DERECHO MERCANTIL

Los presupuestos de la acción individual de responsabilidad frente a los administradores sociales en caso de impago de deudas por la sociedad

Foro 02-02-2022 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez

Planteamiento

¿En qué supuestos será responsable el administrador social frente al acreedor que no logra percibir el crédito de la sociedad, en el marco de la acción del art. 241 LSC?; en los casos en los que el administrador no liquide ordenadamente y cierre de hecho la sociedad, ¿cabría invocar la responsabilidad individual del administrador por parte de un acreedor imputándole la infracción del deber de lealtad?

El marco general de las acciones tendentes a exigir responsabilidad a los administradores sociales no ha sufrido modificaciones sustanciales en los últimos años, por contraste con lo acontecido respecto a la legislación sustantiva, donde, como es conocido, la reforma operada en la Ley de Sociedades de Capital por virtud de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, alteró la esencia de la responsabilidad orgánica a partir de una nueva taxonomía de los deberes incumplidos: el deber de diligencia y el deber de lealtad.

Sin embargo, una vez que la adaptación de nuestro Derecho societario a las Directivas comunitarias en materia de sociedades -en particular, a la conocida como Segunda Directiva, 77/91/CEE, de 13 de diciembre de 1976-, fue efectiva, con la introducción de la denominada responsabilidad por deudas (actual art. 367 LSC), el sistema procesal de la exigencia judicial de responsabilidad a los administradores de las sociedades de capital no suscitó la atención reformadora del legislador, lo cual no puede dejar de destacarse en unos tiempos que vienen marcados por incesantes reformas y contrarreformas. Ello no quiere decir, claro está, que las denominadas acciones social, individual, y de responsabilidad por deudas, no presentaran aspectos discutidos, o que fueran objeto de un entendimiento unánime. Si bien se miran las cosas, el mero hecho de la modificación del sistema sustantivo o material de los deberes de los administradores había de incidir de forma irrefragable en el marco de las acciones ejercitables para su exigencia. Pero la observación de la realidad, y el estudio de los repertorios jurisprudenciales, anticipa de inmediato otra conclusión: si bien el régimen jurídico en Derecho positivo de las acciones de responsabilidad social e individual de los administradores permanece inalterado -prácticamente desde la Ley de Sociedades Anónimas de 1951-, ciertos aspectos básicos de su ejercicio, que inciden sobre elementos estructurales de la acción, siguen siendo objeto de discusión y se encuentran en constante desarrollo.

Suele decirse que el elemento distintivo de la acción individual frente a la acción social de responsabilidad (art. 238 LSC), se fundamenta en la atención al patrimonio que directamente ha sufrido el daño, ligado causalmente con la conducta antijurídica imputable al administrador: patrimonio particular del socio o tercero en el primer caso, o patrimonio de la sociedad, en el supuesto de la acción social. Por ello, el éxito de la acción supondrá, según los casos, restañar directamente el patrimonio social perjudicado, o indemnizar directamente el daño causado al patrimonio del tercero. Así lo proclaman con claridad, en un texto que, repetimos, ha permanecido invariable desde la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, el antiguo art. 135 del Texto Refundido (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, TRLSA), y el actual art. 241 LSC: “quedan a salvo las acciones de indemnización que pueden corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos”.

Resulta difícil aproximarse al texto transcrito sin adquirir la impresión de que la acción individual se contempla en la LSC de una forma incidental, a través de una regla de remisión sin contenido material específico, pues la ley, después de regular los aspectos materiales de la responsabilidad de los administradores (presupuestos, extensión subjetiva de la responsabilidad, responsabilidad solidaria de los miembros del órgano de administración), y de determinar, de forma ciertamente detallada, el régimen jurídico de la acción social (forma de ejercicio, sistemas de legitimación principal y subsidiaria), se limita a indicar que este régimen singular es compatible con otras acciones de contenido indemnizatorio que el legislador pueda establecer en favor de socios o de terceros. Pese a ello, la jurisprudencia de forma unánime, y también la opinión de los autores en forma absolutamente mayoritaria, identifican en el artículo 241 LSC una singular acción para la puesta en juego de las normas materiales que disciplinan la responsabilidad de los administradores sociales. De este modo, por contraposición a la acción social -que, como se ha visto, indemniza los daños directos al patrimonio social-, la acción individual se caracteriza por dos notas esenciales: a) el daño causado al demandante -socio o tercero-, es un daño directo, que repercute de esta forma en su patrimonio sin otra interferencia causal; y b) la responsabilidad que el precepto enuncia constituye una modalidad específica de “responsabilidad orgánica”.

La primera nota permitirá discriminar aquéllos supuestos en los que pretende reclamarse al administrador demandado un daño reflejo o mediato, directamente sufrido por la sociedad pero que, de algún modo, repercute en el patrimonio del demandante a través de una disminución del valor de su participación en la sociedad, o de sus expectativas de ganancias. Y la segunda nota -en la que no deja de incidir la doctrina jurisprudencial-, exige que el comportamiento imputado al demandado esté directamente relacionado con su función de administrar la sociedad. Como se ve, esta es la peculiar característica que, desde el entendimiento mayoritario de la acción individual de responsabilidad, singulariza esta acción dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual, prevista con carácter general en el artículo 1902 del Código Civil. El empeño por la construcción autónoma de un modelo de acción de responsabilidad societaria ha determinado la identificación de requisitos de aplicación de la norma que, de algún modo, desbordan los elementos propios de las acciones indemnizatorias, las cuales normalmente se agotan en los tres elementos tradicionales para la puesta en marcha del mecanismo indemnizatorio: acción u omisión antijurídicas, causación de daño, y relación causal, complementados por la exigencia de la imputabilidad de la conducta.

La exigencia de la presencia del ilícito orgánico constituye, pues, el criterio distintivo de esta forma de responsabilidad, y por ello, representa el elemento más complejo para la construcción teórica y para la aplicación práctica de la llamada acción individual porque, si el daño causado directamente al patrimonio del demandante -socio o acreedor-, lo ha sido en el estricto ejercicio del cargo del administrador demandado, por definición, la obligada a responder debería ser la sociedad. Y esta exigencia genera un riesgo cierto de que, con el pretexto de exigir responsabilidad al administrador, se ponga en almoneda el principio esencial de la responsabilidad de la persona jurídica como patrimonio separado. Así, por ejemplo, en la coyuntura de que un administrador incumpla un contrato que obligaba a la sociedad, la responsable por tal incumplimiento debería ser ésta y no aquél. De la misma manera si, en el ejercicio de sus funciones, un administrador adopta una decisión que directamente perjudica a un tercero, debería responder la sociedad, pues es ésta la que actúa a través de su órgano necesario, y si el administrador adopta una decisión que perjudica a la sociedad, se operará dentro del ámbito de la acción social. Por estos motivos, resulta obligado aclarar que el ejercicio de la acción individual contra el administrador no puede suponer la desatención de los requisitos de la personalidad jurídica de las sociedades, su autonomía patrimonial, y la consiguiente responsabilidad exclusiva de la persona jurídica por las deudas sociales. Quien responde es la sociedad si el que actúa es el administrador. El administrador no es fiador de la sociedad, garante personal de las deudas sociales, más que en los casos legalmente establecidos.

Pero de inmediato se advierte que esta tesis, llevada a sus últimas consecuencias, determinaría un ámbito de absoluta irresponsabilidad de la conducta antijurídica de los administradores sociales. Por ello, la sustantividad del elemento de la actuación orgánica del administrador como fundamento de la responsabilidad individual, se justifica en la exigencia de la identificación de una norma que imponga una determinada conducta, activa o pasiva, que, si se incumple, supone la infracción de un deber de diligencia impuesto al administrador societario. Se trata de la idea de que los administradores, como órgano de gestión y representación de la sociedad, son los encargados de dar cumplimiento a normas específicas establecidas para la tutela de concretos intereses, y deben actuar con la diligencia de un ordenado empresario. Desde esta consideración podría afirmarse que no basta cualquier incumplimiento de norma legal o estatutaria para fundamentar la exigencia de responsabilidad individual, sino que habrá que atender a la finalidad de la concreta norma infringida, en relación con los específicos intereses que aquélla trata de tutelar. Un ejemplo paradigmático viene constituido por los casos en los que el administrador infringe normas directamente diseñadas para la protección de intereses de terceros en contextos determinados, como sucede con la obligación de garantía de devolución de las cantidades entregadas por el comprador de una vivienda habitual, impuestas por la previgente Ley 57/1968, y hoy recogida en la Disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (cfr. entre otras, SSTS 242/2014, de 23 de mayo, y 131/2016, de 3 de marzo).

A partir de aquí, la doctrina de los autores suele identificar cuatro grupos de casos que darían fundamento a la acción individual: a) los llamados “ilícitos de empresa”, que agrupan supuestos en los cuales la conducta del administrador lesiona intereses de terceros que no están en una previa relación con la sociedad (daños al medio ambiente, daños personales o materiales, producto de un actuar antijurídico realizados en el marco de las funciones del administrador, por ejemplo, por infracción de las normas de competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, etc.); b) los “ilícitos societarios”, que agruparían supuestos en los que la conducta del administrador lesiona directamente los intereses de los socios, por incumplimiento de normas legales o estatutarias (por ejemplo, incumplimiento de la obligación de entrega del dividendo acordado en junta, no convocatoria del socio, no celebración de la junta, incumplimiento de la obligación de auditar cuentas debiendo hacerlo, no formulación de cuentas, no inscripción del socio en el libro registro de acciones nominativas, el suministro de información falsa, la denegación del ejercicio del derecho de preferente adquisición, la amortización indebida de acciones, la no devolución al socio de la aportación realizada en un aumento de capital incompleto, etc.); y c) un último grupo de casos en los que la conducta del administrador lesiona directamente los intereses de terceros vinculados en una relación contractual previa con la sociedad.

Esta última categoría nos parece la más compleja, y por ello es la que proponemos analizar con más detalle en la presente edición de nuestro Foro. Dentro de ella -que en cierto modo opera en forma residual respecto de las dos tipologías anteriores-, se incluyen los supuestos más polémicos, que vienen obligando a una constante adaptación de la doctrina jurisprudencial. Se trata de los casos del vaciamiento patrimonial de la empresa a través de la enajenación de sus principales activos, los casos de contratación en situaciones de preinsolvencia, o los casos de cierre de hecho de la sociedad, con incumplimiento de las reglas legales que obligan a disolver o a liquidar de una manera ordenada. También estos últimos supuestos plantean problemas de diferenciación con la hipótesis de la responsabilidad por deudas (art. 367 LSC), que cuenta con una regulación específica que, si bien de una parte simplifica los requisitos para el éxito de la acción, de otra enfrenta al demandante con problemas de delimitación temporal de la deuda, y de prueba del incumplimiento de los deberes legales determinantes de la exigencia de responsabilidad.

La jurisprudencia del TS se ha esforzado en identificar los presupuestos de ejercicio de la acción individual cuando se imputa al administrador responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones contractuales de la sociedad, o por motivo del cierre de hecho. Desde la jurisdicción se insiste en que la imposibilidad de cobro del crédito del demandante sólo puede imputarse al administrador bajo “circunstancias muy excepcionales y cualificadas” (cfr. STS 679/2021, de 6 de octubre). Desde la STS de 18.4.2016 se incide en la exigencia de que el demandante realice un “esfuerzo argumentativo”, que justifique que la conducta del administrador demandado resulta reprochable por haber infringido un específico deber legal, y así lo reiteran los pronunciamientos más recientes (cfr. STS 665/2020, de 10 de diciembre, entre otras). En las opiniones de nuestros expertos encontrará el lector una referencia actualizada de las resoluciones jurisprudenciales, algunas muy recientes, de indisimulada finalidad pedagógica, y ciertamente clarificadoras del estado de la cuestión.

La conclusión que obtenemos de cuanto viene exponiéndose es que la acción individual de responsabilidad de los administradores sociales goza de muy buena salud. Varias razones justifican este fenómeno de risorgimiento, que contrasta, como advertimos al inicio del comentario, con la relativa quietud de los preceptos legales que la regulan. Son cuatro las razones que justifican nuestra forma de ver las cosas: a) las mencionadas dificultades para la acreditación de los elementos necesarios para convertir al administrador en fiador de la deuda social, en el marco de la exigencia de la responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC; b) la expresa declaración legal de compatibilidad de la responsabilidad individual con la situación de concurso de acreedores, fruto de la reforma operada en la previgente Ley Concursal por virtud de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, hoy consagrada en el artículo 139 del Texto Refundido (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo); c) la doctrina jurisprudencial que invierte la carga de la prueba de la relación causal en los casos de cierre de hecho, conforme a la cual, si el “esfuerzo argumentativo” se agota suficientemente, la carga de probar que, pese al cierre de hecho, había bienes suficientes en el patrimonio social para satisfacer la deuda del demandante, se impone al administrador demandado (tesis seguida por la STS 472/2016, de 13 de julio, si bien no reiterada posteriormente); y d) sobre todo lo anterior, la normativa de emergencia dictada a consecuencia de la pandemia, que ha suspendido o excepcionado el nacimiento de los deberes legales para el surgimiento de la responsabilidad por deudas, y ha eximido a los administradores del deber de responder por las deudas sociales contraídas durante el estado de alarma si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante su vigencia (art. 40, apartados 11 y 12, del RDL 8/2020, de 17 de marzo, y art. 18 RDL 16/2020, de 28 de abril). Sobre todo ello encontrará el lector cumplida noticia en los comentarios que siguen.

Finalmente, hemos reclamado la atención de nuestros expertos sobre una última cuestión, que servirá para completar la visión sobre el régimen jurídico de la acción individual de responsabilidad. Hasta ahora se ha venido insistiendo en que el elemento distintivo de esta acción, que singulariza su régimen frente al general de la responsabilidad extracontractual, es la presencia de un ilícito orgánico. Los grupos de casos que se han descrito con anterioridad identifican con detalle el ilícito imputable al administrador que conducen, casi inexorablemente, a la imputación de la infracción de un deber general o específico de diligencia, en el sentido exigido por el artículo 225 LSC. Pero la pregunta que nos hacemos es si la acción individual puede justificar imputaciones del deber de lealtad, o si, por el contrario, la infracción del deber de lealtad del art. 227 encuentra su ámbito propio y natural en la acción social de responsabilidad, como parecería apuntar una interpretación literal del texto del artículo 232 LSC. La autonomía del deber de lealtad se ha consagrado tras la reforma de 2014, y las consecuencias de su infracción se han agravado notablemente (cfr. arts. 227 y 232 LSC). Se trataría, por ejemplo, del supuesto en el que se impute al administrador la desviación de fondos sociales en su propio beneficio, o la realización de alguna conducta que suponga la infracción del deber de evitar situaciones de conflicto de interés, como las tipificadas en los distingos supuestos del artículo 229 LSC. En tales casos, ¿puede la actuación del administrador, constitutiva de una situación de conflicto de interés, ser atacada por la vía de la acción individual, o su finalidad exclusiva debe ser la reintegración del patrimonio social?

Comprobará el lector que las respuestas de nuestros expertos descienden al análisis detallado de todas estas cuestiones, con una cuidada exposición sistemática de las diferentes hipótesis legales. La correcta identificación de los elementos de la acción en las demandas condiciona sus posibilidades de éxito, de la misma forma que la invocación indiscriminada de los remedios legales sólo ofrece normalmente confusión, y puede complicar innecesariamente el desarrollo del proceso. Esperamos sugerir a los seguidores de nuestro Foro algunas ideas útiles, en un ámbito fuertemente condicionado por las circunstancias de cada supuesto concreto.

Este foro ha sido publicado en el "Boletín Mercantil", en enero de 2022.

Puntos de vista

Manuel García-Villarrubia Bernabé

1. Introducción: ¿renovada importancia de la acción in...

1. Introducción: ¿renovada importancia de la acción individual en tiempos de pandemia?
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La cuestión objeto de comentario reviste singular importancia en el momento actual. Nos explicamos.
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Como es de todos conocido, la moratoria concursal está, de momento, extendida hasta el 30 de junio de 2022, por efecto del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación -el “RDL 27/2021”-, que modifica en este punto el artículo 6 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia -la “Ley 3/2020”-. Decimos de momento porque, a estas alturas, no se pueden tampoco descartar posteriores extensiones, aunque lo normal sería que no haya más y que esta extensión sea la última y su finalización se haga coincidir con la entrada en vigor de la norma de transposición de la denominada Directiva sobre reestructuraciones -la “Directiva 2019/1023”-, de manera que los deudores en crisis puedan acogerse a las medidas que se prevé introducir. En el momento en que se escriben estas líneas, se encuentra en tramitación parlamentaria, por el procedimiento de urgencia, el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal para la transposición de la Directiva 2019/1023. El texto contempla la entrada en vigor a los veinte días de la publicación de la Ley en el BOE y el compromiso asumido por el Estado español es precisamente que la reforma esté en vigor el 30 de junio de 2022, día previsto de finalización de la moratoria.
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En cualquier caso, la extensión de la moratoria implica, en la práctica, que los acreedores de empresas insolventes que se acojan a la moratoria concursal y no insten el concurso voluntario no podrán contar, hasta que termine la moratoria, con el procedimiento concursal como mecanismo de recuperación de sus créditos -aunque la realidad demuestra que en la inmensa mayoría de los casos es más mecanismo de insatisfacción que de satisfacción-. Y tampoco, evidentemente, podrán disponer de la sección de calificación, que es la sede natural para ventilar eventuales responsabilidades de los administradores en la generación o agravación de la insolvencia y sus consecuencias y que se presenta como un remedio adicional para los acreedores que, ante el impago de la sociedad, ven cómo sus créditos quedan sin ser abonados con los bienes y derechos del concursado. Dicho de otra forma: a día de hoy y salvo solicitud voluntaria por el deudor, el procedimiento concursal está en la práctica desactivado y no es la solución para el acreedor a quien un deudor insolvente ha dejado de pagar sus créditos. Lleva sin serlo, de hecho, desde que se desató la crisis sanitaria.
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Lo mismo pasa con el régimen de responsabilidad por deudas sociales de los administradores del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital -“LSC”-. El artículo tercero.dos RDL 27/2021 modifica el artículo 13.1 Ley 3/2020 en los siguientes términos: “1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente”. No es objeto de este comentario el análisis de esta norma -la redacción original de la Ley 3/2020 fue tratado en García-Villarrubia, M., “Legislación de emergencia y disolución por pérdidas: la responsabilidad de los administradores sociales y el estado de alarma”, en El Derecho. Revista de Derecho Mercantil, núm. 92, 2021-. Lo relevante ahora es que esa previsión determina, en la práctica, la extensión de la hibernación, al menos hasta 2023, del régimen de responsabilidad por deudas sociales en caso de la causa de disolución por pérdidas cualificadas -la más frecuente-. En efecto, para establecer la posible concurrencia de la causa de disolución por pérdidas no se tendrán en cuenta las pérdidas de los ejercicios 2021 y 2022 y, además, hasta la finalización del ejercicio 2022, en que se conocerán los resultados de ese ejercicio, no empezará a correr el plazo de dos meses para la convocatoria de junta, lo que nos lleva a 2023. Como los administradores no estarán obligados a convocar junta, no podrán incurrir en incumplimiento de sus deberes y, por tanto, no podrá surgir la responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 LSC hasta que se produzcan los hitos contemplados en la norma.
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Así las cosas, en el plano estricto de la posibilidad de accionar contra los administradores, las miradas se dirigen, lógicamente, a los remedios ordinarios dispuestos en la normativa societaria para hacer frente a actos u omisiones de los administradores de una compañía realizados con infracción de sus obligaciones. Son, de todos es sabido, la acción social y la acción individual. De las dos, además, parece que la que podría tener más interés para el acreedor es la acción individual. No debe olvidarse que la cantidad reclamada con la acción social tiene como destino el patrimonio social, no el del acreedor, y, además, que, a diferencia de lo que ocurre con la acción individual, su ejercicio y tramitación se encuentra sometido a relevantes modulaciones si la sociedad es declarada en concurso.
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Desde estas consideraciones, la pregunta es si un acreedor puede acudir a la acción individual de responsabilidad para exigir a los administradores, en concepto de indemnización, la totalidad o parte de su crédito que haya resultado impagado por la sociedad deudora. ¿Cabe augurar, en particular, que la situación derivada de las normas de emergencia indicadas -moratoria concursal y desactivación de la responsabilidad de administradores por obligaciones sociales determine una adaptación, o incluso una flexibilización o relajación de los presupuestos para la apreciación de los presupuestos de la acción en este tipo de situaciones?
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El problema planteado se abordará por fases o capas de análisis. Primero se hará referencia a cuestiones generales sobre el régimen legal y los presupuestos de la acción individual. Después, se verán algunos grupos de casos en los que de forma típica se ha planteado la posibilidad de utilizar este remedio, tanto por los socios como por terceros. Y se hará referencia específica al problema concreto de la viabilidad de la acción cuando se trata de reclamar el crédito no pagado por la sociedad deudora, con especial atención a las situaciones de cierre de hecho y/o insolvencia.
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2. La acción individual de responsabilidad de administradores. Presupuestos generales
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Con carácter general, el ordenamiento español configura el régimen de responsabilidad de los administradores de sociedades mercantiles siguiendo el modelo general de responsabilidad por culpa. Esto significa que para el nacimiento y exigencia de esa responsabilidad se han de dar los presupuestos tradicionales propios de la responsabilidad civil por daños: una acción u omisión del administrador contraria a los deberes propios de su cargo e imputable al administrador a título de dolo o negligencia, un daño y el nexo o relación de causalidad entre la conducta del administrador y el daño. Este principio general queda plasmado en el artículo 236 LSC, según el cual, “los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa”.
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Como es de todos conocido, a la acción individual de responsabilidad de administradores se dedica una sola norma específica. Es el artículo 241 LSC, en el que, después de hacer referencia a la acción social de responsabilidad, se dispone que “quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos”.
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La palabra clave, que diferencia la acción individual de la acción social y determina el objeto y finalidad de la primera, es el adverbio “directamente”. La acción individual de responsabilidad se dirige a la reparación de los daños directos causados por los administradores en el patrimonio de los socios y terceros. En consecuencia, la compensación o indemnización que se pueda obtener a resultas de la acción individual ingresará directamente en el patrimonio de esos socios o terceros, a diferencia de lo que ocurre en la acción social cuando éstos hacen uso de la legitimación subsidiaria o por sustitución que la Ley les confiere. Esta nota está presente de manera constante en la jurisprudencia que hace referencia a los requisitos o presupuestos materiales de la acción individual.
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Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2008 -Roj: 6457/2008-, con todas las que cita, destaca que “la acción individual es una acción personal, que se dirige a la reparación de los perjuicios causados, «directa e individualmente, a los intereses de los accionistas y de los terceros» [Sentencias de 12 julio 1984, 21 mayo 1985, 12 de abril de 1989, 4 de noviembre de 1991 y 14 de marzo de 2007], responsabilidad de naturaleza extracontractual que precisa para su estimación de la concurrencia de los siguientes requisitos: a daño al socio o acreedor, «que ha de consistir en una lesión directa a su patrimonio» por lo que no basta acreditar la mera insolvencia de la sociedad [Sentencia de 28 de abril de 2006, citada también por la de 14 de marzo de 2007] b que se hayan producido actos u omisiones negligentes por parte de los administradores, por incumplimiento de la obligación de proceder como un ordenado empresario, pues no es necesario que se haya producido un acto contrario a la Ley o los estatutos sociales, sino que basta con que se haya omitido la diligencia exigible conforme al artículo 127 LSA -la que corresponde a un ordenado empresario y representante leal-, y c que exista relación de causalidad entre la conducta y el daño [Sentencias de 7 de marzo de 2006 y la 14 de marzo de 2007, entre muchísimas más]”. Estos presupuestos han sido recordados de manera muy reciente por la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2021 -Roj: STS 4237/2021-, a la que después se hará referencia detenida, por tratar de forma específica el supuesto objeto de comentario.
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3. Acción individual promovida por socios
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La acción individual puede ser promovida, en primer lugar, por los socios de la compañía. Para ello, ha de estarse ante una situación en la que el comportamiento -por acción u omisión de los administradores haya causado un daño directo a esos socios. La legitimación de los socios es en este caso directa y no se precisa reunir un porcentaje mínimo de participación en el capital social.
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Ha sido a propósito de ese supuesto cuando tradicionalmente la jurisprudencia ha tenido que establecer la diferencia entre qué ha de entenderse por daños directos causados a los socios susceptibles de reparación por la acción individual, frente a los que podrían denominarse daños indirectos o reflejos, derivados de daños directos producidos en el patrimonio de la sociedad, no susceptibles de reparación por este cauce, sino por el de la acción social de responsabilidad. Y es aquí, como se ha visto, donde ha sido preciso establecer con mayor insistencia las diferencias entre la acción social y la acción individual, distinción que es también aplicable a la acción individual para la reparación de daños directos causados a terceros, singularmente los acreedores de la compañía. De ahí la conveniencia de hacer una primera referencia a los supuestos de ejercicio de la acción individual por socios de la compañía.
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Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2013 -Roj: STS 3605/2013-, “la jurisprudencia y la doctrina han distinguido en el sistema legal de responsabilidad de los administradores sociales que los daños se causen a la sociedad, o se causen a socios o terceros, generalmente acreedores y en este último caso, que la lesión sea directa, o que sea indirecta, en cuanto refleja de la causada directamente a la sociedad”.En efecto, el daño causado directamente a la sociedad puede, de modo reflejo, provocar también daños a los socios. La disminución del patrimonio social genera la correlativa disminución del valor de las acciones o participaciones sociales de las que es titular el socio, y puede determinar que no se repartan dividendos, o se repartan en menor medida. En tal caso, la conducta ilícita del administrador produce un daño indirecto al socio -también llamado reflejo o secundario-, pero no un daño directo. Ese daño indirecto no es susceptible de reparación mediante el ejercicio de la acción individual. Como sigue diciendo la resolución indicada, que recoge constante y abundante doctrina jurisprudencial, “por esa razón, doctrina y jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual pueda el socio exigir al administrador social responsabilidad por los daños que se produzcan de modo reflejo en su patrimonio como consecuencia del daño causado directamente a la sociedad [...] Si el daño al socio es reflejo del daño al patrimonio social sólo puede ejercitarse la acción social de responsabilidad. En tal caso, la indemnización que se obtenga reparará el patrimonio social y, de reflejo, el individual de socios o terceros”.
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Cabe, entonces, preguntarse en qué situaciones puede considerarse que el comportamiento de un administrador causa un daño directo a un socio. En términos generales, pueden calificarse como daños directos a los socios los derivados de la ilícita intromisión del administrador en las relaciones societarias del socio con la compañía. Son hipótesis de privación de la condición de socio o de infracción de derechos de participación y económicos de los socios, que tienen como efecto una lesión directa del socio en su condición de tal, bien por provocarle un quebranto económico, bien por disminuir el valor de su participación en el capital de la sociedad. Se han identificado como comportamientos de este tipo el impedimento del ejercicio del derecho de voto, el desconocimiento del derecho de suscripción preferente, la amortización indebida de acciones o la negativa del administrador a realizar el pago de un dividendo acordado en junta general, supuesto este último en el que el socio tiene además la condición de acreedor de la sociedad. En todos estos supuestos, no obstante, se plantea el problema de la coordinación del régimen de responsabilidad de administradores con el de impugnación de acuerdos sociales, en los casos en que medie un acuerdo tomado en junta general. Si el acuerdo incurre en causa de impugnación, parece razonable reclamar que la exigencia de responsabilidad a los administradores venga precedida de su anulación mediante el ejercicio de la acción de impugnación de acuerdos sociales.
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4. Acción individual promovida por terceros. La reclamación a los administradores de la parte del crédito no pagada por la sociedad deudora
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La acción individual de responsabilidad también se dirige a la reparación de los daños directos causados a terceros, sobre todo acreedores de la sociedad. Se trata igualmente de un supuesto de legitimación directa que se reconoce a los que en su propio patrimonio han experimentado daños como consecuencia de la actuación de los administradores de una sociedad.
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Es aquí también de interés la necesaria distinción entre daños directos y daños indirectos o reflejos, aunque la posibilidad de confusión es menor que en el caso de la acción individual promovida por socios. Dada la función de garantía que el patrimonio social tiene para el acreedor, el quebranto patrimonial provocado por la conducta ilícita del administrador supone la disminución, o incluso puede suponer la desaparición, de esa garantía frente a terceros como los acreedores. Desde esa perspectiva, el daño directo causado a la sociedad incide de manera indirecta o refleja en el de los acreedores de la sociedad. Pero esa incidencia indirecta no es tampoco susceptible de reparación por el cauce de la acción individual.
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Se ha planteado qué casos pueden identificarse como supuestos generadores de responsabilidad de administradores susceptibles de dar lugar al ejercicio de esta acción. Tanto doctrina como práctica judicial han señalado un grupo de casos que pueden ser objeto de enunciación.
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Uno de los supuestos es el de daños a terceros que no estaban en previa relación con la compañía. Nos movemos en el terreno de la responsabilidad extracontractual por daños causados por la sociedad. La responsabilidad de los administradores surgirá no sólo en el caso de dolo, sino también en el de omisión de deberes de vigilancia e intervención que incumbieran al administrador y cuyo cumplimiento hubiera podido evitar o aminorar el daño. Un ejemplo que se suele invocar es el resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2004 -Roj: STS 246/2004-, que condenó de forma solidaria a la sociedad y a sus administradores por los daños sufridos por un menor que entró en una mina abandonada en la que no había señal de peligro. Se considera que hubo un comportamiento -omisión de los administradores generador de su responsabilidad consistente en “la omisión y el incumplimiento de los deberes generales de seguridad y de protección de terceros indeterminadas y, en general, los relativos al cumplimiento de las exigencias y cuidados de la vida en comunidad y a la evitación de posibles daños a terceros”.
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Dejando al margen los supuestos a que se acaba de hacer referencia, la posibilidad de dirigirse contra los administradores a través de la acción individual para hacer frente a situaciones de impago de la sociedad -normalmente, por tanto, en conexión con una relación contractual entre la sociedad y el tercero ha de verse, necesariamente, como una situación excepcional, en la que es precisa una actuación específica de los administradores en relación con el acreedor o acreedor de que se trate que vaya más allá del puro hecho del impago de una deuda por la sociedad. La acción individual no está diseñada para convertir al administrador en responsable de las deudas de la sociedad. Su finalidad es indemnizar el daño directo causado al socio o el tercero por un ilícito orgánico imputable a los administradores. Son cosas bien diferentes. Con ejemplos se verá seguramente más claro.
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Un supuesto en el que se ha acudido a la acción individual de responsabilidad para, en última instancia, hacer que los administradores afronten el pago a un acreedor de una deuda originariamente de la sociedad es el de incumplimiento por los administradores de normas de carácter imperativo que precisamente determinan que la sociedad no pueda hacer frente a sus deudas. Es muestra de ello la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2014 -Roj: STS 2037/2014-, que ha dado lugar a otras, como la Sentencia de 3 de marzo de 2016 -Roj: STS 959/2016-. El supuesto planteado se describe en la primera de ellas de la siguiente manera: “la cuestión nuclear que se plantea en el presente recurso es resolver si el incumplimiento por la sociedad demandada promotora de la obligación de garantizar al comprador las cantidades entregadas anticipadamente en caso de resolución del contrato de compraventa, exigida legalmente por la Ley 57/1968 y por la Disposición Adicional Primera de la Ley 23/1999, constituye un incumplimiento que puede ser, además, imputable a los administradores para exigirles responsabilidad a título individual -ex art. 69 LSRL, arts. 133 y 135 LSA, actualmente arts. 236, 237 y 241 LSC-, y si tal responsabilidad es solidaria con la sociedad”. La respuesta del Alto Tribunal es afirmativa. Se recuerda en la última de las resoluciones que “en casos como el presente, los administradores tienen la obligación de cumplir y respetar las normas legales que afectan a la actividad social o sectorial. El cumplimiento de este deber objetivo de cuidado, que consiste en no dañar a los demás, exige emplear la diligencia de un ordenado empresario y cumplir los deberes impuestos por las leyes -art. 225 LSC en relación con los terceros directamente afectados por su actuación. La infracción de este deber supone un incumplimiento de una obligación de la sociedad, que es imputable a los administradores, por negligencia, en el ejercicio de sus funciones en el cargo, en su actuación como órgano social”. Considera así el Tribunal Supremo que concurren los presupuestos para la estimación de la acción individual de responsabilidad: «-i incumplimiento de una norma, en concreto, la Ley 57/1968, debido al comportamiento omisivo de los administradores -ii imputabilidad de tal conducta omisiva a los administradores, como órgano social -iii que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño -iv el daño que se infiere debe ser directo al tercero que contrata, en este caso, al acreedor, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad y -v relación de causalidad entre la conducta contraria a la ley y el daño directo ocasionado al tercero, pues, sin duda, el incumplimiento de la obligación de garantizar la devolución de las cantidades ha producido un daño a la compradora, que, al optar, de acuerdo con el art. 3 de la Ley 57/1968, entre la prórroga del contrato o su resolución con devolución de las cantidades anticipadas, no puede obtener la satisfacción de ésta última pretensión, al no hallarse garantizadas las sumas entregadas. El incumplimiento de una norma legal sectorial, de ius cogens, cuyo cumplimiento se impone como deber de diligencia del administrador, se conecta con el ámbito de sus funciones -arts. 225, 226, 236 y 214 LSC-, por lo que le es directamente imputable”. Se advierte, no obstante, que “la conducta imputable a los administradores sociales demandados no es el incumplimiento de una obligación contractual de la sociedad que administran, sino la infracción de un deber legal de carácter imperativo”. Se trata, como puede comprobarse, de un supuesto en el que existe una relación contractual entre la sociedad y el tercero -comprador pero en el que se ha producido el incumplimiento de una obligación legal de carácter imperativo, consistente en garantizar al comprador la devolución de las cantidades entregadas a cuenta en caso de resolución del contrato de compraventa. El incumplimiento de esa obligación se entiende imputable a los administradores y se les condena, como daño directo al comprador, a abonar la cantidad cuya devolución debería haber sido garantizada.
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Un comportamiento inadecuado de los administradores que se ha considerado susceptible de generar un daño directo a terceros que puede llevar a la condena a indemnizar a esos terceros en el importe de la deuda impagado por la sociedad es el de suministro de informaciones falsas o incorrectas durante el período de formación de una relación contractual, o el de ocultación de información relevante que, de haberse proporcionado, hubiera sido decisiva para la concertación del negocio jurídico -entiéndase, la no concertación o la concertación en términos diferentes-. En la mayoría de esos casos, la información de que se trata hace referencia a la situación económica y financiera de la sociedad y a su imposibilidad o dificultad para hacer frente a sus obligaciones, incluida, en el escenario extremo, la insolvencia coyuntural o estructural de la compañía. La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2004 -Roj: STS 6888/2004 indica que “uno de los comportamientos aptos para producir ese daño directo en el patrimonio de un tercero consiste en la celebración de un contrato con ocultación de que el endeudamiento es excesivo para las posibilidades patrimoniales de la sociedad por la que actúa el administrador, cuando finalmente la misma no cumple de modo voluntario sus obligaciones ni puede hacerlo por carecer de bienes suficientes”. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2005 -Roj: STS 3758/2005 se refiere a un supuesto en el que considera que “ha habido ocultación por don José Ángel de los datos financieros reales de la entidad prestataria al tiempo del contrato de préstamo suscrito entre ‘Banco del Comercio, S.A.’ y ‘Sitones, S.A.’, al no revelar con exactitud la presencia de los documentos de garantía a favor de ‘Banesto’, cuyo conocimiento estaba obligado a proporcionar a la actora por la índole y la entidad económica de la relación contractual de referencia”. Para el Alto Tribunal, “el Administrador demandado ha omitido el deber de diligencia adecuado para el ejercicio de su cargo, y ello nos lleva a la conclusión de que debe responder con la entidad codemandada de la deuda social [...], habida cuenta de que entre las acciones y omisiones de aquél y el daño existe el correspondiente nexo de causalidad“. También puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2010, que condena a pagar la deuda de la sociedad a los administradores que contrataron en nombre de la sociedad con conocimiento de su incapacidad para cumplir, provocando un desplazamiento patrimonial del demandante basado en una apariencia de solvencia de la sociedad deudora que no era real. Como puede verse, de nuevo, no se trata de una simple situación de impago a un acreedor de una deuda de la sociedad. Hay un comportamiento específico de los administradores relacionado con los acreedores, en el caso analizado producido en una fase previa al inicio de la relación contractual.
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Se ha planteado también si podría acudirse a la acción individual de responsabilidad del artículo 241 LSC para hacer frente a situaciones de incumplimiento de una relación contractual entre la sociedad y un tercero. La dificultad está en identificar posibles ilícitos de los administradores que justifiquen la superación excepcional de los principios tradicionales que establecen a la sociedad como centro de imputación y de garantía de los intereses de los acreedores y, en consecuencia, excluyen la responsabilidad personal de los administradores por los incumplimientos contractuales de la sociedad. El punto de partida es, en efecto, que la responsabilidad del administrador no puede surgir por el solo hecho de un incumplimiento contractual, porque de admitirse esa solución se convertiría a los administradores en una suerte de garantes personales o fiadores de las obligaciones de la sociedad. Desde esa perspectiva, los supuestos que permiten acudir a la vía del artículo 241 LSC en situaciones de incumplimiento contractual tienen necesariamente un carácter residual. Pero no se deben excluir en términos absolutos. Uno de ellos puede ser el de incumplimiento doloso de la prestación asumida por la sociedad. Ha de tratarse, en todo caso, de una actuación del administrador destinada de manera específica y concreta a perjudicar al acreedor. La jurisprudencia, de manera no demasiado sistemática, ha identificado comportamientos de ese tenor como aptos para la reparación de los perjuicios causados a través de la acción del artículo 241 LSC. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2004 -Roj: STS 8033/2004 se refiere a un caso de incumplimiento contractual en el que existían actuaciones personales de los administradores dirigidas a perjudicar a determinados acreedores de la sociedad.
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5. Acción individual en situaciones de cierre de hecho y/o incumplimiento de deberes concursales o preconcursales
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Atención independiente merece la posible utilización del artículo 241 LSC para comportamientos de los administradores que guarden relación con situaciones de indebida continuación de la actividad empresarial y/o liquidación no ordenada de los activos cuando la compañía ya es insolvente o está próxima a serlo. También, con incumplimientos de deberes concursales o preconcursales. Las combinaciones de supuestos pueden ser de lo más variado y las situaciones indicadas pueden darse a la vez o de forma sucesiva en un mismo caso.
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Para que pueda entrar en juego la acción individual del artículo 241 LSC se exige un comportamiento específico de los administradores -por acción u omisión que repercuta directamente en la esfera del acreedor. En particular, se ha considerado que un comportamiento de este tipo puede estar relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de los administradores relativas a una ordenada disolución y liquidación de la sociedad. Para esas situaciones está precisamente previsto el régimen de responsabilidad de los administradores por deudas sociales del artículo 367 LSC. Pero se ha venido entendiendo que la desatención por los administradores a sus obligaciones relativas a la disolución y liquidación de la sociedad puede llegar a entenderse como un ilícito orgánico susceptible de desencadenar la responsabilidad ex artículo 241 LSC por todo o parte del crédito si se aporta cumplida acreditación de que, de haberse atendido esas obligaciones, se habría podido producir la satisfacción total o parcial del crédito del acreedor. Particularmente será así si al incumplimiento de esas obligaciones se añaden comportamientos activos de los que se desprenda una incidencia directa de la conducta del administrador sobre la posición del acreedor de que se trate.
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Por lo que se refiere al incumplimiento de los deberes relacionados con el concurso de la sociedad, ha de tenerse en cuenta que la acción individual de responsabilidad no está prevista para ello, ya que se está ante una actuación de los administradores que repercute de forma directa en el patrimonio social y sólo de manera indirecta en el de los acreedores. La solución puede ser distinta si lo que ocurre es que se producen comportamientos específicos de los administradores relacionados con uno o varios acreedores de los que se desprenda una voluntad de perjudicarles en sus relaciones con la sociedad. Tal puede ser el caso de pagos realizados sin respetar la igualdad de trato de acreedores. Se ha dicho que no se trataría de un comportamiento generador de un daño a la sociedad, sino directo a los demás acreedores, que podrían reclamar como indemnización el importe que dejaron de percibir como consecuencia de esos pagos realizados de forma selectiva para beneficiar a determinados acreedores en detrimento de otros cuyos créditos, en condiciones normales, deberían haber sido satisfechos antes.
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En todo caso, no bastará simplemente con que se dé una situación de insolvencia de la sociedad o de incapacidad de esta para hacer frente a sus deudas. Si lo que se da es un comportamiento del administrador que sería de los que darían lugar, en caso de concurso, a una calificación de culpabilidad y, en su caso, a una eventual condena por responsabilidad concursal, el remedio habrá de buscarse por ese camino, no por el de la acción individual. Por ejemplo, si los administradores incurren en incumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de concurso dentro del plazo legal y el retraso determina una agravación del estado de insolvencia, ello podrá dar lugar, en su día y en su caso, a que el concurso se califique como culpable y se condene al administrador o administradores responsables a la cobertura del déficit concursal si se dan los presupuestos legales para ello. Pero difícilmente podrá alegarse que se está ante una conducta de los administradores causante de un daño directo a los acreedores consistente en el impago de sus créditos frente a la sociedad, que pueda repararse por el cauce de la acción individual.
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Este es el camino por el que viene discurriendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, rica en matices según las circunstancias concurrentes. Veamos algunos ejemplos.
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El primero es el de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2016 -Roj: STS 1650/2016-, relativa a un supuesto en el que “el daño cuya indemnización se pretende se corresponde con el importe de la deuda que la sociedad tiene con la demandante, derivada de los suministros de aglomerado”. La Sala advierte que “con carácter general, debemos recordar que no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad. De otro modo supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC”. Añade después, a la vista de los hechos de las instancias, que “en este contexto, para que pueda imputarse a la administradora el impago de una deuda social, como daño ocasionado directamente a la sociedad acreedora, no basta con afirmar que se demoró la exigibilidad del pago de la deuda mediante el endoso de unos pagares, mientras la sociedad era insolvente y la administradora dejó de cumplir con el deber de liquidar de forma ordenada la sociedad. Debe existir un incumplimiento más nítido de un deber legal al que pueda anudarse de forma directa el impago de la deuda social. De otro modo, si los tribunales no afinan en esta exigencia, corremos el riesgo de atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de las deudas sociales en caso de insolvencia de la compañía, cuando no es ésta la mens legis. La ley, cuando ha querido imputar a los administradores la responsabilidad solidaria por el impago de las deudas sociales en caso de incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad, ha restringido esta responsabilidad a los créditos posteriores a la aparición de la causa de disolución -art. 367 LSC-. Si fuera de estos casos, se pretende, como hace la demandante en su demanda, reclamar de la administradora la responsabilidad por el impago de sus créditos frente a la sociedad, debe hacerse un esfuerzo argumentativo, del que carece la demanda, por mostrar la incidencia directa del incumplimiento de un deber legal cualificado en la falta de cobro de aquellos créditos”. Sobre esa base, se concluye que “en nuestro caso, en realidad, se está imputando al administrador el impago de las deudas sociales con la demandada, sin que tal impago sea directamente imputable, con carácter general, al administrador. Ni siquiera cuando la sociedad deviene en causa de disolución por pérdidas y no es formalmente disuelta, a no ser que conste que caso de haberlo sido, sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito. Para ello hay que hacer un esfuerzo cuando menos argumentativo -sin perjuicio de trasladarle a los administradores las consecuencias de la carga de la prueba de la situación patrimonial de la sociedad en cada momento-, que no han realizado ni la demandante, ni los tribunales de instancia”.
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La posterior Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2016 -Roj: STS 3433/2016 parte de las mismas consideraciones generales. Pero llega a una conclusión distinta. Aquí el Alto Tribunal recuerda que “para que el ilícito orgánico que supone el cierre de hecho -incumplimiento de los deberes de disolución y liquidación de la sociedad pueda dar lugar a una acción individual es preciso que el daño ocasionado sea directo al acreedor que la ejercita. Esto es: es necesario que el ilícito orgánico incida directamente en la insatisfacción del crédito. [...] Es indudable que el incumplimiento de los deberes legales relativos a la disolución de la sociedad y a su liquidación, constituye un ilícito orgánico grave del administrador y, en su caso, del liquidador. Pero, para que prospere la acción individual en estos casos, no basta con que la sociedad hubiera estado en causa de disolución y no hubiera sido formalmente disuelta, sino que es preciso acreditar algo más, que de haberse realizado la correcta disolución y liquidación sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito, total o parcialmente. Dicho de otro modo, más general, que el cierre de hecho impidió el pago del crédito”. Para la Sala, “en nuestro caso, la demanda no se limita a fundar la responsabilidad del administrador demandado respecto del impago de los créditos de la demandante en la falta de disolución y liquidación de la sociedad deudora. Aduce que el cierre de hecho iba ligado a una demora en la exigibilidad de los créditos de la demandante, mediante la emisión de unos pagarés, y la desaparición de los activos de la sociedad, que ha impedido la satisfacción de los créditos del demandante. [...] Si partimos de la base de que el administrador venía obligado a practicar una liquidación ordenada de los activos de la sociedad y al pago de las deudas sociales pendientes con el resultado de la liquidación, y consta que existían algunos activos que hubieran permitido pagar por lo menos una parte de los créditos, mientras el administrador no demuestre lo contrario, debemos concluir que el incumplimiento de aquel deber legal ha contribuido al impago de los créditos del demandante. En consecuencia, resulta procedente la estimación la acción de responsabilidad y condenar al administrador demandado al pago del perjuicio sufrido por la demandada como consecuencia del cierre de hecho de la sociedad deudora, que ha supuesto el incumplimiento de los deberes de liquidación ordenada de la sociedad. Perjuicio que, en este caso, a falta de prueba en contrario, viene representado por el importe de los créditos que, como consecuencia de aquel ilícito orgánico, la demandante no pudo cobrar”.
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Muy interesante es la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2019 -Roj: STS 3625/2019-, que se refiere a un supuesto en el que al cese de hecho de la actividad de la sociedad sin practicar las correspondientes operaciones de liquidación había seguido su declaración en concurso de acreedores. En opinión del Tribunal Supremo, “en un supuesto como este la dificultad radica en apreciar una relación de causalidad entre esta conducta y el impago de la deuda, pues se precisa la constatación de la existencia de concretos activos cuya realización hubiera permitido abonar total o parcialmente la deuda. Algo que realizado hubiera servido para pagar el crédito”. Se razona, sobre esa base, que “cuando un cierre de hecho de una sociedad viene seguido de una declaración de concurso de acreedores de la sociedad, aunque sea dos años después, esa relación de causalidad se difumina tanto que dificulta su apreciación. Aun en el supuesto en que se demostrara que al tiempo de verificarse el cierre había algún activo concreto pendiente de ser liquidado, con el que se hubiera podido pagar el crédito del demandante, la posterior apertura del concurso pone de relieve la existencia de otros acreedores concurrentes, lo que dificulta concluir que con aquella correcta liquidación se hubiera pagado necesariamente el crédito del demandante. Como subyace a la explicación dada por la sentencia recurrida al desestimar la acción, la concurrencia de otros acreedores en un concurso de acreedores está justificada por una situación de insolvencia de la sociedad deudora que, cuando viene precedida de un cierre de hecho, pone en evidencia la imposibilidad de pagar todos los créditos con los activos existentes. Y, en su caso, los posibles fraudes derivados de la distracción de bienes o del retraso en la solicitud del concurso, como afirma la sentencia, tienen un cauce natural para su apreciación y sanción, que es la calificación concursal. De tal forma que, cuando un cierre de hecho desemboca en un concurso de acreedores, la concurrencia de otros acreedores y la imposibilidad de satisfacer con los activos existentes todos créditos, dificulta apreciar una relación de causalidad entre el retraso en instar el concurso de acreedores y la falta de pago del acreedor que ejercita la acción individual. Sin perjuicio de la represión, en sede de calificación, de las actuaciones culposas o dolosas del administrador que hubiera agravado la insolvencia en un periodo previo a la declaración de concurso, mediante la distracción de bienes o activos de la sociedad. Estas acciones de responsabilidad concursales ejercitadas en la sección de calificación velarían, en su caso, por todos los perjudicados por los eventuales comportamientos del administrador que con dolo o culpa grave hayan impedido el cobro de los créditos de la sociedad, al generar o agravar la insolvencia. En consecuencia, procede desestimar el motivo y confirmar el criterio seguido por la sentencia recurrida que, a pesar de constatar ‘la deuda impagada y que el administrador no realizó operaciones de liquidación después del cierre’, entiende que no se cumplen los requisitos de la acción individual”.
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Terminamos la exposición de casos con la reciente de 24 de noviembre de 2021, antes citada. El punto de partida fue un procedimiento judicial en el que se condenó a una sociedad a abonar una cantidad de dinero a determinadas personas -no se aclara si relacionadas o no con la sociedad-. El asunto llegó al Tribunal Supremo y se señaló vista para el 7 de marzo de 2013. La sociedad había cesado en su actividad en 2011 y mantenía en su patrimonio dos activos inmobiliarios. Los días 26 y 30 de abril de 2013 la sociedad vendió las fincas a un tercero -tampoco se sabe si relacionado o no con la sociedad o sus socios por un importe total de 3.575.000 euros, que se destinó a saldar todas las deudas de la compañía, por importe de 3.568.868,82 euros. Todas, menos la que se discutía en el procedimiento ante el Tribunal Supremo. Para este, “el comportamiento ilícito de los administradores demandados en relación con la venta de los dos inmuebles de la sociedad, que eran sus únicos activos, se produjo tanto por la forma apresurada de venderlos por un importe inferior al que se hubiera podido lograr en un liquidación ordenada, que cubriera justo lo que se necesitaba para pagar a todos los acreedores menos los demandantes, como por no haber optado por una venta ordenada dentro de un procedimiento de insolvencia, si es que con lo que se podía obtener de la venta de los inmuebles no era posible pagar a todos los acreedores”. Según la Sentencia, los administradores demandados “conocían que la votación y fallo del recurso había sido fijada inicialmente para el día 14 de febrero de 2013 y después para el día 7 de marzo de 2013 los administradores vendieron los dos inmuebles, los días 26 y 30 de abril de 2013, por un importe total de 3.575.000 euros, que destinaron a pagar deudas sociales pendientes por un importe total de 3.568.868,82 euros, que eran todas salvo el crédito de los demandantes. [...] Al respecto es muy significativo que los inmuebles se vendieran por 3.575.000 euros y el montante total de los créditos, descontado el de los demandantes, fuera de 3.568.868,82 euros. Es indudable que esta actuación iba encaminada a impedir el cobro del crédito que pudiera serles reconocido a los demandantes. En realidad, no se discute la ilicitud de la conducta consistente en la venta apresurada de los dos activos y su incidencia en la causación de un daño directo a los acreedores, perseguido con esa actuación por los administradores, de impedir el cobro del crédito que pudiera reconocerse a los demandantes frente a la sociedad. Sí resulta controvertida la cuantificación del daño, representado por el importe estimado del crédito que hubiera podido satisfacerse de no haber existido esa conducta. Si la conducta hubiera quedado reducida a que, considerado correcto el precio obtenido con la liquidación, no se procedió al pago ordenado de los créditos en un concurso de acreedores, el razonamiento de la Audiencia sobre lo que presumiblemente hubieran podido cobrar en el concurso los demandantes podría tener cierto sentido. Pero la conducta ilícita apreciada en la instancia abarcaba también que con la venta apresurada de los bienes se había obtenido un precio muy inferior al que se hubiera podido lograr de otra forma, y que hubiera permitido pagar el crédito de los demandantes. Lo acreditado en la instancia permite inferir que tanto en una ejecución judicial como en una venta directa, se hubiera podido obtener dinero suficiente para pagar el crédito de los demandantes”. Como puede comprobarse, se está ante un supuesto que podría considerarse “de manual”, casi de laboratorio, de lo que es una actuación de los administradores diseñada para liquidar los activos de la compañía dejando sin pagar un solo crédito, el de los acreedores demandantes. Y es interesante que la Audiencia Provincial, estimando la acción individual, redujo sin embargo el importe de la indemnización concedida. No lo fue por el total del crédito no satisfecho, sino que la condena se basó en una estimación de lo que los acreedores habrían percibido en un eventual concurso de la sociedad deudora -“debiendo cuantificarse el perjuicio causado a los demandantes en un 40% del crédito concursal que se le habría reconocido a los actores”-. Este planteamiento es descartado por el Tribunal Supremo, que condena a los demandados al pago íntegro del crédito en que se cuantifica el perjuicio causado por su conducta -incumplimiento de su obligación de ordenada liquidación de los activos y venta apresurada de estos por un precio muy inferior al que se habría podido obtener y que habría permitido la satisfacción íntegra del crédito-.
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Como puede comprobarse, en definitiva, en casos en los que se produce una situación de cierre de hecho de una sociedad sin practicar las correspondientes operaciones de liquidación, se ha admitido la posibilidad de acudir a la acción individual de responsabilidad del artículo 241 LSC si, además de la situación de impago total o parcial de la deuda, se puede justificar un comportamiento específico de los administradores con incidencia directa en la insatisfacción total o parcial de ese crédito. El incumplimiento de las obligaciones relativas a una ordenada y adecuada liquidación de la compañía se ha considerado como un ilícito orgánico apto a tales efectos, si bien se ha de aportar una justificación añadida sobre su incidencia real y directa en el impago. La posibilidad de realizar esa justificación dependerá de las circunstancias del caso, pero si la sociedad ha sido posteriormente declarada en concurso todo parece indicar que no será posible establecer esa necesaria relación entre el impago y la conducta de los administradores y las eventuales responsabilidades concurrentes habrán de dirimirse en la sección de calificación.
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En este contexto, como decíamos, en el momento presente y pese a las dificultades, la acción individual de responsabilidad de administradores adquiere un protagonismo especial como posible remedio ante situaciones anómalas de compañías mercantiles inviables que, por efecto de las disposiciones antes comentadas -moratoria concursal y exclusión de las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de la causa de disolución por pérdidas cualificadas-, sigan existiendo en el tráfico jurídico mercantil sin realizar una liquidación ordenada de sus activos o que incluso sigan contrayendo obligaciones frente a terceros pese a su situación. La acción individual de responsabilidad sigue siendo un remedio excepcional y, para que sea un recurso válido en ese tipo de situaciones, han de darse los exigentes presupuestos establecidos por la jurisprudencia. Pero no se puede esconder que el escenario actual es especialmente propicio para ello.
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Luis Antonio Soler Pascual

Debe recordarse en primer lugar que la acción individual de responsabi...

Debe recordarse en primer lugar que la acción individual de responsabilidad de los administradores sociales tiene por objeto una responsabilidad por daño causado a terceros que no tienen relación contractual con el propio administrador, lo que explica que sus presupuestos sean, en esencia, trasuntos del art. 1902 CC. De ahí que de ordinario se haga referencia a la exigencia de una acción u omisión de los administradores sociales en ejercicio de su cargo, a la existencia de un daño directamente sufrido por el acreedor de la entidad social -daño que no debe identificarse con el impago so pena de eliminar por completo el riesgo comercial entre empresas y de desvirtuar el principio básico de que la obligación la contrae la sociedad y no su administrador-, a la necesaria concurrencia de una relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño y, finalmente, a la apreciación de imputación subjetiva en la conducta del administrador determinante del daño o, lo que es lo mismo, a determinar cuál de los deberes impuestos vinculados a la protección del crédito habría infringido por acción u omisión.
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Por tanto, en el caso de la acción individual por daños del art. 241 LSC, quien la deduce debe haber padecido un daño que se pueda imputar subjetivamente a un administrador social por incumplimiento de alguna obligación que la norma les impone para la protección del interés de los acreedores.
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En palabras del Tribunal Supremo -STS 580/2019 de 5 de noviembre “para que pueda prosperar la acción individual es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito.”.
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Pero no es suficiente con el incumplimiento de obligaciones contractuales o legales de la sociedad sino que, como dice la STS de 10 de diciembre de 2020, es preciso un “incumplimiento vinculado a una conducta del administrador”, como ocurre, por ejemplo, cuando el administrador social contrata conociendo, o debiendo conocer, que la sociedad no logrará cumplir con la prestación que le corresponda, de ordinario, el pago de la prestación, matiz subjetivo sobre el que se ha pronunciado la jurisprudencia con reiteración.
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De ahí que se afirme -STS 150/2017, de 2 de marzo, y 274/2017, de 5 de mayo que -no puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo” ya que “esta concepción de la responsabilidad de los administradores sociales convertiría tal responsabilidad en objetiva y se produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su administrador-.
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Esto explica que la jurisprudencia -STS de 10 de diciembre de 2020 refiera que es la infracción del administrador debe venir residenciado en la infracción de un “deber cualificado” porque, según afirma, “no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad o por cualquier deuda social, aunque tenga otro origen, que resulte impagada” ya que, de lo contrario, se violentarían “los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC ”, convirtiendo “a los administradores en garantes de la sociedad”.
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Caso particular son los supuestos de cierre de facto o de desaparición de la sociedad físicamente del mercado sin seguir la regulación de disolución ordenada y extinción de la sociedad.
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En estos casos se viene apreciando responsabilidad siempre y cuando de haberse seguido el procedimiento ordenado el acreedor hubiera podido obtener todo o parte del crédito pues solo en estos casos es apreciable una relación de causalidad entre esa conducta y el impago de la deuda. Mucho se matiza la cuestión, además, en la STS 580/2019 de 5 de noviembre, que resuelve el caso de un cierre de facto seguido de una declaración de concurso de acreedores de la sociedad dos años después pues afirma la Sentencia que en estos casos la “relación de causalidad se difumina tanto que dificulta su apreciación”, añadiendo que “aun en el supuesto en que se demostrara que al tiempo de verificarse el cierre había algún activo concreto pendiente de ser liquidado, con el que se hubiera podido pagar el crédito del demandante, la posterior apertura del concurso pone de relieve la existencia de otros acreedores concurrentes, lo que dificulta concluir que con aquella correcta liquidación se hubiera pagado necesariamente el crédito del demandante.”.
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Se alude además en la cuestión, al tratar del cierre fáctico como causa de responsabilidad, a la infracción del deber de lealtad como causa de infracción orgánica.
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Desde nuestro punto de vista, y atendida la perspectiva de la acción de responsabilidad por daños, nos resulta muy complejo considerar una actuación antijurídica productora de daño al acreedor derivada de la infracción del deber de lealtad pues no es fácil encontrar alguno de los deberes específicos que exige la doctrina antes expuesta, residenciables en la lealtad debida del administrador social que, como se recordará, es deber que está relacionado según la Ley de Sociedades de Capital -art 227.1 con la fidelidad, la buena fe y la garantía del interés de la sociedad, quedando descrito su contenido, conforme al art. 228, en el deber de no ejercitar sus facultades con fines diferentes para las que han sido otorgadas, guardar secreto de información y, en especial, evitar conflictos de interés.
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Ello explica que en la generalidad de casos, la infracción del deber de lealtad sustente las acciones de responsabilidad social mientras que lo que subyace en la responsabilidad individual es la imputación subjetiva del administrador derivada de la infracción del deber, no de lealtad sino de diligencia que, como se recordará, se construye sobre la exigencia de un comportamiento adecuado en la gestión de la sociedad, de una ordenada administración y de su eficacia, directamente relacionados, por tanto, con las relaciones existentes con terceros.
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En conclusión, es la subjetividad de la conducta infractora y la relación causal de la misma, la única que parametra la responsabilidad de los administradores sociales frente a terceros por los daños causados a los mismos.
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Fedra Valencia García

Los administradores de las sociedades mercantiles responden, entre otro...

Los administradores de las sociedades mercantiles responden, entre otros, frente a los acreedores sociales por el daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o a los actos realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa, tal y como establece el artículo 236, en su apartado primero, de la Ley de Sociedades de Capital -Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital – “LSC”-.
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El mismo texto legal hace referencia a cuáles son los deberes de los administradores que se concretan en: -i el deber de diligencia -art. 225 LSC que obliga a actuar con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza de su cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos y subordinar, en todo caso, su interés particular al interés de la empresa y -ii el deber de lealtad -art. 227 LSC que les obliga a desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, actuando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.
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Ahora bien, los acreedores tienen a su disposición diversas acciones para exigir la responsabilidad a los administradores que hubieran infringido sus deberes como tales. La LSC recoge, en primer lugar, la acción social -art. 238 LSC que permite reintegrar el patrimonio de la sociedad -no el de los acreedores y la acción individual -art. 241 LSC que permite reintegrar directamente el patrimonio de los acreedores, cuando el mismo haya sufrido un daño directo. Además, debemos recordar, que la propia LSC recoge una acción adicional que permite a los acreedores reclamar directamente a los administradores cuando se hayan producido pérdidas cualificadas – que reduzcan el patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra del capital social – en el artículo 367.5 LSC y que, finalmente, la Ley Concursal -Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal – “LC” también recoge diferentes actuaciones de los administradores que dan lugar a su responsabilidad -artículos 442 y siguientes de la LC y, en particular, el artículo 456 LC en cuanto a la condena a la cobertura del déficit-.
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En este régimen de responsabilidad de los administradores sociales, nos plantean una cuestión relativa a la acción individual de responsabilidad. Lo primero que debemos señalar es que se trata de una acción que siempre ha planteado dificultades prácticas, ya que un abuso de esta acción desdibujaría el régimen propio de las sociedades de capital. Tal y como lo explica el magistrado Enrique GARCÍA GARCÍA -“Comentario de la Ley de Sociedades de Capital” Dir. GARCÍA CRUCES, J.A. y SANCHO GARGALLO, I. Ed. Tirant lo Blanc se trata de atender dos necesidades que han sido cohonestadas por el ordenamiento jurídico: “1 la de ser coherente con el pleno reconocimiento de la personalidad jurídica, lo que debería conllevar que la llamada a responder de las consecuencias patrimoniales de la actuación derivada de una sociedad en el tráfico debiera serlo exclusivamente ella y no quienes actúan para ella en el ejercicio de funciones orgánicas, por un ente inmaterial solo puede operar a través de otro material y 2 la de establecer una serie de instrumentos legales que contribuyan al control del modo en el que los administradores sociales ejercen su labor y señalarles límites que no deben rebasar -si lo hacen responden personalmente-, pues de otra manera se podría favorecer la completa irresponsabilidad por los daños que injustamente pudieran causarse a otro”. Es decir, se trata de evitar que los administradores respondan, de manera ilimitada, de las deudas sociales porque ello desdibujaría el carácter de las sociedades de capital -véase LATORRE, N. “Acción individual de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes de liquidación. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2016”. Revista de Derecho Mercantil núm. 303/2017, Ed. Civitas o MARIN DE LA BÁRCENA, F. “La acción individual de responsabilidad frente a los administradores de capital -art. 135 LSA-” Ed. Marcial Pons pero, al mismo tiempo, se intenta evitar que la inmunidad absoluta de los administradores les llevara a no prevenir -y evitar el que se cause un daño a los acreedores -ESTEBAN VELASCO, G. “Comentario a la Ley de Sociedades de Capital” Coords. ROJO, A. y BELTRÁN, E. Ed. Civitas-. Por estos motivos, el mero impago de las deudas sociales no es suficiente para exigir responsabilidad directa al administrador, sino que será necesario que haya un plus, un incumplimiento nítido de un deber legal que pueda anudarse de forma directa al impago de la deuda. Como veremos a continuación la jurisprudencia ha venido exigiendo un esfuerzo argumentativo que permita concluir que, si los administradores hubieran actuado de forma diligente, los acreedores no hubieran sufrido el daño -o hubieran sufrido un daño menor-.
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El Tribunal Supremo ha establecido de forma reiterada cuáles son los requisitos de la acción individual -STS 150/2017, de 2 de marzo, y, recientemente, la STS 809/2021, de 24 de noviembre-: i un comportamiento activo o pasivo de los administradores ii que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal iii que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal iv que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño -v el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad y -vi la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.El problema fundamental que se plantea cuando se trata de la responsabilidad por el impago de las deudas sociales es, precisamente, acreditar que se ha producido un daño directo y que existe una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el daño. Como dice la misma STS de 2 de marzo de 2017, no puede equipararse el incumplimiento de la sociedad con el daño directo al acreedor, del que responde el administrador porque convertiría tal responsabilidad en objetiva y se produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su administrador.
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Por eso se exige ese esfuerzo argumentativo que permita acreditar, como decíamos, que una actuación diferente de los administradores hubiera permitido la satisfacción de la deuda social -total o parcialmente-. Así se rechaza la acción cuando no existe esa prueba de que se podría haber minorado el daño del acreedor liquidando de una forma diferente a lo que se hizo -Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona 248/2016, de 21 de noviembre, y del Tribunal Supremo 87/2019, de 13 de febrero, 150/2017, de 2 de marzo, 580/2019, de 5 noviembre, 612/2019, de 14 noviembre-. En algunas de las sentencias citadas, se pone de manifiesto que, aunque los administradores no liquidaron adecuadamente -en el momento oportuno, solicitando el concurso de acreedores, etc.-, los activos de la sociedad no eran suficientes para atender las deudas sociales y el resultado para el acreedor hubiera sido similar.
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Sin embargo, en otros casos, el Tribunal Supremo sí ha considerado que existe esa acreditación. En la STS de 13 de julio de 2016, además, se hizo considerando que debía aplicarse la inversión de la carga de la prueba, aplicando el principio de facilidad probatoria -art. 217.7 LEC-, puesto que el administrador contaba con más información sobre los activos de la sociedad y, en consecuencia, estaba en disposición de demostrar mejor si una liquidación ordenada hubiera podido permitir el pago, total o parcial, de las deudas sociales pendientes. Esta sentencia fue objeto de bastantes críticas que consideraban que esta inversión podría atentar contra la seguridad jurídica -véase LATORRE, N. op. cit. o ALONSO, F.J. La responsabilidad civil del administrador por deudas sociales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. Algunas anotaciones críticas. Revista de Derecho de Sociedades, num. 59/2020 que pone de manifiesto el diferente resultado de esta sentencia y la cercana de 18 de abril de 2016, pese a que los supuestos de hecho eran muy similares-.
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Sin embargo, como hemos visto, no es cierto que a raíz de dicha sentencia se haya producido un incremento de las condenas a los administradores por deudas sociales, en caso de liquidación o cierre de hecho de la sociedad. Nuestro Tribunal Supremo ha seguido exigiendo ese elemento adicional que demuestre que una actuación diferente por parte de los administradores habría minorado el impago y, en consecuencia, el daño sufrido por el acreedor. Salvo en los supuestos en los que ha habido el incumplimiento de un deber específico por parte del administrador que hay que identificar -véanse las STS 131/2016, de 3 de marzo y 665/2020 de 10 de diciembre, en esta última la pasividad del administrador al omitir las medidas necesarias para restituir el cobro de lo indebido se consideró un incumplimiento vinculado al deber de diligencia-, el Tribunal Supremo exige que se acredite que una liquidación ordenada hubiera permitido a los acreedores cobrar sus créditos -en su totalidad o en parte-.
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Es más, la reciente sentencia 809/2021, de 24 de noviembre, va más allá, puesto que corrige a la Audiencia Provincial de Barcelona que consideró que el daño estaba representado por la parte del crédito que se hubiera podido llegar a cobrar en caso de concurso. El Tribunal Supremo, por el contrario, indica: “Si la conducta hubiera quedado reducida a que, considerado correcto el precio obtenido con la liquidación, no se procedió al pago ordenado de los créditos en un concurso de acreedores, el razonamiento de la Audiencia sobre lo que presumiblemente hubieran podido cobrar en el concurso los demandantes podría tener cierto sentido. Pero la conducta ilícita apreciada en la instancia abarcaba también que con la venta apresurada de los bienes se había obtenido un precio muy inferior al que se hubiera podido lograr de otra forma, y que hubiera permitido pagar el crédito de los demandantes.”En este caso, los administradores decidieron vender las dos fincas propiedad de la sociedad deudora para obtener el precio suficiente para pagar a todos los acreedores, menos a los demandantes -que tenían un procedimiento judicial pendiente-. El Tribunal Supremo considera acreditado que la actuación de los administradores iba encaminada a impedir el cobro del crédito de los demandantes y confirma la condena al pago de la totalidad del crédito impagado, porque admite, con el tribunal de primera instancia, que los bienes se vendieron de forma apresurada, por un precio inferior al que se hubiera podido obtener en una venta ordenada.
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De esta forma podemos concluir que, si bien el impago de las deudas sociales en caso de cierre de hecho no siempre determina la responsabilidad de sus administradores, sí es posible apreciar una infracción de sus deberes, cuando la liquidación ordenada de los activos o, en su caso, a través de un procedimiento concursal, habría conseguido que los acreedores sociales cobraran todo o parte de sus créditos. Por lo tanto, los administradores deberán, en general, optar por una liquidación ordenada de las sociedades que administren – incluso a través del concurso de acreedores – antes de acudir a un cierre de hecho. Aunque no haya inversión de la carga de la prueba, lo cierto es que una liquidación desordenada siempre puede suponer un riesgo, incluso aunque nuestros tribunales sigan siendo muy restrictivos en apreciar la responsabilidad directa de los administradores por los impagos de deudas sociales.
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Belén Veleiro Reboredo

La denominada acción individual de responsabilidad de los administrado...

La denominada acción individual de responsabilidad de los administradores sociales viene regulada en el artículo 241 LSC al manifestar que quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos.
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Como manifiesta, entre otras, la Sentencia Tribunal Supremo -Civil-, sec. 1ª, de 6 de octubre de 2021, nº 679/2021, rec. 5882/2018, la formulación general de la responsabilidad del administrador social viene recogida en el artículo 236.1, según el cual “los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa”.
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo y, en particular la Sentencia referida anteriormente, delimitan los márgenes de ejercicio de la acción individual de responsabilidad del administrador social.
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El Tribunal Supremo ha entendido que esta acción es una modalidad por ilícito orgánico contraída por el administrador incumpliendo sus deberes en el desempeño de su cargo, que constituye un supuesto de responsabilidad extracontractual con regulación propia y diferenciada del artículo 1902 CC.
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Por ello, con carácter general, no puede atribuirse responsabilidad al administrador de manera indiscriminada por cualquier incumplimiento de la sociedad o por el impago de cualquier deuda de la sociedad. Otra posición “supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son su personalidad jurídica diferenciada, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan como proclama el artículo 1257 Cc” -STS de 6 de octubre de 2021-.
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Por ello, se insiste en identificar exactamente y probar la conducta del administrador social al que se imputa el daño ocasionado y que ese daño sea directo.
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De esta manera se identifican por el Tribunal Supremo los siguientes requisitos para poder exigir la acción individual de responsabilidad:
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i un comportamiento activo o pasivo de los administradores
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ii que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal
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iii que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal
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iv que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño
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v el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad y
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vi la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.
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En principio, del daño causado a terceros responde la sociedad, sin perjuicio de que ésta a su vez pueda repercutir contra el administrador -arts. 238 a 240 LSC -ATS -Civil-, sec. 1ª, de 27-10-2021-. Sin embargo, la acción individual de responsabilidad contra el administrador se concibe como una acción directa y principal, no subsidiaria, que se otorga a los socios y acreedores para recomponer su patrimonio cuando su actuación les hubiera causado un daño directo. Se trata de una responsabilidad por ilícito orgánico, contraída por el administrador en el desempeño de sus funciones en el cargo.
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Siendo requisito que el daño causado por el administrador para ejercer la acción individual de responsabilidad sea directo para quien ejercita la acción, no sería posible, en principio, imputarle un daño indirecto como consecuencia de la insolvencia de la sociedad, convirtiendo al administrador en garante de la sociedad. Para el Tribunal Supremo, con carácter general no es directo, sino indirecto el daño sufrido en el patrimonio de la sociedad y que repercute en los socios y acreedores. Por ello que resulta necesario en estos supuestos delimitar exactamente e identificar la conducta del administrador a la que se imputa el daño ocasionado, debiendo concurrir circunstancias excepcionales y cualificadas.
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Así se expresa el Tribunal Supremo en su STS de 6 de octubre de 2021: “4. No puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta concepción de la responsabilidad de los administradores sociales convertiría tal responsabilidad en objetiva y produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su administrador: cuando la sociedad resulte deudora por haber incumplido un contrato, haber infringido una obligación legal o haber causado un daño extracontractual, su administrador sería responsable por ser él quien habría infringido la ley o sus deberes inherentes al cargo, entre otros, el de diligente administración.
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Esta objetivación de la responsabilidad y la equiparación del incumplimiento contractual de la sociedad con la actuación negligente de su administrador no son correctas, puesto que no resultan de la legislación societaria ni de la jurisprudencia que la desarrolla.
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5. El impago de las deudas sociales no puede equivaler necesariamente a un daño directamente causado a los acreedores sociales por los administradores de la sociedad deudora, a menos que el riesgo comercial quiera eliminarse por completo del tráfico entre empresas o se pretenda desvirtuar el principio básico de que los socios no responden personalmente de las deudas sociales. De ahí que se exija al demandante, además de la prueba del daño, tanto la prueba de la conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenado empresario, como la del nexo causal entre conducta y daño, sin que el incumplimiento de una obligación social sea demostrativo por sí mismo de la culpa del administrador, ni determinante sin más de su responsabilidad.
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Asimismo, como regla general, no cabe atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de las deudas sociales de una sociedad que ha entrado en una situación de insolvencia que impide a sus acreedores cobrar sus deudas. Por el contrario, cuando la LSC ha querido imputar a los administradores la responsabilidad solidaria por el impago de las deudas sociales , ha exigido el incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad o solicitar el concurso, y ha restringido esta responsabilidad a los créditos posteriores a la aparición de la causa de disolución -art.367 LSC-.
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Quien ha causado el quebranto patrimonial del acreedor, al no pagar su crédito, ha sido la sociedad, no sus administradores sociales. La actuación antijurídica de los administradores, por negligente o contraria a la diligencia exigible, no puede consistir en el propio comportamiento, contractual o extracontractual, de la sociedad que ha generado un derecho de crédito a favor del demandante.
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6. Incluso en el caso de que los administradores sociales no hubieran sido diligentes en la gestión social y hubieran llevado a la sociedad a la insolvencia, el daño directo se habría causado a la sociedad administrada por ellos, que habría incurrido en pérdidas, no a los acreedores sociales, que solo habrían sufrido el daño de modo indirecto, al no poder cobrar sus créditos de la sociedad. Así pues, los daños sufridos por el acreedor no serían daños directos o primarios, sino reflejos o secundarios, derivados de la insolvencia de la sociedad”.
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De ahí que el Tribunal Supremo haya ido delimitando caso a caso, como es el supuesto en el que el administrador no liquida ordenadamente y cierre de hecho la sociedad. Así, pueden verse las SSTS 150/2017, de 2 de marzo, y la STS 274/2017, de 5 de mayo.
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado, en determinados supuestos, que la imposibilidad de cobro de sus créditos por los acreedores sociales es un daño directo imputable a los administradores sociales en circunstancias muy excepcionales y cualificadas, tales como la realización de embargos desproporcionados dejando sin bienes a la sociedad, pese a lo cual los administradores , en su nombre, han seguido contrayendo créditos concertación de servicios económicos por importe muy elevado justo antes de la desaparición de la empresa vaciamiento patrimonial fraudulento en beneficio de los administradores o de sociedades o personas con ellos vinculados que imposibilitan directamente el cobro de los créditos contra la sociedad , etc.
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Entre ellos, también, la desaparición de facto de la sociedad que por la actuación de los administradores ha impedido la satisfacción de los créditos a los acreedores. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo -Civil Pleno-, de 13 de julio de 2016, nº 472/2016, en la que se manifiesta que “es indudable que el incumplimiento de los deberes legales relativos a la disolución de la sociedad y a su liquidación, constituye un ilícito orgánico grave del administrador y, en su caso, del liquidador. Pero, para que prospere la acción individual en estos casos, no basta con que la sociedad hubiera estado en causa de disolución y no hubiera sido formalmente disuelta, sino que es preciso acreditar algo más, que de haberse realizado la correcta disolución y liquidación sí hubiera sido posible al acreedor hacerse con el cobro de su crédito, total o parcialmente. Dicho de otro modo, más general, que el cierre de hecho impidió el pago del crédito” o, como más recientemente se expresa el Auto del TS de 27 de octubre de 2021, que se justifique exactamente el nexo causal entre la conducta del administrador y la falta de cobro del crédito.
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Como se exige al socio o acreedor que pretenda el ejercicio de una acción individual contra en administrador social, además de la prueba del daño, debe probarse una conducta del administrador contraria a la ley, los estatutos o no ajustada a la diligencia debida de un ordenado empresario, es decir al deber general de diligencia contemplado en el artículo 225 LSC, y su nexo causal entre dicha conducta y el daño producido.
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Partiendo de las premisas anteriores, la conducta que le podría ser imputable al administrador y que podría generar una responsabilidad individual es la infracción igualmente de un deber legal imperativo como pueda ser el deber de lealtad regulado en los artículos 227 y 228 LSC. El incumplimiento, por ejemplo, de no liquidar ordenadamente la sociedad y que por ello ha generado una deuda al acreedor que de otro modo habría cobrado, como se ha visto en los casos excepcionales declarados jurisprudencialmente, podría implicar y apreciarse, a su vez, el ejercicio de facultades con fines distintos a los encomendados o incurrir en conflicto de intereses para con los de la sociedad, en beneficio propio. En este sentido, por ejemplo, la SAP de Álava, sec. 1ª, de 8 de octubre de 2019, nº 761/2019, admite esta posibilidad en un supuesto de descapitalización fraudulenta de la sociedad en beneficio del administrador.
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Antoni Frigola i Riera

El artículo 236.1 LSC dispone que “ los administradores responderán...

El artículo 236.1 LSC dispone que “ los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa”.
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Como se puede ver, esta definición general se refiere al daño causado por una actuación del órgano de administración de la sociedad tanto al socio o a acreedores sociales, como a la sociedad, englobando dentro de la misma los requisitos exigibles para el adecuado ejercicio de la acción individual -artículo 241 LSC y para la acción social de responsabilidad -artículo 238 LSC-.
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En efecto, en relación con la primera, el artículo 241 LSC –situado sistemáticamente después de la regulación de la acción social de responsabilidad establece: “quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos”.
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La acción individual de responsabilidad se configura como una acción de responsabilidad extracontractual tendente a restituir el perjuicio causado por una actuación del administrador social en el patrimonio del socio o de un tercero, acreedor social, consecuencia de la inobservancia del deber general de diligencia que le incumbe.
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A primera vista, pudiera pensarse que un daño causado a un socio o a un acreedor social como consecuencia de una actuación imputable al administrador social contrario a la Ley o a los estatutos o que suponga una infracción de los deberes inherentes a su cargo, genera responsabilidad.
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A esta concepción parece ajustarse, como ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona -Sec. 1ª de 27 de septiembre de 2018, según la cual “...nos enseña la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de la que es fiel exponente la STS, Sala 1ª, núm. 150/2017, de 2 de marzo , FJ 3º -recurso núm. 2118/2014 Roj: STS 721/2017 -ECLI:ES:TS:2017:721-, que ‘-... Hemos declarado de modo reiterado -por todas, las sentencias 253/2016, de 18 de abril, y 472/2016, de 13 de julio, en las que se citan otras muchas anteriores que la acción individual de responsabilidad de los administradores supone una especial aplicación de responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, que cuenta con una regulación propia -art. 135 TRLSA, y en la actualidad art. 241 TRLSC-, que la especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1902 del Código Civil. Se trata de una responsabilidad por ilícito orgánico, entendida como la contraída en el desempeño de sus funciones del cargo’”.
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Sin embargo, la más moderna jurisprudencia nos ha recordado la quirúrgica delimitación de esta clase de responsabilidad, con el objetivo de que no se confunda la “responsabilidad de la sociedad por el impago de una deuda” con la “responsabilidad del administrador por los daños causados por una actuación imputable sobre el patrimonio de un tercero”.
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En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala 1ª de 2 de marzo de 2017, entre otras muchas, afirma que “no puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta concepción de la responsabilidad de los administradores sociales convertiría tal responsabilidad en objetiva y se produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su administrador: cuando la sociedad resulte deudora por haber incumplido un contrato, haber infringido una obligación legal o haber causado un daño extracontractual, su administrador sería responsable por ser él quien habría infringido la ley o sus deberes inherentes al cargo, entre otros el de diligente administración. Esta objetivización de la responsabilidad y esta equiparación de incumplimiento contractual de la sociedad con la actuación negligente de su administrador no es correcta, puesto que no resulta de la legislación societaria ni de la jurisprudencia que la desarrolla”.
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De ahí que la citada Sentencia relacione los requisitos de necesaria concurrencia para el éxito de la acción individual, indicando que serán los siguientes: “Para la apreciación de esta modalidad de responsabilidad, deben concurrir los siguientes requisitos: i un comportamiento activo o pasivo de los administradores ii que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal iii que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal iv que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño v el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad y vi la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero”.
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En desarrollo lógico de la anterior concepción, el Tribunal Supremo[1] termina por decir que “incluso en el caso de que los administradores sociales no hubieran sido diligentes en la gestión social y hubieran llevado a la sociedad a la insolvencia -por ejemplo, con los préstamos concedidos a la filial-, el daño directo se habría causado a la sociedad administrada por ellos, que habría incurrido en pérdidas, no a los acreedores sociales, que solo habrían sufrido el daño de modo indirecto, al no poder cobrar sus créditos de la sociedad. Así pues, los daños sufridos por la demandante no serían daños directos, -primarios-, sino reflejos, -secundarios-, derivados de la insolvencia de la sociedad...”.
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Sin embargo, la indeterminación del concepto “daño directo” ha dado lugar a que la casuística tropiece, en ocasiones, con algún inconveniente. De esta manera, en determinados supuestos en los que los acreedores no han podido hacerse pago de sus créditos, la jurisprudencia sí ha llegado a apreciar la posibilidad de hacer responsable al administrador.
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La Sentencia del Tribunal Supremo -Sala 1ª de 6 de octubre de 2021 ha reiterado que “en determinados supuestos, hemos considerado que la imposibilidad del cobro de sus créditos por los acreedores sociales es un daño directo imputable a los administradores sociales. Pero para ello es preciso que concurran circunstancias muy excepcionales y cualificadas…”.
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Ante la duda de cuáles podrían ser tales “circunstancias muy excepcionales y cualificadas”, la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala 1ª de 2 de marzo de 2017, trató de relacionar algunas de ellas. Así consideró que, a través de la acción individual de responsabilidad, cabría hacer responsable al administrador social de las deudas de la sociedad insolvente en supuestos como los siguientes: “...sociedades que por la realización de embargos han quedado sin bienes y han desaparecido de hecho, pese a lo cual los administradores, en su nombre, han seguido contrayendo créditos concertación de servicios económicos por importe muy elevado justo antes de la desaparición de la empresa desaparición de facto de la sociedad con actuación de los administradores que ha impedido directamente la satisfacción de los créditos de los acreedores vaciamiento patrimonial fraudulento en beneficio de los administradores o de sociedades o personas con ellos vinculados que imposibilitan directamente el cobro de los créditos contra la sociedad, etc.”.
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Como puede deducirse, se produce una acumulación de indeterminaciones: “daño directo”, “daño reflejo”, “circunstancias excepcionales”, “circunstancias muy cualificadas” todas ellas capaces de generar cierta incertidumbre.
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De ahí que, quizás sería razonable analizar si un cambio de paradigma podría ser útil para reducir las incertidumbres mencionadas. En tal sentido, en vez de determinar la responsabilidad del administrador social en el seno de la acción individual en función de si el daño es o no directo, podría ponderarse, como expone ÁLFARO ÁGUILAREAL[2], no poner tanto “el acento -… sobre el patrimonio dañado como sobre el fin de protección de la norma que impone el deber al administrador y, por tanto, sobre el titular del interés protegido por la imposición del deber infringido por el administrador”.
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NOTAS
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[1] Sentencia del Tribunal Supremo -Sala 1ª de 2 de marzo de 2017.
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[2] ÁLFARO ÁGUILAREAL, J. La responsabilidad de los administradores frente a la sociedad Almacén de Derecho mayo 2018.
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Antonio Roncero Sánchez

El artículo 241 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital...

El artículo 241 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio -«LSC»-, bajo la rúbrica «acción individual de responsabilidad» determina que «[q]uedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos». Según la interpretación dominante en la doctrina y jurisprudencia, en este precepto se establece la posibilidad de que socios y terceros en general puedan exigir responsabilidad directamente a los administradores de la sociedad por actos realizados en ejercicio de sus funciones, posibilidad que no constituye un simple reflejo de la acción de responsabilidad extracontractual que con carácter general se establece en el art. 1902 Código civil, sino una plasmación concreta de la responsabilidad extracontractual prevista en éste, que cuenta con una regulación propia que la especializa o especifica respecto de la obligación genérica contenida en este precepto de reparar el daño causado por culpa o negligencia -entre otros, ESTEBAN VELASCO, G., «La acción individual de responsabilidad», en ROJO/BELTRÁN, La responsabilidad de los administradores, 6ª ed., Valencia, 2016, págs. 189 a 299, págs. 194 y ss. SALDAÑA VILLOLDO, B., La acción individual de responsabilidad. Su significación en el sistema de responsabilidad de los administradores sociales, Valencia, 2009, págs. 244 y ss. y las SSTS de 20 de julio de 2001, 24 de marzo y 7 de mayo de 2004 y 6 de abril de 2006-.
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Frente a la conclusión que se derivaría de una interpretación estricta de la teoría orgánica -en cuya virtud habría que entender que, en las personas jurídicas, la actuación de los órganos es directamente imputable a la propia persona jurídica por lo que, debería entenderse que frente a terceros por la actuación de los administradores habría de responder exclusivamente la sociedad, sin perjuicio de que posteriormente ésta pueda repetir contra aquéllos en los casos en los que concurran los presupuestos para ello-, se entiende que, en el ejercicio de su cargo, los administradores asumen el deber de «cumplimiento de normas específicas establecidas para atender diversos intereses y de actuar con la diligencia de un buen administrador en una posición institucional frente a la sociedad, socios, terceros y tráfico en general» lo cual explica que, junto a la responsabilidad frente a la propia sociedad, pueda también reconocerse su responsabilidad directa frente a socios y terceros por el incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio del cargo -por todos, MARÍN DE LA BÁRCENA, F., La acción individual de responsabilidad frente a los administradores de sociedades de capital -art. 135 LSA-, Madrid, 2005, págs. 97 y ss. ESTEBAN VELASCO, G., op. cit., págs. 194 y ss. y RONCERO SÁNCHEZ, A., «La acción individual de responsabilidad», en GUERRA MARTÍN, G. -Coord.-, La responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital, Madrid, 2010, págs. 195 a 222, con otras referencias-.
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A partir de la caracterización de la responsabilidad directa de los administradores frente a socios y terceros como una modalidad de responsabilidad extracontractual especial como consecuencia de su vinculación a la posición orgánica que ocupan los administradores sociales -responsabilidad orgánica-, puede entenderse que el régimen especial aplicable en atención al carácter orgánico de la responsabilidad -que es precisamente el régimen general de responsabilidad de administradores contenido en los arts. 236 y 237 LSC es también aplicable supletoriamente a los supuestos de ejercicio de la acción individual de responsabilidad y, en consecuencia, que los presupuestos, caracteres y procedimiento son sustancialmente coincidentes en ambos casos. Los presupuestos de la responsabilidad directa de los administradores sociales frente a socios y terceros son, por tanto, comunes a otros supuestos de responsabilidad orgánica -en particular, la responsabilidad social y, en general, a todo supuesto de responsabilidad civil. En concreto, ello implica que para la exigencia de dicha responsabilidad deberá concurrir una acción u omisión realizada en el marco del ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador de una sociedad de capital, antijurídica y subjetivamente imputable al administrador -culpabilidad-, un daño -sufrido en este caso directamente por socios o por terceros en sus propios intereses y la relación de causalidad entre ambos.
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La cuestión más relevante a este respecto se refiere a la delimitación de la conducta antijurídica realizada por el administrador que genera el daño directo en el patrimonio personal de un socio o de un tercero. El problema surge al abordar los elementos que califican la antijuridicidad de la conducta, una cuestión que es también discutida con carácter general en relación con cualquier supuesto de responsabilidad extracontractual. En principio, en tanto se considere que se trata de responsabilidad derivada del ejercicio de las funciones propias del cargo, su existencia debe vincularse al incumplimiento o infracción de los deberes inherentes al desarrollo de dichas funciones. No obstante, en relación con la calificación como antijurídica de la conducta de los administradores sociales, se señala que no toda ni cualquier infracción de sus deberes ha de entenderse suficiente para obtener dicha calificación. Así, constituye un deber de comportamiento el respeto a las normas legales y estatutarias por lo que, en principio, cualquier conducta que implique la infracción de una norma legal o estatutaria habría de considerarse antijurídica a estos efectos sin embargo, para determinar la responsabilidad de los administradores frente a socios y terceros no cualquier infracción de normas es relevante a efectos de tutela de los intereses de éstos, sino que habrá que tener en cuenta el fin de protección de la norma en relación con los daños que se tratan de evitar y las personas amparadas por la misma -por todos, MARÍN DE LA BÁRCENA, F., op. cit., págs. 180 y 181-.
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En relación con la delimitación de los grupos de casos en los que cabría apreciar responsabilidad de los administradores sociales frente a los acreedores sociales -para la sistematización de todos los posibles supuestos de responsabilidad individual de los administradores frente a socios y terceros resultan esenciales los trabajos del profesor ESTEBAN VELASCO, G.-, nos centramos únicamente en los supuestos de lesión de intereses de terceros vinculados con una relación contractual con la sociedad. Se trata, sin duda, de supuestos problemáticos fundamentalmente por la dificultad de identificar la relación de causalidad entre la actividad ilícita imputable a los administradores y el daño sufrido por el tercero-acreedor. En este sentido, el principio de relatividad del contrato determina que, en principio, éste despliega sus efectos únicamente entre las partes contratantes -sociedad y tercero-acreedor y, por tanto, la responsabilidad por daños derivados del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de un contrato con carácter general será imputable directamente a la sociedad. Precisamente este planteamiento ha llevado a sectores de la doctrina a negar la responsabilidad de los administradores frente a terceros vinculados contractualmente con la sociedad o a limitarla drásticamente -reproducimos aquí el planteamiento que hacíamos en nuestro anterior trabajo «La acción individual…», cit., págs. 212 y ss-. En hipótesis parece posible admitir la responsabilidad directa de los administradores en supuestos de daño derivado del incumplimiento -o del cumplimiento defectuoso de un contrato como consecuencia de la infracción de los deberes inherentes al ejercicio del cargo. No obstante, la acción individual de responsabilidad frente a los administradores sociales no puede convertirse en instrumento para obtener el pago de una deuda de la sociedad cuando ésta no haga o no pueda hacer frente al mismo, sino para la reparación de un daño directo sufrido por un acreedor como consecuencia de la actuación ilícita de los administradores sociales -vid., entre otras, las SSTS 131/2016, de 3 de marzo y 242/2014, de 23 de mayo-. El problema se plantea porque en estos casos cabe apreciar una coincidencia entre deuda de la sociedad y daño sufrido por el tercero-acreedor que facilita la imputación de responsabilidad.
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Entre los grupos principales de casos en los que se ha planteado el ejercicio de la acción individual por terceros-acreedores vinculados con una relación contractual con la sociedad se incluye la omisión por el administrador de la adopción de las medidas convenientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales en supuestos de desaparición de la sociedad, lo que plantea un problema de delimitación frente a la responsabilidad por no promoción tempestiva de la disolución-liquidación de la sociedad prevista en el art. 367 LSC. A este respecto, el TS ha declarado la responsabilidad de los administradores frente a acreedores sociales por el impago de créditos nacidos con anterioridad al acaecimiento de la causa de disolución prevista en el art. 365 LSC -y, por tanto, en relación con los cuales no cabría aplicar el régimen del art. 367 LSC que se refiere a la responsabilidad por deudas contraídas con posterioridad a ese momento cuando se acredite que el correcto cumplimiento por el administrador de su deber de promover la disolución de la sociedad, hubiera hecho posible el cobro por el acreedor de sus créditos -vid. una referencia a esta línea interpretativa del TS en ALONSO ESPINOSA, F.J., «La responsabilidad civil del administrador por deudas sociales en la reciente jurisprudencia del tribunal supremo -algunas anotaciones críticas-», RdS, 59, 2020, págs. 317 y ss. y, por todas, las SSTS de 5 y 14 de noviembre de 2019-. Para declarar la responsabilidad individual de los administradores el TS no solo ha exigido este esfuerzo argumentativo específico, sino que incluso ha llegado a afirmar que la misma únicamente procederá cuando se acredite la concurrencia de «circunstancias muy excepcionales y cualificadas» -STS de 10 de diciembre de 2020-.
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Según esta interpretación, para apreciar la responsabilidad del administrador prevista en el art. 241 LSC sería necesario, por tanto, acreditar una conducta propia de éste distinta al simple impago del crédito -en tanto ésta es una conducta atribuible a la sociedad y no al administrador-, que pueda calificarse de antijurídica y a la que pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito. En los supuestos de cierre de hecho de la sociedad, sin disolución y liquidación ordenada del patrimonio social, queda acreditada la conducta antijurídica, pero no la relación de causalidad que requerirá de un esfuerzo adicional para determinar que la causa del impago del crédito ha sido precisamente el cierre de hecho de la sociedad. Ese esfuerzo argumental adicional no sería necesario, en cambio, para ejercer la acción de responsabilidad ex art. 367 LSC, cuyos presupuestos, finalidad, naturaleza, ámbito y caracteres difieren respecto al régimen de responsabilidad individual de los administradores ex art. 241 LSC.
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Ciertamente no cabe entender que, el hecho de que exista un régimen de responsabilidad específico para los supuestos de no promoción tempestiva de la disolución de la sociedad, excluye o limita en alguna medida las posibilidades de exigencia de responsabilidad por la vía del art. 241 LSC en supuestos que queden fuera del ámbito de aplicación de aquel régimen -como es el caso de los daños derivados, en caso de cierre de hecho de la sociedad, del impago de un crédito contraído con anterioridad al incumplimiento por el administrador del deber de promover la disolución de la sociedad-. El punto de partida para admitir en estos casos el ejercicio de la acción individual de responsabilidad es entender que el fin perseguido por la imposición del deber de disolución tempestiva y ordenada de la sociedad es también proteger a los acreedores sociales. A partir de ello, en el caso concreto habrá de acreditarse la concurrencia de sus presupuestos y, entre ellos, la relación de causalidad entre el daño sufrido por el acreedor -el impago de su derecho de crédito y la actuación antijurídica del administrador -el incumplimiento imputable de su deber de promover tempestivamente la disolución ordenada de la sociedad-.
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Específicamente, el cierre de hecho supone la infracción de un deber legal y, por tanto, una infracción de ley que, por sí misma, ya fundamenta la antijuridicidad de la conducta es, en todo caso también, una infracción del deber de diligencia, en tanto ha de entenderse que éste incluye el deber de cumplimiento de las normas legales. Más difícil, pero también innecesario, es fundamentar que esta conducta del administrador constituye adicionalmente una infracción de su deber de lealtad. El problema se plantea, no en orden a identificar la causa que determina el carácter antijuridico de la conducta del administrador -infracción de ley, incumplimiento del deber de diligencia, infracción del deber de lealtad-, sino al establecer su imputabilidad y, sobre todo, la relación de causalidad entre dicha conducta antijurídica y el daño sufrido por el acreedor. Y en relación con ello, deberían aplicarse los criterios propios de determinación del nexo causal que han sido construidos doctrinal y jurisprudencialmente en el marco de la responsabilidad extracontractual, sin exigencia de requisitos adicionales o especiales cuya concurrencia carece de justificación. Ahora bien, tampoco cabe entender que la infracción del deber de promoción tempestiva de la disolución conlleva automática y necesariamente la responsabilidad de los administradores por las deudas impagadas contraídas con anterioridad al acaecimiento de la causa de disolución -como en cambio sí sucede en relación con impago de las deudas contraídas con posterioridad en virtud de lo previsto en el art. 367 LSC-, si no cabe establecer la relación de causalidad entre dicha conducta y el daño sufrido por el acreedor.
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