Podrán beneficiarse de esta semana adicional aquellos progenitores cuyos hijos nazcan desde este jueves en adelante pero no los que hayan sido padres antes de esta fecha, aunque el alumbramiento haya tenido lugar en el año 2018, según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La decisión de ampliar una semana este año la duración del permiso de los padres para el cuidado de sus hijos es consecuencia del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy al que llegaron PP y Ciudadanos. En él se pedía un aumento inicial, para 2017, para que los padres tuvieran una baja de cuatro semanas por el nacimiento de un hijo. Este periodo debía ser ampliado a razón de una semana por año, de manera que ahora este permiso llega a las cinco semanas.
Además, gracias a una enmienda pactada por Unidos Podemos y PP, los PGE incorporan otra novedad con respecto a estos permisos: la posibilidad de que los funcionarios públicos que tengan un hijo puedan cogerse las cinco semanas de permiso sin la obligación de hacerlo de forma simultánea a la madre. De esta forma, podrán disfrutar de su baja tras las 16 semanas de la madre, ampliando el periodo total de ambos progenitores a 21 semanas.
La ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas así como el incremento del número de beneficiarios, ha motivado en los Presupuestos de este año un aumento de un 4,5 por ciento hasta los 2.559 millones de euros en el conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas a la cesación temporal en el trabajo por nacimiento de hijo, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia.
Este incremento coincide con la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley de Unidos Podemos para que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles. La Cámara baja dio luz verde a la iniciativa el pasado 26 de junio, por unanimidad.
La propuesta de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), que ha sido la impulsora de esta ley, es de 16 semanas para cada progenitor: dos a partir del nacimiento y las otras 14 dentro del primer año, pudiendo tomarse estas de forma no simultánea para así extender el periodo de cuidado de bebé.
"Queremos que hombres y mujeres se queden el mismo tiempo solos a cargo del bebé durante el primer año. Esa es la gran barrera que todavía no hemos saltado, que los hombres se puedan quedar solos a cargo del bebé, porque eso es lo que les inicia realmente en el cuidado y lo que les hace dejar de ser espectadores y ayudantes y convertirse en corresponsables y cuidadores", indicó la coportavoz de la PPiiNA, María Pazos, en una rueda de prensa el pasado mes de mayo.
Según los datos de la PPiiNA, en la actualidad, en España, solo en un 1,5 por ciento de los casos la madre transfiere al padre alguna de sus semanas de permiso. Si bien, en el 98 por ciento de los casos, los padres disfrutan del permiso que les corresponde al completo.
200 MILLONES PARA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otro lado, los 200 millones de euros comprometidos para la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género estarán también activos desde el jueves.
Con la entrada en vigor de las cuentas del Ejecutivo, los 200 millones podrán comenzar a ejecutarse, entre otras cosas, para implantar las 213 medidas que se contemplan en este acuerdo rubricado por el Parlamento y aprobado el pasado mes de diciembre.
El proyecto de ley inicial --presentado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy antes de que prosperase la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa-- incorporaba una partida de 80 millones de euros que correspondían a la Administración central. El Gobierno subrayó entonces que otros 100 millones corrían a cargo de las comunidades autónomas y 20 millones a los ayuntamientos, al tiempo que incidió en que el proyecto incrementaba la financiación autonómica y local en 4.200 millones.
Tras las reiteradas quejas y peticiones de la oposición, el Congreso finalmente alcanzó un acuerdo para incluir la dotación de 200 millones de euros para luchar contra la violencia de género, insistiendo en que era lo previsto en el pacto de Estado que hablaba de una partida "finalista" para combatir la violencia machista. El documento incluye el compromiso de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años, es decir, 200 millones anuales a repartir entre Administración Central (80 millones), comunidades autónomas (100 millones) y ayuntamientos (20 millones).
El Pacto contra la violencia machista fue aprobado con el voto a favor de todas las fuerzas políticas, a excepción de Unidos Podemos que se abstuvo. Los morados alegaron que no podían apoyar un documento que, a su juicio, no tenía todas las medidas necesarias para luchar contra esta lacra, ni tampoco el dinero necesario para ponerlas en marcha.
