El abono de los 4,66 millones corresponde a las cuotas pendientes del primer y segundo trimestre de 2013, de los cuales 989.275 euros se han destinado al pago de los procuradores y 3.674.115 euros al de los letrados, y se refieren a los servicios prestados y certificados por los respectivos colegios profesionales, ha informado la Junta en un comunicado de prensa.
De esta forma, la Administración andaluza da cumplimiento al acuerdo alcanzado con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para avanzar en el abono de este servicio fundamental para la ciudadanía y garantizar así su prestación en la compleja coyuntura económica y presupuestaria actual, tal como viene realizando desde que comenzó la legislatura.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y los responsables de los colegios de abogados andaluces acordaron en noviembre un nuevo plazo de pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de liquidar todos los servicios prestados y certificados de 2013 realizados por estos profesionales.
En virtud de ese acuerdo, la Consejería de Justicia e Interior sigue abonando mensualmente diversas cuantías de este servicio y se compromete a sufragar en los próximos tres meses los citados servicios prestados que quedan pendientes del año pasado.
Con este nuevo pago que acaba de realizar la Junta, el importe abonado en el último año alcanza los 40 millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y sus plazos de abono.
La Consejería de Justicia e Interior insiste en destacar el "gran esfuerzo" que realizan los más de 8.000 letrados y procuradores andaluces en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, y resalta su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio esencial para garantizar el principio de igualdad de la ciudadanía ante la Justicia.
El respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita es una "prioridad" del Gobierno andaluz y forma parte de las políticas sociales y de igualdad que viene defendiendo "frente a los recortes y la austeridad impuestos por la crisis", todo ello con el objetivo de garantizar este servicio de representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales.
