En el presente artículo se pone de manifiesto la importancia de conocer bien la regulación de la contratación pública tras las novedades introducidas por la Ley 9/2017, que traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas comunitarias 2014/23, 2014/24 y 2014/25.
Los mercados de contratación pública mueven el 20 % del PIB de la Unión Europea y en ellos desarrollan su actividad principal las empresas más importantes de la Unión, lo que lleva al legislador europeo y, por extensión a los legisladores nacionales de los estados miembros, a tratar de regular la materia con el objetivo de lograr la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
En este sentido, los principales esfuerzos de las Directivas de 2014 y, consecuentemente, de la Ley española de 2017, se centran en la necesidad de acabar con prácticas abusivas contrarias a la competencia que se han revelado perjudiciales para los intereses generales en los últimos años. La reforma de tres de los principales “agujeros” por donde se colaba la corrupción en materia contractual así nos lo indica: la reforma de la utilización de los contratos menores, del procedimiento denominado ahora con negociación o de la modificación de los contratos nos muestra con claridad que el legislador europeo y nacional es consciente de los males que aquejan a la contratación pública y que está decidido a combatirlos.
Asimismo, la apuesta decidida y definitiva por la contratación electrónica como instrumento que reduce de manera notable los costes de transacción supone otro hito importante al que tienen que adaptarse las empresas que desarrollan su actividad en este ámbito, ya que la nueva Ley sólo contempla la presentación electrónica de las ofertas y sólo se exime de dicha obligación en supuestos muy tasados y de interpretación restrictiva. Dada la trascendencia de la medida y los problemas que en la aplicación práctica de la misma surgieron inicialmente, se ha publicado por parte del Ministerio de Hacienda un documento cuyo título es “Guía de Servicios de Licitación Electrónica: preparación y presentación de ofertas” que se puede consultar en la propia Plataforma de Contratación del Estado.
La incidencia del derecho comunitario europeo en general y en materia de contratación pública en particular es evidente y se pone de manifiesto en la nueva norma de manera indudable, como por ejemplo en la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea de concesiones. No podemos olvidar tampoco la trascendencia que en la materia ejerce desde hace tiempo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de su jurisprudencia, lo que le ha hecho configurarse como el auténtico legislador negativo.
La importancia de la contratación pública ha ido creciendo a lo largo del siglo XX hasta convertirse en esencial en el siglo XXI, en un escenario en que las demandas sociales de prestación de servicios públicos y generación de infraestructuras hace imposible que los Estados, por sí mismos, puedan afrontar de manera directa las enormes inversiones que ello supone y que, por tanto, deban acudir al sector privado para satisfacerlas de forma indirecta. Estas nuevas formas de prestación de los servicios públicos han hecho incluso cambiar el paradigma de intervención administrativa y han removido las formas de actuación del Estado en su núcleo más básico.
La complejidad de la regulación de la contratación pública es un hecho que se constata cuando observamos la evolución de las normas aplicables a la misma. De los poco más de cien artículos que tenía la antigua Ley de Contratos del Estado de 1965 pasamos a los trescientos cuarenta y siete de la Ley de 2017. Dicha complejidad no es sólo cuantitativa, revelada en este dato irrefutable, sino también cualitativa. La ampliación del ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de la norma ha coadyuvado en tal sentido.
En definitiva, es imprescindible estar al día en una materia de tanta trascendencia y descubrir las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017, por lo que, si quieres conocer más, puedes inscribirte en el curso "Nuevo régimen de contratación pública".
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