“Las víctimas tienen más información, saben que cuentan con este servicio y tienen algo menos de miedo a denunciar, pero el aumento de solicitudes evidencia que la violencia contra la mujer es un problema que, lejos de corregirse, cada año se incrementa”, señala el responsable del Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA), Fernando Rosat.
A pesar del aumento de los casos de violencia de género, el número total de expedientes de justicia gratuita descendió en 2023, pasando de las 7.445 solicitudes de 2022 a 7.157 el año pasado; la cifra más baja del último lustro a excepción del año del confinamiento.
Las huelgas en el ámbito judicial han sido una de las principales causas de este descenso, pero también hay que sumar los problemas con la tramitación de los expedientes telemáticos y de los de extranjería. La Comisión Provincial ha dejado fuera a un 4% de las solicitudes presentadas al detectarse algún tipo de defecto formal, a pesar de que los abogados habían realizado la asistencia. En estos casos no se reconoce la justicia gratuita al ciudadano y no se compensa al profesional por el servicio prestado, ni al Colegio por las labores de tramitación. “En los asuntos en los que intervenimos de manera telemática, así como en los de extranjería, a veces tenemos dificultades para que el beneficiario cumplimente correctamente la solicitud y los desestiman”, lamenta Fernando Rosat, que recuerda que la retribución media que percibe un abogado del turno de oficio por expediente no llega a los 148 euros, incluyendo la atención 24 horas al día, 365 días al año.
Denuncias falsas por debajo del 0,1%
Los casos relacionados con violencia sobre la mujer ya habían anotado en 2022 el mayor número de solicitudes hasta la fecha, pero esas 762 quedan lejos de las 999 registradas en 2023. “Además de los malos tratos físicos, también se incrementan las demandas por acoso, por hostigamiento, por injurias y amenazas… Hay una mayor conciencia de que ese tipo de actitudes son denunciables”, señala Rosat. La tendencia marca un aumento continuado de los casos de violencia de género, mientras que el número de condenas por denuncia falsa se mantiene por debajo del 0,01%; según los datos del Ministerio Público, en España representa el 0,008% de las denuncias por violencia de género que se interponen anualmente.
Desde el ICAVA se presta un turno especializado de Asistencia a Mujeres y Niñas Víctimas de Agresiones y Abusos Sexuales, gracias al convenio suscrito por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que en 2022 ha permitido la intervención letrada en 51 asistencias, cuatro más que en el año anterior.
El efecto de las huelgas
El aumento de asistencias por violencia contra la mujer no eleva sin embargo el cómputo total de asuntos penales, que atendió el año pasado un total de 4.668 peticiones, un 5,7% menos que el año pasado y la segunda cifra más baja del último lustro tras el año de la pandemia. Si en 2020 fue la suspensión de la actividad por el confinamiento la que redujo los asuntos tramitados, en 2023 han sido las distintas huelgas que se han sucedido en el ámbito de la Justicia las que han provocado este retroceso al paralizar la instrucción, que ha caído un 18% con respecto a las cifras del año anterior.
Dentro de los expedientes penales, además de los de violencia de género también han subido los de menores, que se incrementan un 16,1% con respecto a 2022. En este mismo periodo cayeron, además de los de instrucción, aquellos asuntos relacionados con el juzgado penal (34,9% menos), mientras que los de vigilancia penitenciaria se mantuvieron idénticos a los del año pasado. Los de la Audiencia Provincial también subieron al pasar de 12 a 18, unas cifras tan reducidas que apenas tienen incidencia en la estadística global.
En otras jurisdicciones, los asuntos civiles protagonizaron un descenso aún más acusado que los penales, ya que experimentaron una caída del 10,3%, con 1.566 expedientes tramitados en 2023 frente a los 1.746 del año precedente. En este caso, además, sí que es la cifra más reducida de los últimos cinco ejercicios, incluso por debajo del año 2020. Del mismo modo que ha ocurrido con los expedientes penales, la caída de los asuntos civiles se ha debido a la paralización gran parte de los procedimientos debido a las huelgas. “Los servicios mínimos que se prestaban eran las atenciones en asistencia a detenidos y violencia de género, pero en temas civiles se quedaron paralizados al 100% la mayoría de procedimientos”, apunta Rosat.
Principales incrementos
La jurisdicción Social fue la que más se incrementó en el último año al pasar de 279 a 379 expedientes atendidos, lo que supone una subida del 35,8% en los últimos doce meses. “El de los trabajadores es uno de los colectivos que tienen reconocida la justicia gratuita sin necesidad de acreditar la insuficiencia de recursos económicos. Este derecho se está empezando a conocer más, lo que aumenta el número de reclamaciones ante faltas en el pago de nóminas o finiquitos”, señala el responsable del Turno de Oficio del ICAVA.
También los expedientes de Extranjería experimentaron una subida. Los 270 casos atendidos en el último año suponen un 20,5% más que los 224 del año previo. Cuando los letrados del turno de oficio intervienen en este tipo de casos es para asistir a extranjeros en situación irregular que se encuentran en procedimientos de expulsión del territorio español. Desde el ICAVA atribuyen este incremento a un “efecto llamada” que lleva a los extranjeros en esta situación a pedir cita en Valladolid para tramitar sus expedientes ante el colapso de las solicitudes en otras provincias.
Por su parte, los asuntos contencioso-administrativos se elevaron un 26,2%, con 260 solicitudes tramitadas frente a las 206 del ejercicio anterior, cifras que fluctúan levemente cada año sin atender a una coyuntura concreta. Los expedientes de la jurisdicción Militar también elevaron un 20% en el último año, pero con unas cifras de nuevo tan reducidas (pasan de 5 a 6) que no tienen influencia en la estadística colectiva ni son reflejo de un determinado contexto.
El Turno de Oficio de Valladolid cuenta con 433 abogados inscritos que afrontaron los 7.157 asuntos atendidos en 2023. Por jurisdicciones, más del 65% de las tramitaciones pertenece a la Penal, el 21,9% a la Civil, el 5,3% a la Social, el 3,8% a la de Extranjería y el 3,6% a la Contencioso Administrativa. Las solicitudes de mujeres víctimas de violencia de género, por sí solas, representan un 14% del total de asuntos tramitados en el último año por el servicio de justicia gratuita del ICAVA, cuatro puntos más que el año pasado.
