La prescripción y las acciones de responsabilidad contra administradores sociales

Planteamiento

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por ...

Planteamiento

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo -EDL 2014/202806 (la “Ley 31/2014”) ha introducido una nueva regla relativa al plazo de ejercicio de las acciones de responsabilidad de administradores de sociedades de capital.

El artículo 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805 (“LSC”) dispone que “la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse”. Frente a ello está el artículo 949 del Código de Comercio -EDL 1885/1 (“CCom”), según el cual, “la acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades terminará a los cuatro años, a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración”. La diferencia está clara: ha cambiado el dies a quo para el cómputo del plazo, pasando de ser el momento del cese (artículo 949 CCom) a serlo el día en que la acción pudo ejercitarse (artículo 241 bis LSC), lo que no es sino incorporación al ordenamiento societario de la regla general del artículo 1969 del Código Civil (“CC”).

Breve referencia a los antecedentes del problema

Durante un tiempo, el plazo de ejercicio de las acciones de responsabilidad de administradores estuvo sujeto a discusión. Se cuestionaba, de un lado, si era un plazo de caducidad o de prescripción. También, de otro, si el plazo aplicable era el de la norma citada, el de un año del artículo 1968.2º CC o el de 15 años del artículo 1964 CC. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2001 -EDJ 2001/16190 solucionó las discrepancias existentes y estableció que las acciones de responsabilidad de administradores de sociedades mercantiles estaban sometidas a un plazo único de prescripción: el fijado en el artículo 949 Ccom -EDL 1885/1-. También se estableció como criterio pacífico que el plazo de prescripción del artículo 949 CCom era aplicable no sólo a las acciones social e individual de responsabilidad, sino también a la acción de responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 LSC -EDL 2010/112805 (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2009).

La prescripción de las acciones de responsabilidad de administradores no dejaba, no obstante, de plantear problemas prácticos. Buena parte de ellos hacían referencia a la determinación del dies a quo o día inicial de cómputo del plazo y a las consecuencias prácticas que tenía la regla del artículo 949 Ccom -EDL 1885/1-, que, con independencia del momento de producción del hecho dañoso y/o de la manifestación de los daños, fijaba el día inicial de cómputo del plazo en el del cese del concreto administrador.

Uno de ellos era el de determinación, con la certeza necesaria, del momento del cese del administrador. La multitud de situaciones que en este punto se podían producir en la práctica generaba elevadas dosis de inseguridad jurídica que la jurisprudencia había ido solucionando. Pero no era el único problema. Se planteaba también qué ocurría si el daño se manifestaba o concretaba en una fecha posterior al cese. Si el daño se produjo antes, no había discusión: el dies a quo era el del cese del concreto administrador, lo que, a su vez, podía dar lugar a situaciones difíciles de comprender, en el caso de que hubiesen pasado más de cuatro años desde el cese de uno o varios de los administradores autores del hecho lesivo y no respecto de los demás que permanecieron más tiempo en el cargo. Otro problema era el de los casos en que el daño se manfiestase, concretase o exteriorizase en un momento posterior al cese. La doctrina mayoritaria y hasta la jurisprudencia entendía que parecía razonable establecer ese momento posterior como fecha de comienzo del cómputo del plazo de prescripción. Cualquier otra solución equivaldría, de hecho, a una reducción de ese plazo, durante todo el tiempo que transcurriese desde el cese del administrador hasta la producción, exteriorización o concreción del daño. Podría incluso determinar la imposibilidad de ejercicio de la acción si ese hito tuviese lugar transcurridos más de cuatro años desde el cese del administrador. De ahí que ese planteamiento, como se ha dicho, tuviese un amplio respaldo doctrinal y fuese reconocido, si bien no con carácter unánime, por la práctica judicial, de la que son muestra la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2008 -EDJ 2008/217169-, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 19 de noviembre de 1998, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 11 de junio de 2008 o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares de 11 de noviembre de 2013. Como explicaba la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 11 de junio de 2008, “la acción ahora hecha valer lo es de responsabilidad por daño y no por deudas sociales y por ello el artículo 949 del C. Comercio -EDL 1885/1-, que nada excluye sobre el particular, no impide que el plazo cuya fecha de inicio de cómputo establece dicho precepto en el día del cese del administrador, no pueda empezar a computarse sino después, si a aquella fecha no existía todavía un daño o un conocimiento del mismo por aquél a cuyo favor nace la acción precisamente del daño mismo”.

El nuevo artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 y la acción de responsabilidad por deudas sociales: Lo que parece, pero no es

En esta situación, el artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 deja de lado la regla del artículo 949 CCom -EDL 1885/1 e incorpora el principio general en materia de prescripción de acciones en cuanto se refiere a la determinación del día inicial de cómputo del plazo: se pasa del día del cese al día en que la acción pudo ejercitarse, con independencia del cese.

¿Puede, así, considerarse zanjado el problema y que finalmente se ha establecido una solución definitiva que en este punto dota del necesario elemento de seguridad jurídica a las acciones de responsabilidad de administradores? Desgraciadamente, no. La regla del artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 tiene a la doctrina dividida. Hay quienes entienden que ese precepto sólo es aplicable a las acciones social e individual, pero no a la acción de responsabilidad por deudas sociales. Otros, en cambio, sostienen que se trata de un plazo común aplicable a todas las acciones de responsabilidad reguladas en la LSC, incluida la de responsabilidad por deudas sociales. Todavía no hay, además, precedentes judiciales.
Lo cierto es que no faltan argumentos interpretativos de peso, tomados directamente de las reglas del artículo 3.1 del Código Civil -EDL 1889/1-, para quienes propugnan la primera solución. Por ahí vamos a empezar.

El primer argumento es el literal. El artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 alude exclusivamente a la acción social y a la acción individual de responsabilidad, no a la acción de responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 LSC, lo que se ha dicho que es evidencia de que ésta queda excluida de esa regla. El argumento se refuerza con el criterio de interpretación sistemática. El artículo 241 bis LSC está situado en el Capítulo V (“La responsabilidad de los administradores”) del Título VI (“La administración de la sociedad”) de la LSC; mientras que el artículo 367 LSC se inserta en el Capítulo I (“La disolución”), Sección 2ª (“Disolución por constatación de causal legal o estatutaria”) del Título X (“Disolución y liquidación”). Se ha entendido, así, que la ubicación sistemática del artículo 241 bis LSC no es casual y responde al propósito del legislador de limitar la regla sobre prescripción en él contenida a la acción social y a la acción individual, con exclusión de la acción de responsabilidad por deudas sociales, regulada en otro lugar dentro de la propia Ley. Y a todo ello se añaden dos factores interpretativos adicionales: la diferencia de naturaleza entre las acciones social e individual (típicas acciones de daños) y la acción de responsabilidad por deudas sociales (acción de responsabilidad legal por deuda ajena con presupuestos propios, de naturaleza cuasi-objetiva) y el hecho de que el artículo 949 CCom -EDL 1885/1 no haya sido derogado por el art. 949 CCom. Con todos estos elementos, entienden que el artículo 241 bis LSC no es de aplicación a la acción de responsabilidad por deudas sociales autores como CARRASCO PERERA, ÁNGEL, “El nuevo régimen legal de prescripción de las acciones de responsabilidad contra los administradores sociales”, en Análisis GA&P, de 18 de marzo de 2015, DE LAS HERAS GARCÍA, Mª DOLORES, “Responsabilidad de los Administradores Sociales”, en el Curso La reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena, 16 de abril de 2015, o PÉREZ BENÍTEZ, JACINTO JOSÉ, “El administrador societario: Una profesión de riesgo. La responsabilidad del administrador tras la Ley 31/2014, de 3 de diciembre”, en Revista de Derecho Mercantil, El Derecho, nº 30, mayo de 2015.

Siendo ello así y según esa tesis, la acción individual y la acción social prescriben a los cuatro años contados desde el día en que hubieran podido ejercitarse (artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805-), mientras que la acción de responsabilidad por deudas prescribe a los cuatro años desde el cese del administrador (artículo 949 Ccom -EDL 1885/1-).

No parece, en cambio, que desde esta tesis quepa reabrir la antigua discusión sobre si a la acción de responsabilidad por deudas sociales resulta de aplicación el plazo de prescripción propio de la deuda de la sociedad objeto de reclamación o el del artículo 949 Ccom -EDL 1885/1-. Si mantenemos que el artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 no es de aplicación a la acción de responsabilidad del artículo 367 LSC, habrá que entender que sigue sujeta al plazo del artículo 949 CCom, como se ha encargado de establecer la jurisprudencia de forma pacífica.

El nuevo artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 y la acción de responsabilidad por deudas sociales: lo que creemos que es
Como se ha dicho, la tesis que propugna la inaplicabilidad del artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 a la acción de responsabilidad por deudas sociales cuenta a su favor con argumentos de peso. Con todo, sin embargo, se considera que tiene fundamento la postura favorable a la aplicabilidad de esa norma, también, a la acción del artículo 367 LSC.
El punto de partida de esa postura puede situarse en la determinación de la finalidad de la modificación legislativa producida por la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-. No conviene olvidar, en este sentido, la relevancia que nuestro Código Civil -EDL 1889/1 (artículo 3) otorga al “espíritu y finalidad” como criterio interpretador de las normas.

Lo cierto, sin embargo, es que la labor se antoja difícil. Ni la exposición de motivos ni los trabajos parlamentarios hacen referencia a esta cuestión. Pero sí arroja luz la atención, como antecedente histórico, al Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, cuyo artículo 215-20 es idéntico al artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805-: “la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse”.

El Anteproyecto de Ley de Código Mercantil contenía además una regla específica para la acción de responsabilidad por deudas sociales. Su artículo 272-12 establecía que “la acción de reclamación contra los administradores prescribirá a los dos años desde el día en que pudiera ejercitarse”. La diferencia era de plazo (dos años frente a cuatro), pero el criterio sobre el dies a quo era el mismo. El cambio de criterio –del momento del cese en el cargo al de la actio nata contenida en nuestro Código Civil– era una modificación uniforme para todas las acciones, justificada por razones de seguridad jurídica expresadas en la exposición de motivos. No existía en el Anteproyecto del Código Mercantil un sistema dual en cuanto al método para el cómputo del plazo de prescripción.

La Ley 31/2014 -EDL 2014/202806 no ha incorporado a la regulación de la acción de responsabilidad por deudas sociales el artículo 272-12 del Anteproyecto de Ley de Código Mercantil. Pero ello no es indicio de que esa acción se haya querido mantener sometida al plazo del artículo 949 Ccom -EDL 1885/1-. Más bien al contrario. Parece evidencia de que se ha perseguido mantener la unidad de trato de todas las acciones de responsabilidad de administradores respecto del plazo de prescripción  y su cómputo. De lo que se ha prescindido es de la idea inicial de establecer un plazo más corto para la acción del artículo 367 LSC -EDL 2010/112805-, solución que había sido objeto de críticas. Sin ir más lejos, el Consejo General del Poder Judicial (“CGPJ”) manifestó, respecto de la responsabilidad por deudas sociales, que “no se aprecia[ba] la razón por la que se concede un plazo de prescripción distinto al de las acciones social e individual, de cuatro años” (pág. 28 del Informe del CGPJ al Anteproyecto de Ley de Código Mercantil). En cambio, el CGPJ consideró “conforme a la seguridad jurídica que el cómputo de este plazo comience desde el momento en que pudo ejercitarse la acción, y se abandone el criterio actual del cese del administrador, que dilataba en exceso el plazo de prescripción, en perjuicio de la seguridad jurídica, y, además, se complicaba, con frecuencia, con la controversia sobre la caducidad del cargo”.

Así las cosas, bien puede concluirse que la finalidad de la modificación introducida por el artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805-, en el punto aquí discutido, no puede ser otra que establecer un plazo único de prescripción de las acciones de responsabilidad de las sociedades de capital que incorpore de manera definitiva y sin fisuras, para la responsabilidad de los administradores, la regla general del artículo 1969 del Código Civil -EDL 1889/1-. Esa finalidad, sin embargo, se rompería si se mantiene que el legislador ha querido excluir de esa regla la acción del artículo 367 LSC. Cierto es que la responsabilidad por deudas tiene una naturaleza propia y específica, alejada del esquema tradicional de la responsabilidad por daños al que responden las acciones social e individual de los artículos 238 y 241 LSC. Pero no es menos cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en una doctrina constante, estableció un principio de unidad de tratamiento de las distintas acciones de responsabilidad de administradores a los efectos de determinación del plazo de ejercicio de esas acciones. Y, además, no se alcanzan a adivinar las razones por las que el legislador podría haber decidido excluir la responsabilidad por deudas sociales de la regla de prescripción del artículo 241 bis LSC. La diferente naturaleza de esa responsabilidad no parece, por sí sola, motivo suficiente para esa eventual decisión. Frente a ello, no se ocultan los efectos distorsionadores que tendría la existencia de un doble régimen legal de determinación del dies a quo del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad de administradores.

Desde esta perspectiva, la propia aplicación de los criterios de interpretación del artículo 3.1 del Código Civil -EDL 1889/1 igualmente permite sostener la aplicabilidad del artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 a la acción de responsabilidad por deudas sociales. El artículo 241 bis LSC, ciertamente, sólo se refiere expresamente a la acción social y a la individual. Pero no excluye la acción de responsabilidad por deudas sociales. De hecho, se rubrica como “prescripción de las acciones de responsabilidad”, enunciado de carácter genérico que puede también integrar la acción del artículo 367 LSC. En cuanto a la ubicación sistemática, puede igualmente entenderse razonable que la regla de prescripción se coloque en el lugar destinado a la regulación, con carácter general, de la responsabilidad de los administradores, sin que ello signifique que, por ese solo motivo, no se aplica a la acción del artículo 367 LSC, que no necesita contener una previsión específica sobre el plazo de prescripción, en cuanto éste ya viene establecido en el artículo 241 bis LSC. De hecho, si se entendiese que por su situación sistemática el artículo 241 bis LSC no se aplica a la responsabilidad por deudas sociales, bien podría argumentarse que esa responsabilidad no sería exigible a los administradores de hecho, en la medida en que la regla según la cual “la responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho” (artículo 236.3 LSC) tiene la misma ubicación que el artículo 241 bis LSC y no existe una regla igual en la regulación de la responsabilidad por deudas sociales. Por su parte, la no derogación –al menos expresa– del artículo 949 del CCom -EDL 1885/1 puede justificarse en que este precepto continúa siendo aplicable a la responsabilidad de los administradores de las sociedades personalistas, que son las que precisamente recoge dicho cuerpo legal (artículos 116 y ss.).

En definitiva, como entiende CABANAS TREJO, ROBERTO, “Sobre el nuevo sistema de cómputo de las acciones de responsabilidad contra los administradores”, en Diario La Ley, nº 8513, Sección Tribuna, 7 de abril de 2015, “ninguna razón hay para romper la unidad de plazo hasta ahora aplicada por la jurisprudencia, sustrayéndola a la regla de cómputo del art. 241 bis LSC”. De la misma opinión es MASSAGUER FUENTES, JOSÉ, “Art. 241 bis”, en Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014, JUSTE MENCÍA, JAVIER (coord.), Madrid, 2015, p. 482.

El artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 y la responsabilidad de los liquidadores

Las dificultades analizadas no parecen darse, sin embargo, si se analiza la posible aplicabilidad del artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 a la responsabilidad de los liquidadores. La regulación se encuentra en el Capítulo II (“La liquidación”) del Título X (“Disolución y liquidación”) y contiene dos preceptos que resultan de interés. Por un lado, el artículo 375.2 LSC, integrado en la Sección 2ª (“Los liquidadores”), contiene una remisión general al régimen legal de los administradores: “serán de aplicación a los liquidadores las normas establecidas para los administradores que no se opongan a lo dispuesto en este capítulo”. Por otro lado, existe una referencia expresa a la responsabilidad de los liquidadores en el artículo 397 LSC (“exigencia de responsabilidad a los liquidadores tras la cancelación de la sociedad”), según el cual “los liquidadores serán responsables ante los socios y los acreedores de cualquier perjuicio que les hubieren causado con dolo o culpa en el desempeño de su cargo”. Esta norma se inserta en la Sección 5ª, relativa a la “extinción de la sociedad”.

Existe discusión sobre si la existencia de una previsión específica relativa a la responsabilidad de los liquidadores tras la cancelación determina o no la inexistencia de un régimen de responsabilidad de los liquidadores antes de ese momento. En este sentido, PILOÑETA ALONSO, LUIS MARÍA, “Comentario al artículo 397 LSC”, en Comentario de la Ley de Sociedades de Capital, tomo II, Navarra, 2011, págs. 2723-2729 y MUÑOZ PÉREZ, ANA FELÍCITAS, “El régimen de responsabilidad civil de los liquidadores en las sociedades de capital”, en La liquidación de empresas en crisis: aspectos mercantiles laborales y fiscales, PATÓN GARCÍA (coord.), Barcelona, 2014, págs. 163-190, entienden que la específica responsabilidad del artículo 397 LSC deja fuera todas aquellas posibles acciones que se pretendieren ejercitar mientras durase la labor de los liquidadores, constante la sociedad. Frente a ello, VALPUESTA GASTAMINZA, EDUARDO, en Comentarios a la ley de sociedades de capital, Barcelona, 2013, pág. 1063 entiende que “no tiene sentido que [el liquidador] responda de forma distinta según que la reclamación se plantee en un momento u otro”.

Se adopte una postura u otra, lo cierto es que en cualquier caso puede razonablemente sostenerse la aplicabilidad del artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805-a cualesquiera acciones de responsabilidad de liquidadores. La razón principal está en la remisión genérica que el artículo 375.2 LSC hace a las normas establecidas para los administradores, entre las que se encuentran también las reguladoras del régimen de responsabilidad de los administradores sociales (artículos 236 a 241 bis). Por lo que se refiere, en concreto, al artículo 397 LSC, fuera del capítulo relativo a los liquidadores, tampoco parecen existir obstáculos a la aplicación del artículo 241 bis LSC, dada la identidad de razón de este régimen de responsabilidad con el propio de los administradores. Nos encontramos, al igual que ocurre en los supuestos de responsabilidad de los administradores (sea en su vertiente individual o social), ante una responsabilidad “por daños”; de carácter orgánico, que se basa en la existencia de una actuación culposa o dolosa y exige una relación de causalidad entre dicha actuación y el daño ocasionado.

Por el camino indicado discurre la jurisprudencia. Muestra es la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2008, que, si bien de manera algo indirecta, se pronuncia sobre esta cuestión: “niega la parte recurrente que el régimen de prescripción aplicable a la acción de responsabilidad contra los administradores sea extensible a los liquidadores, lo cual ha de ser rechazado, dada la remisión que el artículo 114 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995 hace al régimen de los administradores, remitiendo el artículo 69 de dicha Ley al régimen de responsabilidad de los administradores establecido para los de las sociedades anónimas, de donde se sigue que no deben existir diferencias en orden al régimen de prescripción de las acciones dirigidas contra los administradores”.

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, por la que se modifica l...

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, introduce, entre otras novedades, el artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805-.

Según este artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805-, la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.

Se introduce así en la LSC -EDL 2010/112805 un plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones contra los administradores, social e individual, sobre las que, tras numerosos debates doctrinales y jurisprudenciales, venía aplicándose hasta la reforma el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 949 Ccom -EDL 1885/1-.

Sin embargo, a diferencia de lo que hasta ahora se consideraba como dies a quo (el momento en el que se conocía el cese del administrador. SSTS de 3 de julio de 2008 y de 19 de noviembre de 2013), el nuevo artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 establece el cómputo desde el día en que hubiera podido ejercitarse en los mismos términos que se establecen en el artículo 1.969 CC; dejando abierta la redacción del nuevo artículo 241 bis LSC la interpretación de “el día en que hubiera podido ejercitarse” en relación a la acción de responsabilidad y que, por tanto, tendrá que ir modulando la jurisprudencia.

De entre las acciones contempladas en la LSC -EDL 2010/112805-: la acción social (artículos 238 a 240 LSC), la acción individual (artículo 241 LSC), la acción concursal (artículo 172 bis LSC) o la responsabilidad solidaria por deudas (artículo 367 LSC); el artículo 241 bis LSC se refiere expresamente a la prescripción de las acciones sociales e individuales.

La acción de responsabilidad solidaria por deudas recogida en el artículo 367 LSC -EDL 2010/112805 por virtud del cual, los administradores responderán de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución si, estando la sociedad incursa en causa legal de disolución (artículos 360 y siguientes LSC), no convocan la junta general en el plazo de dos meses para que pueda adoptar el acuerdo o, si convocada la junta, no acordase la disolución o no la solicitasen judicialmente; es un tipo de acción diferente.

De esta manera, los administradores, una vez cesados de sus cargos, no responden de las deudas que pudiera contraer la sociedad con posterioridad a su cese, sino de las deudas que existían mientras ostentaban el cargo de administrador (STS de 14 de octubre de 2013 -EDJ 2013/197135-).

Por otro lado, mientras que el artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 se incardina en el Capítulo V del Título VI (De la administración de la sociedad) relativo a la responsabilidad de los administradores y en el que se regulan las acciones sociales e individuales contra los administradores, la responsabilidad solidaria de los administradores del artículo 367 LSC se enmarca en el Capítulo I del Título X relativo a la disolución y liquidación de las sociedades de capital.
Este mismo criterio puede también aplicarse a la responsabilidad exigible a los liquidadores de las sociedades de capital y recogida en el Título X, Capítulo II (La liquidación), en el que el artículo 397 LSC -EDL 2010/112805 (Responsabilidad a los liquidadores tras la cancelación de la sociedad) establece que los liquidadores serán responsables ante los socios y los acreedores de cualquier perjuicio que les hubieren causado con dolo o culpa en el desempeño de su cargo.

Por otro lado, esta exigencia de responsabilidad a los liquidadores tiene lugar una vez cancelada la sociedad, momento en el que se extingue su personalidad jurídica. Tras la división del patrimonio social, la fijación y el pago de la cuota de liquidación y a los acreedores, los liquidadores otorgan la escritura pública de extinción de la sociedad (artículo 395 LSC -EDL 2010/112805-), la cual se inscribirá en el Registro Mercantil cancelándose los asientos registrales (artículo 396 LSC); siendo a partir de este momento en el que se puede exigir la responsabilidad de los liquidadores del artículo 397 LSC.

En consecuencia, la acción no se contempla como una responsabilidad social, no tiene carácter social y, por ello, el socio o acreedor no puede demandar a la sociedad, sino al liquidador que, a su vez, tutela y responde de su actuación frente a los socios y acreedores que reclaman directamente para sí y no a favor de la sociedad (SAP de Pontevedra de 18 de junio de 2009 -EDJ 2009/139848-).

La prescripción de las acciones (individual y social) contra los administrad...

La prescripción de las acciones (individual y social) contra los administradores de las sociedades mercantiles fue modificada por la ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806 que introdujo en la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805 (LSC) un nuevo artículo, el 241 bis que establece: “La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse”.

Debemos recordar que, hasta esa modificación, la prescripción de las acciones contra los administradores sociales se regulaba en el artículo 949 del Código de Comercio -EDL 1885/1-, conforme al cual: “La acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades terminará a los cuatro años, a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración”. Este artículo actuaba como ley especial sobre el régimen general de la prescripción de las acciones que se recoge en el artículo 1969 del Código Civil -EDL 1889/1-: “El tiempo de prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”.

Se nos plantea, en primer lugar, si la nueva regla de cómputo de la prescripción de las acciones de responsabilidad contra administradores sociales del artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 resulta aplicable a la responsabilidad por deudas (recogida en el artículo 367 de la LSC). Lo cierto es que la doctrina (escasa) que ha comentado la reforma no es pacífica al respecto (y no existen, de momento, resoluciones judiciales al respecto). Algunos autores (MASSAGUER, J. en el “Comentario al art. 241 bis LSC del “Comentario a la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo. Sociedades no cotizadas”, coordinado por JUSTE MENCÍA y CÁBANAS, R. en el artículo publicado en el Diario La Ley, de 7 de abril de 2015, “Sobre el nuevo sistema de cómputo de las acciones de responsabilidad contra los administradores”) se han mostrado partidarios de la aplicación de este nuevo plazo a los supuestos de responsabilidad por deudas, por analogía. De manera sucinta, fundamentan esta aplicación analógica (i) en que la última jurisprudencia del Tribunal Supremo ha calificado la responsabilidad por deudas como una acción de daños de carácter legal u objetivo (SSTS 28 de abril de 2006 y 19 de mayo de 2011); (ii) el vacío legal; (iii) la identidad de razón que procura la coincidencia del presupuesto causal de la acción (incumplimiento de obligaciones legamente previstas patrimonialmente lesivo para la sociedad, los socios y terceros); (iv) el objeto del remedio pretendido; (v) la estrechez del plazo anual; (vi) el reconocimiento en este ámbito de un marcado principio pro actione; (vii) la propia rúbrica del art.241 bis que utiliza el plural “acciones” lo que invita a extender la regla a otras acciones de responsabilidad; así como (viii) que la jurisprudencia ha tratado de modo unitario en cuanto a aplicar la prescripción prevista en el art. 949 Cco -EDL 1885/1-.

Por el contrario otros autores (CARRASCO, A. en “El nuevo régimen legal de prescripción de las acciones de responsabilidad contra los administradores sociales”, Análisis GA&P, marzo 2015) niegan la posibilidad de aplicar analógicamente el artículo 241 bis, debido a (i) la diferente ubicación de los preceptos, (ii) porque el 367 “cursa como una asunción pasiva de la deuda y el plazo de prescripción es el mismo al que está sujeta la acción principal contra la sociedad de la que los administradores son “fiadores legales””. No me parecen argumentos de peso para negar la aplicación de 241 bis (sobre todo en vista de las nuevas consideraciones jurisprudenciales sobre la naturaleza de la responsabilidad por deudas). Ahora bien, sí tiene más sentido el argumento de que no es posible defender la aplicación analógica en la medida en que no existe ningún vacío legal que lo permita. Esto es, en la medida en que el artículo 949 Cco -EDL 1885/1 sigue vigente el plazo de prescripción para la responsabilidad por deudas sería el que recoge el citado precepto.

Ahora bien, estas razones técnicas que llevarían a rechazar la posibilidad de aplicar analógicamente el art. 241 bis olvidan cuál es el origen del artículo 949 Cco -EDL 1885/1 y por qué motivo en el mismo el legislador se apartó de la regla general que fija el art. 1969 CC -EDL 1889/1-. Como señala CABANAS en el artículo citado, una justificación material de que en el caso del art. 949 el día inicial del cómputo del plazo fuera la inscripción en el Registro Mercantil del cese “podía ser que la permanencia en el cargo del posible imputado quizá dificultara el acceso a información relevante para interponer la demanda, de ahí que se contara desde el momento en que el demandado pierde control de la situación por haber sido separado del cargo”. Si este es el fundamento material (y la explicación es razonable), no parezca que tenga mucho sentido defender que el plazo de prescripción que se debe aplicar ahora a la responsabilidad por deudas siga siendo la inscripción del cese. Sobre todo, cuando en la mayor parte de las ocasiones, los acreedores conocen la existencia del desequilibrio patrimonial grave a través de las cuentas anuales publicadas por el Registro Mercantil. No tendría sentido que conociéndolas esperaran al cese del administrador para iniciar la acción.

Por los motivos anteriores, aunque con ciertas dudas, me inclino a pensar que se aplicará analógicamente el plazo de prescripción previsto en el artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 a la acción de responsabilidad por deudas recogida en el artículo 367 LSC.
Se nos plantea también si la nueva regla sobre el plazo de prescripción se debería aplicar también analógicamente a los liquidadores. La respuesta nos parece, en este caso, más sencilla, puesto que el artículo 375.2 LSC -EDL 2010/112805 realiza una remisión expresa a las normas establecidas para los administradores que no se opongan a lo dispuesto en el capítulo relativo a la liquidación.

Es cierto que podría entenderse que el artículo 397 LSC -EDL 2010/112805-  que prevé la responsabilidad de los liquidadores por los actos causados con dolo o culpa grave supone una regla específica para la responsabilidad de los mismos. Sin embargo, el citado precepto sólo parece referirse a los actos causados tras la cancelación de la sociedad, con lo que podría considerarse que por los actos anteriores a la misma el régimen aplicable sería en relativo a los administradores. De hecho, en apoyo de la aplicación analógica, hay quien ha considerado que el citado art. 397 supone una concreción de la regla general del art. 1902 CC -EDL 1889/1 y por ello sujeta a la prescripción anual desde que lo supo el agraviado. Sin embargo, como señala CABANAS en el artículo citado, no parece que tenga mucho sentido apartarse del criterio general de considerar, como se venía haciendo antes de la reforma operada por la ley 31/14, que el plazo de prescripción para las acciones contra los liquidadores es el mismo que para los administradores y, por ello, ahora debe considerarse de aplicación el artículo 241 bis LSC.

A pesar de las dudas que planteaba la ausencia de una regulación clara sobre...

A pesar de las dudas que planteaba la ausencia de una regulación clara sobre el plazo de prescripción de las distintas acciones para exigir responsabilidad a los administradores sociales en la normativa sobre sociedades mercantiles, la jurisprudencia consideró, no sin iniciales vacilaciones, que debía aplicarse para todas ellas la regla contenida en el artículo 949 Cco -EDL 1885/1-.
Conforme a tal argumento, se constituyó en plazo de prescripción para toda clase de acciones de responsabilidad contra los administradores sociales, el de cuatro años establecido en el artículo 949 Cco -EDL 1885/1-.

Así lo consideró la jurisprudencia. La muy trascendente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 20 de julio de 2001 -EDJ 2001/16190-, refiriéndose a dicho plazo prescriptivo, afirmó que “(…)siendo por tanto necesario fijar la doctrina de esta Sala, debe declararse que el plazo de prescripción aplicable a la acción individual de responsabilidad contemplada en el art. 135 LSA-TR 1989 es el de cuatro años del art. 949 CCom…”.

Y la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 21 de octubre de 2008 -EDJ 2008/203564-, confirmó que, parta todas las acciones destinadas a exigir responsabilidad a los administradores sociales, debía considerarse plazo de prescripción el de cuatro años previsto en el artículo 949 Cco -EDL 1885/1-: “’si bien es cierto que a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades Anónimas la jurisprudencia inicialmente no dio una respuesta uniforme a la cuestión de cuál era el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad de los administradores sociales, si el de cuatro años previsto en el artículo 949 del Código de Comercio, o el anual previsto en el artículo 1968.2 del Código Civil -EDL 1889/1-, no menos cierto es que desde la Sentencia de 20 de julio de 2001 -EDJ 2001/16194 han desaparecido esas iniciales vacilaciones jurisprudenciales, pues en ella se declaró, con designio de unificación de doctrina, que las distintas acciones de responsabilidad de los administradores sociales estaban sometidas al plazo de prescripción establecido en el artículo 949 del Código de Comercio. Esta doctrina ha venido siendo aplicada desde entonces por esta Sala (véanse las Sentencias de 21 de febrero de 2007 -EDJ 2007/10515-, 8 de marzo de 2007 -EDJ 2007/20994-, 12 de marzo de 2007 -EDJ 2007/18266-, 14 de marzo de 2007 -EDJ 2007/20993-, 14 de mayo de 2007 -EDJ 2007/70124 y 26 de septiembre de 2007, entre las más recientes), y, conforme a la misma, ha de ser rechazado este motivo del recurso, siendo inconcuso, como es, que la reclamación de la entidad actora se ha producido dentro del plazo establecido en el indicado precepto del Código de Comercio, para cuyo cómputo se fija como u0022dies a quou0022 el momento del cese del administrador (Sentencias de 26 de mayo de 2006 -EDJ 2006/80803-, 22 de marzo y 14 de mayo de 2007, entre otras muchas)u0022. Tal doctrina es reiterada, en concreta aplicación a los administradores de sociedades limitadas, en las Sentencias de esta Sala de 30 de abril de 2008 -EDJ 2008/90681 (relativa a una acción del art. 105.5 de la LRSL), y de 3 de julio de 2008 -EDJ 2008/124058-, teniendo en cuenta la remisión que hace el art. 69 de la citada Ley al régimen de responsabilidad de los administradores de las sociedades anónimas. Asimismo, la Sentencia de 26 de septiembre de 2007 -EDJ 2007/159273-, recuerda que es reiterada la jurisprudencia que aplica el artículo 949 del Código de Comercio a las acciones dirigidas a exigir responsabilidad a los administradores de sociedades de capital y, en particular, a las que se basan en el artículo 105.5 de la Ley 2/1995 o en la norma equivalente del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas -sentencias de 2 de julio de 1999, 26 de octubre de 2001, 7 de junio de 2.002 y 13 de diciembre de 2.005, entre otras muchas-…”.

Tras la reforma operada en la Ley de Sociedades de Capital en virtud de la Ley 31/2014, de 3 diciembre, el artículo 241 bis -EDL 2010/112805 (cuyas previsiones deben considerarse de aplicación mutatis mutandis a los liquidadores -ex artículo 375.2 LSC-), dispone lo siguiente: “la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse”:

De la literalidad del precepto se desprende que:

a)    Tal regla es de aplicación exclusivamente a las acciones para exigir responsabilidad social e individual a los administradores sociales;

b)    Que el plazo de prescripción de tales acciones es de cuatro años; y,

c)    Que el cómputo de tal plazo de prescripción se inicia desde que la acción hubiera podido ejercitarse.

Dicho lo anterior, no parece que quepa interpretar que la previsión legal que estamos analizando pueda extender su aplicación a la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales. Dicha interpretación se sostiene no sólo en la literalidad de la norma analizada, sino en que el artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 se sitúa en el Capítulo V –intitulado “La responsabilidad de los administradores” del Título VI de la Ley de Sociedades de Capital, dedicado a la administración de la sociedad-; mientras que la responsabilidad solidaria por deudas sociales se regula en el artículo 367 –intitulado “Responsabilidad solidaria de los administradores” que se encuentra situado sistemáticamente en la Sección Segunda del Capítulo I del Título X de la Ley de Sociedades de Capital, dedicado a la Disolución y liquidación.

Habida cuenta de lo dicho, parece que para la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales exigible a los administradores sociales seguirá siendo de aplicación la previsión del artículo 949 Cco -EDL 1885/1 que, aun coincidiendo en el plazo cuatrienal, difiere en el inicio del cómputo del plazo de prescripción, manteniéndose como dies a quo la fecha del cese.

La nueva regulación legal sería coherente con las críticas doctrinales recibidas por la solución jurisprudencial, por la dureza que para los administradores sociales implicaba que el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción por daños causados directamente sobre los intereses de socios y terceros, se iniciara en la fecha de su cese.

Según ÁNGEL CARRASCO PERERA, u0022la extensión jurisprudencial de esa regla a la acción individual derivada de daños directos a socios o terceros carecería de sentido. Al hacerse descansar el comienzo del plazo de prescripción en el cese, incluso cuando la acción la promovieran terceros directamente perjudicados (art. 241 LSC -EDL 2010/112805-), se extendía el plazo de prescripción más allá de lo debido (podía ocurrir que el tercero pudiera promover la acción mucho antes, aunque el administrador no hubiera cesado)u0022.

El nuevo régimen desvincula formalmente el plazo de prescripción de las acciones individual y social de la fecha del cese del administrador, adoptándose el criterio de la actio nata.

Sin embargo, en relación con la acción social esta modificación puede llegar a ser aparente, puesto que como comenta ALFARO, J. u0022cuando se trata de exigir responsabilidad a alguien por lo que ha hecho en el ejercicio de un cargo o en la ejecución de un contrato de duración, a menudo, los que pueden exigir esa responsabilidad carecen de información sobre la conducta del administrador hasta que éste abandona el cargo y puede averiguarse por el que le sustituya qué es lo que hizo mientras estaba en el cargo (STS 4 de abril de 2013 -EDJ 2013/46674 ,citada por Marín, infra: el plazo de prescripción de una acción de enriquecimiento contra los administradores se inicia, no cuando los administradores dispusieron injustificadamente de fondos sociales, sino cuando el control de la sociedad pasó al liquidador, pues solo en ese instante pudieron conocerse los actos de disposición del administrador)u0022.

El art. 241 bis de la Ley de sociedades de capital -EDL 2010/112805- (en adel...

El art. 241 bis de la Ley de sociedades de capital -EDL 2010/112805 (en adelante, LSC), introducido por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la LSC para la mejora del gobierno corporativo, determina que «la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse», lo que ha venido a sustituir el criterio para el cómputo de la prescripción de la acción de responsabilidad contra los administradores sociales que, a tenor de lo previsto en el art. 949 el Código de Comercio -EDL 1885/1-, debía iniciarse a partir de la fecha de cese en el cargo («la acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades terminará a los cuatro años desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración»).

Al margen de la crítica al criterio para el cómputo del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad de los administradores previsto en el art. 949 Cco -EDL 1885/1 (fundamentada sobre todo en que, al tratarse de un supuesto de responsabilidad por daños, la fecha relevante para el inicio del cómputo debía ser el momento de producción, exteriorización o conocimiento de los daños), así como de las cuestiones técnicas relativas a la configuración de este plazo para el ejercicio de acciones (en relación con lo cual se ha cuestionado, entre otros aspectos, si se trata de un plazo de prescripción o de caducidad –vid., por todos, RODRIGUEZ ARTIGAS, F. y MARÍN DE LA BÁRCENA, F., «La acción social de responsabilidad», en GUERRA MARTÍN, G. (Coord.), La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital, Madrid, 2011, págs.. 153 y ss., en particular, pág. 191-), su aplicación planteaba notables dudas e incertidumbres que se referían fundamentalmente a la determinación del dies a quo (se dudaba si el cese en el ejercicio del cargo debía estar inscrito en el Registro Mercantil y, en consecuencia, si la fecha para el inicio del cómputo debía ser precisamente la de inscripción o, por el contrario, la fecha del acto que originó el cese o separación y, en este segundo caso, cómo debía determinarse en atención a que se tratase de un acto voluntario del administrador –dimisión o renuncia o un acto impuesto por la sociedad –acuerdo de cese o separación, acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad-) y también a su ámbito de aplicación (especialmente discutida fue la cuestión de la aplicación del plazo y criterio de cómputo previsto en el art. 949 CCo a los supuestos del ejercicio de la acción individual de responsabilidad, en relación con lo cual se defendía también que el carácter extracontractual de este supuesto de responsabilidad, debería llevar a la aplicación del art. 1968, apartado 2, del Código civil -EDL 1889/1-).

En atención a estos problemas, el cambio de criterio resulta en principio acertado. No obstante, su formulación en el art. 241 bis LSC -EDL 2010/112805 plantea también ciertas dudas e incertidumbres sobre todo en relación, precisamente, con la determinación de la fecha de inicio del cómputo y con la delimitación de su ámbito de aplicación. En relación con esta última cuestión, con anterioridad a la reforma, particularmente a partir de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de julio de 2001, se entendía que el régimen de prescripción de la acción contenido en el art. 949 Cco -EDL 1885/1 era aplicable no sólo al ejercicio de las acciones social e individual de responsabilidad contra los administradores sociales, sino con carácter general al conjunto de acciones de responsabilidad que pudieran ejercitarse contra éstos. A partir de ello, la reforma ha introducido un importante cambio sistemático y también una nueva formulación de la regla que podría tener consecuencias sobre la interpretación señalada. En este sentido, el plazo de prescripción y el criterio de cómputo se regulan ahora especialmente para las acciones de responsabilidad contra los administradores de sociedades de capital en la LSC, en una norma incluida en el Capítulo V, del Título VI de esta Ley. A su vez, el tenor literal de la norma menciona específicamente el carácter «social o individual» de la acción de responsabilidad cuyo ejercicio queda sometido al plazo de prescripción y al criterio para su cómputo previstos en la misma. Ambos aspectos, redacción del precepto e inserción sistemática, parecen referir la regla exclusivamente a las acciones de responsabilidad previstas en los arts. 236 a 240 LSC (acción social y acción individual de responsabilidad) y plantean dudas, por tanto, sobre su aplicación también en los supuestos de responsabilidad por no promoción tempestiva de la disolución de la sociedad (art. 367 LSC) o de ejercicio de acciones de responsabilidad contra los liquidadores sociales (art. 397 LSC).

Por lo que respecta al ejercicio de acciones contra los liquidadores, es pacífico considerar que las cuestiones relativas a la exigencia de responsabilidad no previstas en el lacónico art. 397 LSC -EDL 2010/112805 (que se limita a establecer que «los liquidadores serán responsables ante los socios y los acreedores de cualquier perjuicio que les hubiesen causado con dolo o culpa en el desempeño de su cargo»), se han de resolver conforme al régimen previsto para la responsabilidad de los administradores sociales en tanto que, al margen de que pueda considerarse éste como régimen general de responsabilidad «orgánica» en el seno de las sociedades de capital, el art. 375, apartado 2, LSC determina expresamente que  «serán de aplicación a los liquidadores las normas establecidas para los administradores que no se opongan a lo dispuesto en este capítulo» (vid., entre otros, MUÑOZ PÉREZ, A., «La responsabilidad del liquidador de la sociedad anónima», RdS, 17, 2001, págs.. 109 a 178, en particular, pág. 110; PILOÑETA, L.M. en ROJO, A. y BELTRÁN, E., Comentario de la Ley de sociedades de capital, Madrid, 2011, págs. 2724 y 2725; MACHADO PLAZAS, J., «Los liquidadores de las sociedades de capital», en ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A. y BELTRÁN, E. (Dirs.), La liquidación de las sociedades mercantiles, Valencia, 2011, págs. 145 a 185, en particular, pág. 174). Tratándose también en este caso de responsabilidad por daño, la remisión ha de entenderse referida precisamente al régimen previsto en los arts. 236 a 241 bis LSC y, por tanto, entendemos que el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los liquidadores así como el criterio para su cómputo será igualmente el contemplado para el ejercicio de las acciones de responsabilidad por daños (social o individual) contra los administradores sociales en el nuevo art. 241 bis LSC.

Más discutible resulta, sin embargo, la aplicación de este criterio en relación con el ejercicio de las acciones de responsabilidad previstas en el art. 367 LSC -EDL 2010/112805-. Se trata en este caso también de un supuesto de responsabilidad de administradores pero cuya caracterización difiere de los supuestos contemplados en los arts. 236 y ss. LSC en tanto en este último caso se trata de supuestos de responsabilidad por daños y en aquél de responsabilidad-sanción o responsabilidad por deudas. No obstante, el criterio para el cómputo del plazo de prescripción contemplado en el art. 241 bis LSC no se vincula necesariamente a un supuesto de responsabilidad por daños como hubiese ocurrido de haberse optado por establecer como fecha de inicio del cómputo la producción, exteriorización o conocimiento de los daños. Desde esta perspectiva, por tanto, no habría inconveniente en aplicar el criterio contenido en el art. 241 bis LSC también al ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en el art. 367 LSC, sin perjuicio de las dificultades para determinar con precisión la fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción (que por otra parte también se plantean en relación con las acciones social e individual de responsabilidad por daños). Con ello se conseguiría también una deseable homogeneidad en el tratamiento de la prescripción de las acciones de responsabilidad contra los administradores sociales, que constituye uno de los fundamentos de la posición del Tribunal Supremo anterior a la reforma favorable a la aplicación del art. 949 Cco -EDL 1885/1 a todos los supuestos de responsabilidad de administradores sociales (expresamente a favor de la aplicación del plazo y del criterio de cómputo previsto en este precepto al ejercicio de la acción de responsabilidad por no promoción tempestiva de la disolución, posición también mayoritaria en la doctrina, pueden verse, entre otras, las SSTS de 2 de junio de 2008 -EDJ 2008/103334-, 14 de abril de 2009 -EDJ 2009/62990-, 1 de junio de 2009 -EDJ 2009/150905 y 18 de junio de 2009 -EDJ 2009/225068-).

Sin embargo, el tenor literal y la inserción sistemática del nuevo art. 241 bis LSC -EDL 2010/112805-, como señalábamos anteriormente, parecen vincular el nuevo criterio de cómputo del plazo de prescripción exclusivamente con las acciones en exigencia de responsabilidad por daños, y ello en nuestra opinión impide alcanzar dicha conclusión. Al respecto debe tenerse en cuenta que, en atención precisamente a su diferente naturaleza, no cabe plantear una aplicación subsidiaria o analógica del régimen previsto para el ejercicio de las acciones de responsabilidad por daños al ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas del art. 367 LSC. A su vez, el art. 949 Cco -EDL 1885/1 permanece vigente por lo que, si con anterioridad a la reforma legal de diciembre de 2014, tanto la doctrina como nuestros Tribunales venían considerando que dicho precepto resultaba aplicable al ejercicio de la acción contemplada en el art. 367 LSC, entendemos que con posterioridad a dicha reforma, que se ha limitado a modificar el criterio de cómputo del plazo de prescripción en relación con las acciones de responsabilidad por daños, deberá continuar aplicándose la regla contenida en el art. 949 CCo para determinar el plazo de ejercicio de la acción ex art. 367 LSC y el criterio de cómputo de dicho plazo.

Debe ante todo tomarse en consideración que el artículo 949 del Código de ...

Debe ante todo tomarse en consideración que el artículo 949 del Código de Comercio -EDL 1885/1 no está derogado por la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, lo que supone que dicha norma, junto a la interpretación que de este precepto ha venido dando la jurisprudencia, queda en lo que hace a la cuestión relativa a la prescripción en materia de responsabilidad de administradores, incólume en al menos algunos aspectos.

En efecto, el artículo 949 Código de Comercio -EDL 1885/1 establece que la acción contra los socios Gerentes y administradores de las compañías o sociedades terminará a los cuatro años a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración, habiendo señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que dicha norma es aplicable al caso de la responsabilidad por deudas.

Ello es relevante porque implica que la interpretación que sobre la normas en materia de fijación del dies a quo en particular, en lo relativo al inicio de la responsabilidad en los casos de simple inactividad de la sociedad, de u0022abandono de hechou0022 de la administración social, de la pérdida total del patrimonio de la sociedad (STS 12 de febrero de 2009 -EDJ 2009/15123-) o por la caducidad del cargo, no son causa del cese de los administradores ni les releva del desempeño del cargo y, en consecuencia, no les exime de la obligación de cumplir con lo deberes y en su caso, de promover la disolución ordenada de la sociedad cuando concurre causa legal para ello, habiendo también añadido la Sentencia 123/2010, de 11 de marzo -EDJ 2010/19176-, que no pueden entenderse cesados los administradores si existe un proceso abierto en el que es parte la sociedad.

Partiendo de lo anterior señalaremos en relación a la primera de las cuestiones suscitadas, relativa a si el nuevo artículo 241 bis LSC -EDL 2010/112805 introducido por la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806 es aplicable al caso de la responsabilidad por deudas, que la respuesta es negativa en lo formal, pues es evidente que la norma se autolimita a la responsabilidad social o individual de los administradores. Pero menos evidente es dicha respuesta en lo que hace a la postre a la fijación del dies a quo para el ejercicio de las acciones por responsabilidad por deudas.

En efecto, el nuevo artículo 241 bis LCS -EDL 2010/112805 acoge el criterio general del artículo 1969 del Código Civil -EDL 1889/1 de la actio nata conforme a la cual, para que pueda comenzar el tiempo de la prescripción la acción debe haber nacido, habiendo resuelto el Código Civil de forma práctica qué debía entenderse por momento del nacimiento al referirlo, por razones prácticas, al momento en que la acción puede ejercitarse lo que significa no sólo un poder sino también un tener para desvanecer cualquier situación de confianza o de silencio. Y lo cierto es que la jurisprudencia, tal y como venía interpretando el criterio para fijar el dies a quo (STS 6 de marzo de 2003 -EDJ 2003/3616-, 14 de marzo de 2007 -EDJ 2007/20993 y 13 de enero de 2010 -EDJ 2010/6372-), no se ha alejado en demasía de dicho criterio.

Siendo así, lo que viene a hacer el legislador es a acoger un criterio que ya venía aplicando la jurisprudencia en materia de responsabilidad individual de los administradores.

Pero la jurisprudencia también ha tomado en consideración dicho criterio para el caso de la responsabilidad por deudas, si bien es cierto que en sentido negativo ya que si conforme al artículo 949 del Código de Comercio -EDL 1885/1 u0022la acción contra los administradores de las sociedades terminará a los cuatro años a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la Administraciónu0022 y la jurisprudencia ha venido dilatando la determinación del dies a quo a la constancia del cese en el Registro Mercantil en cuanto a los terceros de buena fe –veíamos antes que el cese fáctico no era suficiente-, es lo cierto que también se ha señalado que el publicidad formal sólo produce sus efectos respecto de los terceros de buena fe ya que si se acredita la mala fe del tercero o simplemente, que conocía el cese efectivo (STS de 26 de junio de 2006 -EDJ 2006/102966-; 3 de julio, 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2008; 12 de febrero, 1 y 14 de abril, 12 y 18 de junio de 2009; y 15 de abril de 2010), el dies a quo se computa desde dicho momento lo que es, a la postre, la aplicación de la doctrina de la actio nata.

En conclusión, no parece razonable extender el nuevo régimen legal de la prescripción de las acciones por responsabilidad individual y social a supuestos diferentes a los expresamente previstos en la norma y, en particular, a los casos de responsabilidad por deudas pues no sólo es evidente que no se comprende la literalidad del artículo 241 bis LCS -EDL 2010/112805 la acción de responsabilidad por deudas sino que además se trata de supuestos distintos con finalidades diferentes ya que, como ha dicho la jurisprudencia, “el acuerdo de disolución tiene por objetivo que la sociedad deje de hacer nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones en el mercado a fin de obtener lucro repartible” (STS 23 de junio de 2011 -EDJ 2006/94046-), no obstante lo cual es preciso señalar que en la interpretación actual que la jurisprudencia hace del momento del nacimiento de la acción, hay una evidente aproximación al criterio de la actio nata con las particularidades propias de la acción de que se trata, a la postre vinculada a los efectos de la publicidad registral negativa (STS 26 de junio de 2006, 3 de julio de 2008, 14 de abril de 2009, 15 de febrero de 2011 y 21 de marzo de 2011-.

En relación a la segunda de las cuestiones planteadas, sobre si sería aplicable el régimen legal del nuevo 241 bis a la responsabilidad de liquidadores, la respuesta es positiva, no por razón de la directa aplicación del precepto sino por su coincidencia con el artículo 1969 del Código Civil -EDL 1889/1-, aplicable al caso de la responsabilidad de administradores ya que cuando el artículo 397 LSC -EDL 2010/112805 establece la responsabilidad de éstos lo hace en los términos del artículo 1902 del CC (responsabilidad por culpa) en modo tal que si bien resulta compleja la asimilación entre el administrador y el liquidador (más allá de la equiparación que por ejemplo se hace en materia de calificación concursal), no cabe duda que hay una asimilación de responsabilidad por daños entre ambas figuras, aproximándose ahora más la del administrador a la del liquidador por la inclusión del precepto que comentamos donde se viene a generalizar el régimen legal común del Código Civil, que era el aplicable al liquidador, al ámbito de la responsabilidad de administradores.