciones durante el año pasado y este año por las que se solicitan más de 16,2 millones de euros a la compañía por las cotizaciones impagas de estos trabajadores considerados falsos autónomos.
Las actuaciones responden por un lado a denuncias de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CNT, CUT, Corriente Sindical d'Izquierda de Uvieu y SAT) y por otro a actuaciones de oficio de la propia Inspección, según adelantaba 'elDiario.es'.
Sobre las denuncias de los sindicatos, se llevaron a cabo en un primer momento siete actuaciones, que consiguieron el alta de 4.275 'riders' y por las que se le pidió a la empresa algo más de 8,2 millones de euros.
Posteriormente, también por denuncias de los representantes de los trabajadores, se realizaron 15 órdenes de servicio, por las que se dio de alta en la Seguridad Social a 4.976 trabajadores y se le exigió a Glovo más de 5,7 millones de euros.
Mediante las investigaciones de oficio de la Inspección de Trabajo se realizaron 8 actuaciones más, con las que se consiguieron el alta de 1.762 trabajadores y por las que se le solicitó a la compañía casi 2,22 millones de euros.
Esta campaña es de las más grandes que ha hecho la Inspección de Trabajo en este tipo de plataformas, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las acutaciones.
Las inspecciones realizadas entre 2019 y 2020 se han llevado a cabo en diferentes provincias de la geografía nacional, como en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria y Badajoz.
Diálogo social
Precisamente este miércoles Gobierno, sindicatos y empresarios han acordado en la mesa del diálogo social para abordar la conocida como ley de 'riders' que la normativa no se centre solo en este colectivo de trabajadores, sino que abarque a todos los falsos autónomos.
El departamento de Díaz quiere asegurar para estos trabajadores la garantía de un salario cuyo sueldo viene determinado por una norma legal, un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables o el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas, entre otras.
