Así, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Salamanca y 3 de Valladolid han dictado este jueves sendos autos a través de los que se comunican las ratificaciones de las prórrogas solicitadas para las acciones ya vigentes en las capitales salmantina y vallisoletana, respectivamente.
Tanto el magistrado del juzgado salmantino como el responsable de la sala vallisoletana han revalido las prórrogas de siete días solicitadas por la autoridad sanitaria autonómica de las medidas de contención de la pandemia por el SARS-CoV-2 en los municipios de Salamanca y de Valladolid; la continuidad de estas acciones preventivas está en vigor desde este miércoles, 16 de septiembre, hasta el martes, día 22, inclusive.
Estas ratificaciones se suman a la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Burgos ha ratificado íntegramente las medidas adoptadas en la ORDEN SAN/850/2020/, de 16 de septiembre, por la que se impusieron mayores restricciones sanitarias preventivas para la contención de la Covid-19 en el municipio de Sotillo de la Ribera (Burgos) durante catorce días naturales.
En su auto, el magistrado titular de dicho juzgado entiende que las medidas impuestas por la Junta, con vigencia desde este miércoles, una vez publicada la orden correspondiente en el Bocyl, se basan en la existencia de un riesgo inminente y extraordinario que se extrae de la información médica remitida por la Junta de Castilla y León.
Quedaría pendiente, por tanto, conocer la decisión judicial sobre la ratificación presentada por la Junta de Castilla y León de la orden correspondiente a Pesquera de Duero (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Gobierno autonómico.
La Junta ha señalado que todos los ciudadanos han de colaborar activamente en el cumplimiento de estas medidas con el fin de alcanzar el bien individual y colectivo de poner fin a la transmisión comunitaria del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
A este respecto, ha recordado que su incumplimiento podrá constituir infracción administrativa sancionable, según establece el Decreto-ley 7/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención para afrontar la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en Castilla y León, con multas que, dependiendo de la catalogación de la infracción, oscilan entre los cien y los 600.000 euros.
Asimismo, el Gobierno autonómico ha incidido en que es imprescindible el compromiso y la responsabilidad individuales para con el cumplimiento de estas medidas y de cualquier otra obligación destinada a evitar la transmisión comunitaria y a prevenir la COVID-19, insistiendo en que todos y cada uno de los ciudadanos han de extremar la observancia de las medidas individuales (lavado frecuente de manos, distanciamiento físico interpersonal y uso obligatorio de mascarillas) y colectivas para frenar más contagios por SARS-CoV-2.
