Trascendencia y finalidad
La insostenibilidad económica del sistema eléctrico, junto a la continua evolución del sector durante los últimos dieciséis años, ha obligado al legislador a adaptar en numerosas ocasiones la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en muchas de ellas, mediante la aprobación de medidas urgentes por real decreto-ley, existiendo en la actualidad una dispersión normativa no deseable en un sector económico tan relevante.
Por tanto, la presente Ley tiene como finalidad básica establecer la regulación del sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico, todo ello dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna.
Ámbito material
La ley del Sector Eléctrico se estructura de la siguiente forma:
- El título I contiene las disposiciones generales en donde se establece el objeto y las finalidades de la norma.
- La ordenación del suministro se regula en el título II.
- El título III desarrolla el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema por el que se entiende la capacidad para satisfacer la totalidad de los costes del mismo.
- El título IV regula la producción de energía eléctrica.
- La gestión económica y técnica del sistema se contempla en el título V.
- El título VI regula la actividad de transporte de energía eléctrica.
- La actividad de distribución de energía eléctrica se contempla en el título VII.
- El título VIII se refiere al suministro de energía eléctrica.
- El título IX contiene el régimen de autorizaciones, expropiación y servidumbres.
- Por último, el título X regula el régimen de inspecciones, infracciones y sanciones.
En cuanto a la parte final, la ley se completa con veinte disposiciones adicionales, dieciséis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, y seis disposiciones finales.
Vigencia
La presente Ley ha entrado en vigor el 28 de diciembre de 2013.
