En su reunión anual que ha tenido lugar en el TSJ de La Rioja, los presidentes han abordado diferentes cuestiones como es la necesidad de reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales para así mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo de esta manera los costes.
Asimismo, durante el acto han propuesto el replanteamiento de la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad, en la que la proximidad física de los juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterio fundamental de planificación.
Justicia más moderna
Los presidentes, con el objetivo de dar respuesta a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, han reiterado su firme compromiso de lograr la implantación de los más modernos métodos de organización e instrumentos para la gestión procesal en todos los órganos judiciales. Además, han reclamado un plan nacional de digitalización de la justicia que involucre a todas las administraciones competentes y consiga una planificación más coordinada en los procesos de implantación de la Justicia Digital para evitar las asimetrías detectadas en los distintos Tribunales Superiores de Justicia.
Otro de los temas que preocupa a los presidentes de los TSJ es que el diseño del expediente judicial electrónico contemple las necesidades específicas de los jueces y juezas y no solo los de las oficinas judiciales.
Otra de las conclusiones a la que han llegado durante la reunión es que la Justicia exige un replanteamiento drástico de la legislación procesal, que debe regular el proceso –tal y como ordena la Ley 18/2011- tomando como premisa que éste se desarrolla en un entorno electrónico.
Una de las solicitudes por parte de los presidentes es que exista la dotación de herramientas tecnológicas adecuadas en todos los órganos judiciales, y opinan que es imprescindible que el Consejo General del Poder Judicial realice una valoración del nuevo entorno digital a efectos de salud laboral con determinación de cargas de trabajo de los integrantes de la Carrera Judicial.
Por último, han reiterado que la planta actual de las Salas de lo Civil y Penal no permite, con carácter general, la debida implantación de la reforma operada por la Ley 41/2015, que garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia Penal.
