A vueltas con el art. 324 LECr.: la disposición transitoria de la L 2/20

Pese a la claridad con que se expresa la Disposición Transito...

Pese a la claridad con que se expresa la Disposición Transitoria de la Ley 2/2020 de 27 de julio -EDL 2020/22747 por la que se modifica la redacción del artículo 324 de la LECr. -EDL 1882/1 que establece nuevos plazos de instrucción, se reprocha que su texto -que entiende reiniciado los plazos respecto de todas las causas en tramitación, configurándose la fecha de entrada en vigor de la Ley -29 de julio de 2020 como nuevo dies a quo de la totalidad de los procedimientos en curso, y como nuevo plazo a computar el de los doce meses previstos con carácter general por el citado precepto-, es claramente desfavorable a los derechos de los justiciables a un procedimiento sin dilaciones indebidas, y a que no se extiendan los plazos máximos de instrucción por motivos no justificados, concluyendo que la norma es arbitraria y contraria al principio de irretroactividad.

No resulta la cuestión tan arbitraria como se plantea. Porque no podemos interpretar el contenido de la Disposición Transitoria sin ponerlo en conexión con el resto de los artículos de la citada Ley. La iniciativa sobre el plazo procesal corresponde ahora al juez instructor quien deberá dictar Auto motivado donde exponga las causas por las que no ha podido concluirse la instrucción y las diligencias concretas que resulte necesario practicar, así como la relevancia de las mismas para la investigación de la causa.

En aquellos casos en que ya se hubiera acordado, de manera firme, un plazo máximo de la instrucción con arreglo al artículo 324 -EDL 1882/1-, y la instrucción ya se encontrase agotada y hubiese cumplido sus fines, no parece a mi juicio posible una prórroga automática. Y en aquellos casos en los que ya se hubiera acordado de manera firme, un plazo máximo de la instrucción con arreglo al anterior artículo 324, y la instrucción ya estuviese agotada y hubiera cumplido sus fines, no se puede interpretar, a mi juicio, la Disposición Transitoria de manera independiente a lo que establece el artículo 324 actual.

La Circular 1/2021 de 1 de abril, de la Fiscalía General del Estado -EDL 2021/12034-, sobre los plazos de investigación judicial del artículo 324 de la LECr. -EDL 1882/1 interpreta, adecuadamente a mi juicio que, conforme al tenor literal de la disposición transitoria, el cómputo de los plazos de la fase de investigación judicial debe entenderse reiniciado respecto de todas las causas en tramitación, configurándose como nuevo dies a quo para su cómputo el de la entrada en vigor de la Ley -29 de julio de 2020 y, como nuevo plazo a computar, el de los doce meses previstos con carácter general por el artículo 324.1 LECrim. Y en cuanto a la retroactividad de las normas procesales debe recordarse el principio general tempus regit actum. Este principio determina que las normas procesales son aplicables a todos los procedimientos en curso desde el momento de su entrada en vigor. En este sentido, la STC 63/1982, de 20 de octubre -EDJ 1982/63 -FJ 3.º-, dispone: «La incidencia que el artículo 24 CE -EDL 1978/3879 tiene sobre las normas procesales obliga a darle el tratamiento que es propio de éstas a la hora de resolver sobre su eficacia en el tiempo, y según la doctrina prácticamente unánime, las normas procesales tienen efecto inmediato, son aplicables a todos los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor.»

La Disposición en cuestión establece lo siguiente: ...

La Disposición en cuestión establece lo siguiente: &ldquoDisposición transitoria. Procesos en tramitación. La modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1 contenida en el artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél.&rdquo

En principio no hay duda, dados los términos literales de la Disposición Transitoria, que la aplicación de los nuevos plazos, por los que se amplía los plazos de instrucción, son aplicables a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la reforma del art. 324 LECrim -EDL 1882/1-, operada por la L 2/2020, de 27 de julio -EDL 2020/22747-.

No cabe duda, por otra parte, que si a la entrada en vigor de la citada ley, con lo supone de ampliación del plazo de instrucción, el proceso ya está concluido, entre otras cosas por haberse dictado resolución al efecto, no será de aplicación la ampliación del plazo que implica la modificación del citado artículo.

La cuestión que se debate es si, a la entrada en vigor de la reforma, no se ha dictado la resolución que acuerde la prórroga de la investigación, habiendo ya transcurrido el plazo máximo, antes previsto, de seis meses, cabe considerar que se rehabilita el plazo de instrucción.

En mi opinión, y en este sentido también se pronuncia la Circular 1/2021, de 8 de abril de la Fiscalía General del Estado -EDL 2021/12034-, así cono algún artículo doctrinal, sí cabe afirmar dicha rehabilitación, de manera que, si no se ha dictado resolución que de por finalizada la instrucción, hay que entender rehabilitado el plazo de instrucción, considerándose como dies a quo dicho plazo de entrada en vigor -29-7-2020 para el cómputo de los doce meses, sin perjuicio de posteriores prórrogas, en su caso.

Cabe añadir, que la intención del Legislador, que se contempla en la reforma, aun cuando la iniciativa legislativa iba en sentido contrario, y aun cuando se establezcan plazos para la instrucción, empezando por el inicial de doce meses, ha sido la de no fijar una duración máxima para la instrucción, en la medida en que puede acudirse al sistema de prórrogas sucesivas por periodos de seis meses inferiores, pero sin limitación, siempre, eso sí, que se motive su necesidad. Por lo tanto, tiene sentido, con arreglo a dicha intención, que se rehabilite el plazo de instrucción, por aplicación de la Disposición Transitoria, siempre que no haya precluido el trámite de instrucción por el dictado específico de una resolución en tal término.

Y una reflexión complementaria: Hay que recordar que el investigado tiene derecho a que la instrucción se realice conforme al procedimiento en vigor al tiempo en que se lleva a cabo dicha investigación. No tiene un derecho a que se le aplique una legislación procesal anterior, ya derogada o modificada, que pueda considerar más favorable, dado que rige el principio tempus regit actum, avalado por la doctrina del Tribunal Constitucional.

Las normas procesales no tienen la consideración de una eventual norma más o menos favorable y a la que se le aplique el principio de irretroactividad de la norma menos favorable, ya que dicho principio lo es respecto de normas sustantivas, no procesales.

Resulta difícil imaginar una reforma de nuestra vetusta Ley d...

Resulta difícil imaginar una reforma de nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento que haya generado más polémicas que la del art 324 -EDL 1882/1-. Es cierto que probablemente sea la de mayor calado que ha sufrido, pero cuantas dudas se suscitaban, vienen ahora incrementadas por la operada por la Ley 2/2020 de 27 de Julio -EDL 2020/22747-.

El texto en cuestión viene íntimamente ligado al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, tal y como lo ha recogido nuestro Tribunal Constitucional, en el sentido de que el modo en que el artículo 324 LECrim -EDL 1882/1 articula el cómputo de los plazos de la fase de investigación judicial revela que nos hallamos ante plazos procesales cuya finalidad es ordenar el curso del procedimiento, sin conexión directa con los artículos 24.2 CE -EDL 1978/3879 y 6.1 CEDH -EDL 1979/3822-. El vigente artículo 324.1 LECrim señalaba que «la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa». Puede afirmarse, por tanto, que el inicio del plazo tendrá lugar desde el momento de la incoación del procedimiento judicial, quedando excluidas del cómputo cualesquiera diligencias que la Policía Judicial o el Ministerio Fiscal hubiesen desarrollado con anterioridad a aquel momento. Por otro lado, el cómputo del sistema de plazos de la investigación judicial se inicia y desarrolla al margen de la atribución de la condición de investigado/a, en tanto en cuanto nace desde el momento en que se incoa el procedimiento penal, aun cuando no existan elementos que permitan atribuir la comisión del hecho a persona alguna.

De ahí que resulte difícil conectar el contenido del artículo 324 LECrim -EDL 1882/1- con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas o con el derecho a un proceso equitativo en plazo razonable, pues por lo que al sujeto pasivo del procedimiento se refiere, parece evidente que nos encontramos ante derechos cuyo nacimiento deberá vincularse a la efectiva atribución de la condición de investigado a su titular. De este modo, la STS 559/2020, de 29 de octubre -EDJ 2020/715643 -FJ 3.º-, dispone:

«-... también es cierto que en cuanto al inicio del cómputo del tiempo de las posibles dilaciones, no debe tomarse en cuenta la fecha de los hechos -... Así la jurisprudencia, por ejemplo STS 841/2015, del 30 de diciembre -EDJ 2015/259214-, ha declarado que el derecho se refiere al proceso sin dilaciones, no a un hipotético y exótico derecho del autor de un delito a un descubrimiento rápido tanto de la infracción penal como de su implicación en ella -STS 250/2014, de 14 de marzo -EDJ 2014/48140--. Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Sólo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso -posibles medidas cautelares, obligación apud acta, zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso... y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas

Aclarado lo anterior, la Reforma actual aclara en su Preámbulo que, como es sabido, el proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y costes para el imputado. Por identidad de razón por la que en otros ámbitos -por ejemplo, en materia tributaria o sancionatoria se establecen límites a la duración de las actividades inspectoras o instructoras, debe articularse un sistema que cohoneste la eficacia del proceso penal con los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable. La Disposición Transitoria, indica que La modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1 contenida en el artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél, suscitándose así la duda que se nos plantea. En mi opinión, hay que acogernos a la interpretación literal y conforme a ella, a `parir de la entrada en vigor de la reforma, comienza el cómputo de los doce meses íntegros, salvo que hubiesen transcurrido los plazos de instrucción antiguos, en cuyo caso, no será de aplicación el nuevo plazo. Comprendo que son razonables otras interpretaciones, pero entiendo que la última frase de la Disposición, nos obliga a esta interpretación. La tesis contraria se plasma en la Circular FGE1/2021 -EDL 2021/12034 conforme al cual, en cuanto a la retroactividad de las normas procesales debe recordarse el principio general tempus regit actum. Este principio determina que las normas procesales son aplicables a todos los procedimientos en curso desde el momento de su entrada en vigor. En este sentido, la STC 63/1982, de 20 de octubre -EDJ 1982/63 -FJ 3.º-, dispone:

«La incidencia que el artículo 24 CE -EDL 1978/3879 tiene sobre las normas procesales obliga a darle el tratamiento que es propio de éstas a la hora de resolver sobre su eficacia en el tiempo, y según la doctrina prácticamente unánime, las normas procesales tienen efecto inmediato, son aplicables a todos los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor.»

Añadiendo a mayor abundamiento que esta regla procesal, utilizada por el legislador en la disposición transitoria analizada, resulta coherente con la opción asumida por el RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 -EDL 2020/10060 en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo artículo 2 dispuso que «[l]os términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo -EDL 2020/6230-, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio».

La redacción del precepto hace surgir la duda sobre el alcance de la imposición del plazo de doce meses establecido por la ley de reforma. La primera frase de la norma resulta tan clara como innecesaria: en virtud del principio tempus regit actum los procesos en trámite se habrían de regir, con o sin disposición transitoria que lo establezca, por la norma aplicable en el momento en el que el proceso se encuentre, con independencia de que la causa se iniciara con anterioridad a su entrada en vigor. Las dificultades se concentran en la segunda frase, sobre el dies a quo del plazo. Podrá pensarse, conforme a una interpretación literal de la norma, que el dies a quo en todo proceso en trámite es el día de entrada en vigor de la norma, pero ello supondría dotar al precepto de un efecto desfavorable para las partes, con vulneración de la prohibición de irretroactividad establecida por el art. 9.3 CE -EDL 1978/3879 en los casos en que en el proceso en tramitación ya se hubiera superado el plazo correspondiente conforme a la redacción anterior del art. 324 -EDL 1882/1-. En tales supuestos, el precepto no supondría una simple ampliación de un plazo anterior, sino un renacimiento de un plazo fenecido antes de la entrada en vigor de la reforma. La necesidad de efectuar una interpretación constitucional de la disposición transitoria transcrita conduce a entender que el precepto sólo permite la ampliación de plazos cuando los mismos, conforme a la anterior redacción del precepto, no hubieran ya transcurrido.