Con la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, se deja sin contenido el apartado cuarto del Artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y se modifica el apartado 5 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Según la exposición de motivos recogida en la modificación publicada este martes, "el que las menores de 16 y 17 años se encuentren acompañadas de sus representantes legales, padre y/o madre, personas que ostenten la patria potestad o tutores es fundamental para situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo".
La ley considera que "no se trata únicamente de la protección de la menor, sino que su cuidado comprende el núcleo esencial de todas esas figuras jurídicas" y se considera que "la modificación contemplada en la Ley Orgánica 2/2010 impide a los progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en el Código Civil, privando a las menores de la protección que el mismo texto legislativo reconoce, de poder contar, en un momento crucial y complicado de su vida, con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad".
Asimismo, esta modificación afecta a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en lo que se refiere a los límites del consentimiento informado. Así la reforma "suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores".
El pleno del Senado aprobó el día 10 de septiembre la modifición de la ley del aborto con 145 votos a favor, 89 en contra y cinco abstenciones. Tres senadores del PP -Ángel Pintado, Gari Durán y José Ignacio Palacios- votaron en contra de la reforma que proponía su grupo, al considerar insuficientes los cambios. Y una cuarta, Ana Torme, emitió su voto en blanco.
Con la publicación y entrada en vigor de la reforma se pone punto y final a un proceso que ha generado divisiones en el seno del PP y la dimisión del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al ver como el Gobierno de Mariano Rajoy retiraba el proyecto que había preparado.
