"Las normas actuales, que datan de la década de 1920, ya no son suficientes para garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales en un mundo cada vez más globalizado", reconocen los autores de la propuesta, que sostiene que en la era digital la asignación de derechos fiscales "ya no puede circunscribirse exclusivamente en función de la presencia física".
La propuesta de la organización pretende abordar los retos planteados por la digitalización de la economía y garantizar nuevos derechos impositivos a países donde los usuarios tienen acceso a modelos de negocio altamente digitalizados, señala el documento.
En este sentido, el texto reconoce que actualmente una empresa no residente está sujeta a impuestos sobre sus ganancias comerciales solo si tiene un establecimiento permanente en una jurisdicción, lo que significa tener alguna forma de presencia física.
Sin embargo, los autores de la propuesta afirman que la digitalización ha distorsionado la aplicabilidad de esta regla, ya que las empresas pueden hacer cada vez más negocios con clientes en una jurisdicción sin tener presencia física allí.
"Las empresas pagarán su parte justa allí donde tengan actividades y donde obtengan beneficios. Los países que actualmente no pueden gravar a los gigantes digitales podrán hacerlo", subraya la OCDE.
Asimismo, la propuesta planteada por la organización internacional contempla que los gobiernos nacionales y las multinacionales afectadas tengan acceso a mecanismos legales de prevención y resolución de conflictos "legalmente vinculantes y efectivos".
La OCDE, que asumió la tarea de reformar la fiscalidad internacional a petición del G20, someterá a consulta pública su propuesta durante el próximo mes de noviembre con vistas a alcanzar un acuerdo al respecto en enero de 2020.
"Este plan reúne elementos comunes de las propuestas existentes, que involucran a más de 130 países, con aportaciones de gobiernos, empresas y la sociedad civil y nos acerca al objetivo final de garantizar que todas las multinacionales paguen su parte justa", ha indicado el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, durante la presentación de la propuesta en París.
En este sentido, el mexicano ha advertido de que si no se llega a un acuerdo al respecto en 2020, "aumentaría en gran medida el riesgo de que los países actúen unilateralmente", con consecuencias negativas para la economía global. "No debemos permitir que eso suceda", ha apostillado.
