Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acuerda la medida cautelar y "reducir en un 50% la renta que venía abonando, de forma que abonarán a los arrendadores el 50% de la renta tomando como referencia para el cálculo de dichas cantidades la renta de la última factura antes de la pandemia, esto es, febrero de 2020".
La solicitud de suspensión se produjo como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, lo que "se trata de un hecho imprevisible, que genera una alteración sustancial de las circunstancias existentes en el momento de la celebración del contrato y que causa una desproporción exorbitante entre las recíprocas prestaciones de las partes".
El juez establece que la medida de suspensión tenga efectos desde que esté permitida la reapertura. "Mientras no esté permitida la reapertura, se acuerda la suspensión del pago de la renta, de manera que se sigan abonando las cantidades complementarias que han venido abonándose durante la moratoria de pago aprobada por Real Decreto-ley 15/2020, recoge.
La decisión judicial sienta precedente para todos aquellos comercios que han visto interrumpida su actividad durante los meses del confinamiento y han visto reducido su aforo en los meses posteriores, no pudiendo hacer frente al coste de alquiler de esos locales.
El presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de Madrid, Tito Pajares, ha subrayado que el fallo judicial sienta un precedente histórico "no sólo para los alquileres de las salas de concierto, discotecas, restaurantes y hostelería en general, sino también para todo el comercio y para cualquier actividad que requiera un establecimiento en contrato de alquiler y haya tenido que cerrar durante la pandemia".
"Los propietarios de discotecas, salas de fiestas y espectáculos representamos uno de los sectores más castigados económicamente por la pandemia, ya que muchos no hemos podido abrir al público desde el pasado mes de marzo", ha destacado.
