MERCANTIL

La prescripción y las acciones de responsabilidad contra administradores sociales

Foro 01-06-2015 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez

Planteamiento

¿La nueva regla de cómputo de la prescripción de las acciones de responsabilidad contra administradores sociales del art. 241 bis Ley Sociedades de Capital resulta aplicable a la responsabilidad por deudas?, ¿y a las acciones dirigidas contra liquidadores?

Si hay una institución que exige criterios legales claros y escaso margen para la discusión, ésta puede ser la de la prescripción de los derechos y acciones. Con independencia del criterio objetivo o subjetivo con que quiera teñirse su fundamento, la prescripción no está basada, como recuerda la jurisprudencia, en razones de justicia intrínseca, por lo que suele adjetivarse de apreciación restrictiva. Pero convenido que la prescripción va dirigida a dotar de certeza las relaciones jurídicas, los esfuerzos invertidos en aclarar las oscuridades de su propio régimen agotan especialmente y sumen al aplicador del Derecho en la melancolía. Legislar sobre prescripción, en línea de principio, no parece tarea excepcionalmente compleja; una vez tomada la decisión de que el tiempo debe correr como de prescripción y no como caducidad, se tratará de identificar la relación jurídica afectada, de precisar el dies a quo del cómputo, y de fijar con precisión temporal el plazo.

Una destacable novedad de la profunda reforma del régimen de las sociedades mercantiles, acometida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modifica la Ley de Sociedades de Capital “para la mejora del gobierno corporativo” ha sido la de regular por primera vez el régimen de prescripción de las acciones tendentes a exigir responsabilidad a los administradores societarios. Hemos defendido desde estas mismas páginas que, si bien las tres acciones típicas, -responsabilidad social, individual y responsabilidad por deudas-, se mantienen en su esencia (con modificaciones relevantes en materia de legitimación en el caso de la acción social), la nueva regulación de los deberes de los administradores sociales, -el deber de lealtad y el deber de diligencia-, transforma de manera relevante los presupuestos para la exigencia de una responsabilidad que se pretende más rigurosa.

Desde la original transposición por el legislador de 1985 del sistema europeo de responsabilidad por deudas sociales, fue motivo de discusión el régimen jurídico de prescripción de esta singular acción. Las dudas doctrinales y jurisprudenciales desaparecieron, al menos desde el punto de vista práctico, con la opción tomada por el Tribunal Supremo a favor de la vigencia del artículo 949 del Código de Comercio: todas las acciones de responsabilidad frente a administradores y liquidadores prescribirán a los cuatro años desde el cese. No podrá negarse que la opción resultó clarificadora, por más que, desde el punto de vista doctrinal, mereciera más de un reparo. Las resoluciones posteriores sobre la diferenciación de los planos material y formal a efectos del cómputo del plazo, clarificaron otras dudas al respecto de la regla de cómputo, partiendo de la premisa de que la inscripción registral del cese no tenía carácter constitutivo, pero en todo caso el cómputo del plazo no podía oponerse al actor de buena fe.

En este relativamente tranquilo panorama irrumpe el nuevo artículo 241 bis, que manteniendo el mismo plazo cuatrienal, y a su vez, sin afectar a la vigencia del texto del Código sustantivo, opta por el sistema civil de determinación del dies a quo: si se trata de reparar un daño, el plazo computará desde la fecha en que la acción pudo ser ejercitada.

Pero el precepto, por su ubicación sistemática y por su propio tenor literal, se refiere tan sólo a las acciones social e individual. Por ello planteamos a nuestros expertos si el nuevo régimen puede ser aplicado a la acción de responsabilidad por deudas, que constituye, según es sabido, una relevante bolsa de litigiosidad. El problema nos parece relevante, porque aunque desde el punto de vista teórico las acciones tendentes a exigir responsabilidad a los administradores sociales presentan perfiles propios, bien diferenciados en sus elementos configuradores y en su propia finalidad, lo cierto es que en la práctica estos elementos se diluyen y, puede afirmarse, en ocasiones no se ejercitan en las demandas con la debida claridad.

De la misma forma, si se conviene, como parece admitir la jurisprudencia más atenta, que la acción de responsabilidad de los liquidadores presenta perfiles propios, deberemos plantearnos si el nuevo régimen prescriptivo se extiende también a este ámbito, como parece apuntar la remisión general del artículo 375.2 -EDL 2010/112805-.

Como comprobará el lector, las respuestas por las que optan los expertos confirman las dificultades que la cuestión sugiere, en particular con respecto al cómputo del plazo cuatrienal para la acción de responsabilidad por deudas, donde las posiciones se dividen casi por mitad. Pero no es misión de nuestro Foro ofrecer una respuesta única a complejos problemas, sino proporcionar criterios que den fundamento a una interpretación plausible, comprobado que las herramientas tradicionales de la exégesis conducen a soluciones diferentes.

 

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho Mercantil", el 1 de junio de 2015.

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