La abogacía madrileña afrontó en 2025 uno de los ejercicios más exigentes y transformadores de los últimos años. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y los profundos cambios que introdujo en el funcionamiento de la Justicia, junto con el avance de la digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial en tareas hasta hace poco reservadas exclusivamente a los profesionales del Derecho, modificaron de forma significativa el entorno en el que se ejerce la profesión. En ese escenario de cambio, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid reforzó su actividad para acompañar a los colegiados, modernizar la institución y, sobre todo, defender las garantías del ejercicio profesional.
Así lo refleja la Memoria Anual 2025, que recoge el balance de un ejercicio marcado por nuevos proyectos estratégicos, más servicios para la profesión y una intensa actividad institucional en defensa del derecho de defensa y del Estado de derecho. Ese esfuerzo se ha visto reflejado en los principales indicadores de actividad del Colegio. Durante 2025, las solicitudes de amparo colegial crecieron un 94%, hasta alcanzar las 103; el Centro de Estudios acogió a más de 37.000 alumnos, el 78% de los cuales en cursos de formación gratuita del Turno de Oficio; las Secciones alcanzaron los 14.839 inscritos y el programa de ayudas de la Fundación ICAM gestionó 2.329 solicitudes por un importe superior a 1,15 millones de euros. En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, desde el Turno de Oficio se gestionaron más de 163.000 designaciones de profesionales y se realizaron más de 120.000 asistencias letradas en funciones de guardia.
La memoria, publicada el miércoles 10 de junio en vísperas de la próximo Junta General de la corporación, sitúa buena parte de esos avances en una estrategia orientada a reforzar el papel del Colegio como herramienta de servicio para la profesión. Bajo esa premisa, 2025 fue también el año en que se consolidaron algunas de las principales iniciativas impulsadas por la actual Junta de Gobierno.
“Esta Memoria refleja el compromiso de la Junta de Gobierno con una abogacía más fuerte, más protegida y mejor preparada. Hemos reforzado el papel del ICAM como defensor de la profesión, impulsando iniciativas para mejorar las condiciones de ejercicio, promoviendo reformas normativas en favor de la abogacía -como el registro de incapacidades laborales o por la transparencia en los honorarios profesionales- y garantizando la protección efectiva del derecho de defensa ante la Justicia digital o en materia de secreto profesional”, destaca el decano del ICAM, Eugenio Ribón.
Secreto profesional y defensa de la profesión
La defensa de la profesión ha sido uno de los ejes vertebradores de la actividad colegial, con una intensa actividad institucional para reforzar la protección de las garantías que permiten a la abogacía ejercer su función con independencia y libertad.
En este ámbito, destaca la denuncia ante los tribunales de la difusión de conversaciones confidenciales entre abogado y fiscal, que derivó en la condena por parte del Tribunal Supremo al ex-Fiscal General del Estado.
Todo este esfuerzo se ha complementado con el impulso de diversas iniciativas antes instancias nacionales y europeas para reforzar la protección de esta garantía esencial del derecho de defensa y promover su reconocimiento efectivo en ámbitos como la abogacía de empresa, donde su alcance sigue siendo objeto de debate en distintos foros regulatorios.
Igualmente, el crecimiento de las solicitudes de amparo, que pasaron de 56 a 103 en un solo año, refleja la importancia creciente de esta herramienta como mecanismo institucional de protección de los abogados cuando consideran afectado su ejercicio profesional.
Durante el ejercicio, el Colegio mantuvo asimismo una intensa actividad en defensa de los mutualistas alternativos, una de las principales preocupaciones de una parte significativa de la profesión y que dio lugar a diversas iniciativas institucionales dirigidas a impulsar una solución justa para los profesionales afectados.
La respuesta del ICAM
Si hubo un asunto que marcó la agenda jurídica de 2025 fue la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y la puesta en marcha del nuevo modelo de eficiencia judicial. La implantación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), la extensión del expediente judicial electrónico y la aceleración de los procesos de digitalización modificaron de forma significativa la práctica diaria de miles de profesionales.
Ante este escenario, el ICAM desplegó una intensa actividad de acompañamiento a la profesión y, sobre todo, de defensa del ejercicio profesional y del acceso a la Justicia. El Colegio impulsó acciones formativas específicas, elaboró materiales prácticos y trasladó propuestas a las distintas administraciones con el objetivo de facilitar la adaptación de los abogados al nuevo marco normativo y garantizar que la modernización tecnológica de la Justicia se desarrollara con pleno respeto al derecho de defensa.
Un Colegio al servicio de los colegiados y colegiadas
El retorno a los colegiados ha sido uno de los pilares de la gestión de la Junta de Gobierno. Así, se puso en marcha el Plan Cuota Cero, una de las iniciativas más relevantes del actual mandato, concebida para transformar la cuota colegial en una herramienta de retorno directo para los profesionales mediante el acceso sin coste adicional a una parte sustancial de la oferta formativa del Colegio. La innovación tecnológica tuvo también un reflejo destacado en la publicación de la primera Guía sobre Inteligencia Artificial para la Abogacía elaborada por un colegio profesional en España. El documento, que superó las 6.500 descargas y más de 10.600 visitas a su portal especializado, ofrece criterios prácticos para incorporar estas herramientas al trabajo diario sin comprometer principios esenciales de la profesión como la confidencialidad, el secreto profesional o la independencia del abogado.
La transformación alcanzó asimismo a la Biblioteca colegial, que incorporó nuevas herramientas de inteligencia artificial jurídica, amplió sus recursos digitales y registró un incremento del 84% en los préstamos electrónicos.
El ICAM ha buscado ser un colegio para toda la abogacía madrileña, con especial foco en el Turno de Oficio (mediante la mejora sostenida de los baremos, un seguro exclusivo de accidentes o la nueva sala infantil en los Juzgados de Familia); la abogacía joven (con el lanzamiento de la revista Futuro Legal o el I Festival de Emprendimiento); la abogacía in-house (realizándose la primera Encuesta de la Abogacía de los Negocios); la abogacía de los negocios con el proyecto ICAM Avanza o Bienestar Despachos); o los abogados sénior o en situación vulnerable, entregando un récord de ayudas de la Fundación ICAM Cortina, o la consolidación de los programas Bienestar ICAM registrando la línea telefónica gratuita de salud mental un 132% más de llamadas que el año anterior
Estado de derecho y proyección institucional
Más allá de los servicios colegiales, 2025 fue también un año de intensa actividad institucional. El ICAM mantuvo una presencia activa en cuestiones vinculadas al derecho de defensa, la independencia profesional y la calidad institucional.
La preocupación por la situación del Estado de derecho ocupó un lugar destacado en esta agenda, con iniciativas como la ‘Cumbre Internacional ICAM 2025: Iberoamérica’, que reunió en Madrid a representantes de la abogacía, la judicatura, la academia y las instituciones para analizar los desafíos que afrontan las democracias constitucionales y el papel de los operadores jurídicos en la protección de los derechos fundamentales.
Esta línea de reflexión tuvo continuidad en la publicación de un número especial de la revista Otrosí dedicado a las grietas en el Estado de derecho, con un informe global de la situación a nivel mundial.
Igualdad
La actividad desarrollada en materia de igualdad y diversidad tuvo también un papel relevante durante el ejercicio. La celebración de la XII Cumbre de Mujeres Juristas dedicada a la Inteligencia Artificial y las distintas iniciativas impulsadas para promover una profesión más inclusiva y representativa forman parte de una estrategia que busca reforzar la igualdad de oportunidades y el liderazgo de las profesionales dentro del sector jurídico.
“Las mujeres juristas son clave en este contexto tecnológico disruptivo. El papel de la abogacía es el de garante para preservar el triángulo entre igualdad, IA y Estado de Derecho. Si se automatiza la desigualdad se erosiona la confianza en las instituciones y si no hay confianza, la calidad democrática se resiente”, concluye la Vicedecana del ICAM, y responsable de las iniciativas de Igualdad del Colegio, Isabel Winkels.
