Estos datos figuran en un informe, elaborado por el servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, con el que se pretende mostrar la aplicación de la LO 1/2004 durante sus quince años de vigencia en cada uno de los tipos de órganos judiciales implicados en la lucha contra la violencia de género.
Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia
Los juzgados de instrucción y los de primera instancia e instrucción acordaron medidas (con o sin orden de protección) en el 56,9% del total de 207.497 asuntos de violencia contra la mujer que recibieron cuando estaban de guardia. El 43% de esas medidas se acordaron en el marco de una orden de protección. No acordaron ningún tipo de medida en otro 43,1% de asuntos, un dato que, sin embargo, no significa necesariamente que la mujer haya quedado desprotegida. Las medidas pueden adoptarse también sin orden de protección, según el informe.
El porcentaje de órdenes de protección acordadas por los juzgados en funciones de guardia en relación con el número de solicitadas alcanzó su nivel mínimo en 2013, al situarse en el 69,3%. A partir de ese año, las órdenes de protección acordadas aumentaron de forma progresiva hasta alcanzar, en el primer semestre de 2020, el 78,2% de las solicitadas.
Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Denuncias. Desde 2007 (primer año del que se dispone de este dato) los juzgados de violencia sobre la mujer recibieron casi dos millones de denuncias (1.896.328). Dejando de lado 2020, condicionado por la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma, el número más bajo de denuncias presentadas fue 2013 con 124.894. A partir de ese ejercicio, fueron aumentando hasta las 168.057 de 2019.
Por Comunidad Autónoma, el mayor número de denuncias de todo el periodo analizado se dio en Andalucía, con 398.010; seguida de Madrid, con 294.762; Cataluña, con 262.373; y Comunidad Valenciana, con 260.011.
El 80,3% de las denuncias se recibieron en los juzgados por atestado policial, incluyendo este porcentaje las presentadas por la propia víctima, por familiares o por intervención directa de la policía. Las denuncias presentadas directamente por víctima o familiares ante el juzgado alcanzaron su máximo nivel en 2007 (11,6%) y, desde 2014, experimentaron un descenso hasta llegar al 2,9% de 2019 o al 2,4 % del primer semestre de 2020.
El desglose de las denuncias según la nacionalidad de las víctimas está disponible solo desde 2011. Por Comunidades Autónomas, el porcentaje de las presentadas por víctimas españolas varía desde el 55% de Navarra hasta el 79,1% de Galicia. La media nacional se ha mantenido muy estable durante todo el periodo, situándose el porcentaje medio de los 15 años en el 65,8%.
Si te tiene en cuenta el número de denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de edad (medidas con las cifras oficiales de españolas y extranjeras empadronadas), la media global del periodo es de 48,6 víctimas españolas por cada 10.000 mujeres españolas y de 223,1 extranjeras por cada 10.000 de otras nacionalidades diferentes a la española. El dato indica que la violencia de género es más grave entre las mujeres extranjeras, aunque debe matizarse teniendo en cuenta que entre las denunciantes puede haber mujeres no empadronadas.
El informe también pone de manifiesto que el número de denuncias por cada 10.000 habitantes se incrementa en los partidos judiciales con más población, un dato que pone de manifiesto las mayores dificultades que pueden tener para denunciar las mujeres que residen en municipios pequeños.
Dispensas a la obligación legal de declarar. En todo el periodo analizado, el número de dispensas a la obligación legal a declarar como testigo ha sido de 212.844, siendo Andalucía (40.601) y Madrid (36.078) las comunidades autónomas donde se han dado en mayor número. La ratio de dispensas en relación con el número de denuncias presentadas ha sido del 11,2%.
El análisis de las dispensas a la obligación legal de declarar según la nacionalidad de la víctima muestra que las mujeres extranjeras son más proclives a renunciar a prestar declaración contra sus agresores. Así, el número de dispensas por cada 10.000 mujeres mayores de edad es de 29,7 cuando se trata de víctimas extranjeras y de 5,4 en las españolas.
Sentencias. Los juzgados de violencia sobre la mujer, que enjuician delitos leves, dictaron en los quince años analizados un total de 291.272 sentencias. Las sentencias condenatorias sumaron 232.536 (el 79,8%) y, de ellas, 172.600 se dictaron de conformidad.
El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas durante estos quince años varía según el tipo de órgano judicial. El 78,3% de las sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer puros fueron condenatorias, porcentaje que aumenta hasta el 81,3% si se trata de las dictadas por los juzgados mixtos (que tienen asumidas otras competencias, además de violencia de género). Esta distribución se ha mantenido constante durante todo el periodo.
Órdenes de protección
El número de órdenes de protección acordadas desde 2005 ha sido de 375.892, el 67,3% del total de solicitadas. Desde ese año hasta 2014, el porcentaje de las acordadas respecto de las solicitadas fue decreciendo hasta alcanzar el mínimo de 56,6%. A partir de 2014 volvieron a aumentar progresivamente hasta la actualidad. El año en que más órdenes de protección se dictaron (41.420) fue 2008, seguido de 2019, con 40.720.
La adopción de las órdenes de protección es muy dispar en los distintos tribunales superiores de justicia, oscilando la media del periodo entre el 51% de Cataluña o el 55,5% de Madrid hasta el 81,6% de Murcia, el 82% de la Comunidad Valenciana, el 82,4% de Aragón o el 84,9% de La Rioja.
Los juzgados de violencia sobre la mujer puros adoptaron el 62,9% de las órdenes de protección incoadas; el porcentaje aumenta hasta el 72% en los juzgados mixtos, tendencia que se ha mantenido constante durante todo el periodo analizado.
Las medidas penales que más se han adoptado dentro del marco de la orden de protección han sido el alejamiento y la prohibición de comunicación. En general, las medidas se han adoptado, en más de un 90% de los casos, a petición de la víctima, con la excepción de la privación de libertad, que se ha acordado a instancia de la víctima en el 63,9% de los casos y a instancia del fiscal en el 33,4%. En cuanto a las medidas de naturaleza civil, las más frecuentes han sido la atribución de vivienda y la prestación de alimentos, concedidas en el 94% de los casos a petición de la víctima.
Medidas sin orden de protección. Es muy importante también el número de medidas que se acuerdan fuera del ámbito de la orden de protección, al amparo del art. 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si se relacionan estas medidas con el número de órdenes de protección solicitadas y no acordadas, se obtiene el porcentaje de casos en los que la mujer quedó protegida pese a la denegación de la orden de protección.
El alejamiento y la prohibición de comunicación vuelven a ser las medidas más frecuentes. El porcentaje en que se aplicó la primera de ellas oscila entre el 36% de 2014 y el 96,5% de 2005; la aplicación de la segunda varía entre el 34,3% de 2014 y el 83,2% de 2005.
Entre las medidas civiles, la atribución de la vivienda y la prestación de alimentos fueron las más frecuentes.
Juzgados de lo Penal
Los Juzgados de lo Penal han dictado un total de 410.392 sentencias, de las que 218.523 fueron condenatorias, lo que representa el 53,2% del total. Entre las condenatorias, 103.812 lo fueron de conformidad, es decir, con reconocimiento de los hechos por parte de la persona acusada. Por comunidades autónomas, el porcentaje de condenatorias osciló entre el 44,6% de Cataluña y el 79,8% de Extremadura.
Si se compara los datos referidos a las condenas en asuntos de violencia contra mujer con los de violencia doméstica y con el resto de tipos de asuntos, se comprueba que, de manera constante a lo largo de los años, el porcentaje de sentencias condenatorias en casos de violencia contra la mujer es ligeramente inferior al de violencia doméstica y significativamente más bajo que en otros tipos de asuntos.
Según el tipo de órgano judicial, el porcentaje medio de condenas de todo el periodo vuelve a ser superior en órganos no especializados en violencia sobre la mujer (53,5%) que en los juzgados de lo penal especializados (52,4%).
El número de personas enjuiciadas por los juzgados de lo penal ha sido de 424.875, de las que el 96,7% eran varones. Fueron condenadas un total de 224.820 personas, lo que representa el 52,9% de las enjuiciadas. Entre los condenados, 219.891 eran hombres, siendo 152.963 españoles y 66.928, extranjeros. El número de mujeres condenadas ascendió a 4.929, de las que 3.316 eran españolas y 1.613, extranjeras.
Los juzgados de lo penal absolvieron a 200.055 personas, 191.094 de las cuales eran hombres y 8.961, mujeres.
Audiencias provinciales
Las audiencias provinciales han dictado un total de 3.117 sentencias en todo el periodo analizado. El porcentaje de condenas es en general muy elevado (85,2%), cifra que se eleva hasta el 96,1% en los procedimientos con jurado.
El número de personas enjuiciadas por las audiencias provinciales ascendió a 4.926, de las que fueron condenadas 3.962 (el 80,4%). Del total de condenados, el 66% (2.614) eran españoles y el 98% (4.834) eran hombres.
Juzgados de Menores
Durante los quince años de vigencia de la ley, los juzgados de menores registraron 3.218 asuntos y dictaron 2.377 sentencias, de las que 2.296 lo fueron en procedimientos por delito y 81 en procedimientos por faltas o delitos leves.
Los juzgados impusieron medidas (el equivalente a la condena) en 2.108 sentencias por delito y en 69 en sentencias dictadas en procedimientos por faltas.
El número de menores enjuiciados fue de 2.175. De ellos, 346 tenían entre 14 y 15 años y 1.829, entre 16 y 17. Eran españoles 1.694.
