Nulidad testamentaria: incapacidad del testado, simulación contractual. Preterición: efectos de la indebida calificación de la demanda de la acción

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I. Nulidad testamentaria. Incapacidad del testador

[[QUOTE1:"Para apreciar la capacidad del testador ha de estarse únicamente al estado en que se halle al tiempo de otorgar el testamento"]]

Se analiza la posible nulidad de un testamento en base a considerar que cuando fue otorgado el testador no se hallaba con las necesarias facultades mentales a tal fin. Ha de partirse de la presunción de capacidad del testador, por ello, quien afirma su incapacidad debe probarla de modo claro e indubitado, pues cualquier duda al respecto no podría favorecer su pretensión. El CC art.663, declara incapaz para testar a quien de manera habitual o accidental no esté en su cabal juicio. Disponiendo el CC art.666 que para apreciar la capacidad del testador ha de estarse únicamente al estado en que se halle al tiempo de otorgar el testamento. Por su parte, el CC art.664 señala que el testamento hecho antes de la enajenación mental es válido, lo que ha sido entendido en el sentido de que la declaración de incapacidad mental posterior al acto de testar no alcanza a demostrar que el causante careciese en ese momento de un intervalo de lucidez.

[[QUOTE2:"Declaración judicial "]]

De la conjunción de tales preceptos se deduce que el punto de partida para la declaración como incapaz para el otorgamiento del testamento sería la de la declaración judicial en tal sentido (TS 12-12-1981), por lo tanto, la cuestión sería y es dilucidar si en el preciso momento en el que el causante compareció ante el fedatario público ostentaba o no capacidad al efecto (AP Asturias 19-12-2013).

[[QUOTE1:"Aseveración notarial respecto de la testamentifacción del otorgante"]]

Nuestra jurisprudencia ha señalado que toda persona debe reputarse en su cabal juicio como atributo normal de su ser, de manera que la prueba en contra no debe dejar margen de duda. Por otro lado, se ha señalado, así el TS 10-4-1987 -EDJ 1987/2895-, que la aseveración notarial respecto de la testamentifacción del otorgante adquiere, dada la seriedad y prestigio de la institución notarial, una especial relevancia de certidumbre, constituyendo una enérgica presunción iuris tamtum de aptitud, correspondiendo acreditar como prueba de contrario, que la persona presumiblemente incapaz, a pesar de tener mermadas sus facultades, otorgó el testamento en un "intervalo lúcido".

[[QUOTE1:"capacidad natural precisa en cada caso, «la capacidad mental se presume siempre mientras no se destruya por una prueba concluyente en contrario"]]

El TS 11-6-2001 -EDJ 2001/11062- en orden a lo establecido en el CC art.199 -EDL 1889/1-, supedita la declaración judicial por sentencia a la restricción de la capacidad de obrar, de forma que, en tanto no se diga así la persona seguirá gozando de facultad para ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones sin perjuicio de la posibilidad de impugnar sus actos anteriores por otras razones según su naturaleza, en una relatividad apreciativa. El TS 19-11-2004 -EDJ 2004/174122-, por su parte señala que, «Los artículos 199 y siguientes del Código Civil se refieren (...) a la reducción de la capacidad de obrar, en la medida que en cada caso se determine (artículo 210 del Código Civil), por la concurrencia de alguna de las causas establecidas en la Ley (artículos 199 y 200 del Código Civil), mediante una Sentencia judicial que la declare (artículo 199 del Código Civil) y constituya, así, un estado civil nuevo, el de incapacitado.». Desde ese momento, los contratos que realice el sujeto, si entran en el ámbito de la restricción, serán anulables (CC art.1263.2 y 1301). Sin embargo, como señala la AP Baleares 13-2-2014 -EDJ 2014/17250- el que una persona no haya sido incapacitada no significa que sean válidos los actos que realice sin la capacidad natural precisa en cada caso. En particular, no cabe considerar existente una declaración de voluntad contractual (de cuya coincidencia plena con la de la otra parte sobre cosa y precio nace el contrato de compraventa: CC art.1258, 1262 y 1450), cuando falte en el declarante la razón natural, ya que dicha carencia excluye la voluntad negocial, e impide que lo hecho valga como declaración. Claro está, que al presumirse la capacidad del no incapacitado, la falta de capacidad natural debe probarse cumplidamente. En ese sentido, la jurisprudencia (TS 17-12-1960, 28-6-1974 -EDJ 1974/567-, 23-11-1981 -EDJ 1981/1715-) ha destacado de modo reiterado la validez de los actos ejecutados por el incapaz antes de que su incapacidad sea judicialmente declarada (o aunque no lo sea nunca), a menos que, concreta y específicamente, se obtenga la declaración de nulidad del acto de que se trate. También ha precisado que la capacidad de la persona se presume siempre, mientras que su incapacidad, como excepción, no se aprobada de modo evidente y completo (Sentencias de 7-2-1967 -EDJ 1967/2014- y 10-4-1987 -EDJ 1987/2895-). El TS 14-2-2006 -EDJ 2006/11954- indica que «Lo que ha venido a establecer al respecto la jurisprudencia de esta Sala es que, tratándose de persona no declarada incapaz por virtud de sentencia dictada en el proceso especial previsto para ello, se presume su capacidad y quien la niega ha de acreditar cumplidamente su ausencia en el momento de prestar el consentimiento que, por ello, habría sido una simple apariencia. Así, en cuestiones de capacidad de una persona, todas las dudas han de solucionarse en favor de la capacidad, presunción que queda reforzada además por la intervención notarial pero admiten la posibilidad de que se pueda efectuar prueba en contrario que demuestre la situación de incapacidad real del otorgante, si bien dicha prueba ha de exigirse con especial rigurosidad.». Por ello de conformidad con la regla general del CC art.322, la incapacidad no puede ser presumida, como exigen los principios constitucionales de libertad personal y libre desarrollo de la personalidad, sino que la capacidad de la persona se presume siempre, mientras su incapacidad, como excepción, no sea probada de modo evidente y completo (sentencias de 10-4-1987, 18-3-1988 -EDJ 1988/16814-, 19-2-1996 -EDJ 1996/1309- y 19-11-2004 -EDJ 2004/174122-). Como dice la sentencia de 28-6-1990 -EDJ 1990/6923-, «la capacidad mental se presume siempre mientras no se destruya por una prueba concluyente en contrario, requiriéndose en consecuencia una cumplida demostración mediante una adecuada prueba directa, por lo que no es posible que la referida presunción legal y jurisprudencial pueda ser destruida mediante otra presunción de las llamadas "de hombre" ("presumptio hominis" o "presumptio facti"), contempladas en el artículo 1253 del Código Civil (...).». No obstante, por ejemplo, la existencia de un precio vil o irrisorio puede considerarse un elemento decisivo para inferir, junto con la prueba pericial, que el vendedor no era consciente del precio real que tenía dicho inmueble, a consecuencia de la enfermedad de Alzheimer que padecía, la cual supone que el paciente puede ser fácilmente manipulable, pero se discrepa sobre el grado que presentaba, y si éste era suficiente para provocar su incapacidad de conocer y querer en relación con un negocio jurídico que puede calificarse como de "patrimonio mayor", dado el precio del inmueble vendido, y que se trata del único, propiedad del mismo. En tal supuesto, la AP Baleares de 13-2-2014 y por el hecho del precio vil, se procede a determinar la incapacidad del vendedor, y por ende la nulidad de la compraventa.

II. Simulación contractual testamentaria

[[QUOTE1:"Simulación contractual se produce cuando no existe la causa que nominalmente expresa el contrato. La consecuencia de la simulación absoluta es la nulidad radical del negocio"]]

Recuerda el TS 13-2-2003 -EDJ 2003/2059- la reiterada jurisprudencia de la Sala Primera del TS 23-9-1990 y 16-9-1991 -EDJ 1991/8605-, según la cual «la simulación contractual se produce cuando no existe la causa que nominalmente expresa el contrato, por responder éste a otra finalidad jurídica distinta sin que se oponga a la apreciación de la simulación el que contrato haya sido documentado ante fedatario público»; en parecidos términos se manifiesta la sentencia de 30-9-1989, al decir que «el concepto jurisprudencial y científico de simulación contractual que es un vicio de la declaración de voluntad de los negocios jurídicos por el cual, ambas partes, de común acuerdo, y con el fin de obtener un resultado frente a terceros, que puede ser lícito o ilícito, dan a entender una manifestación de voluntad distinto de su interno querer"...)». También el TS 13-2-2006 -EDJ 2006/6317- cita la de 6-6-2000 -EDJ 2000/11984- para recordar que «la "simulatio nuda" es una mera apariencia engañosa ("substancia vero nullam") carente de causa y urdida con determinada finalidad ajena al negocio que se finge (STS de 19-7-1984); que el contrato simulado se produce cuando no existe la causa que nominalmente se expresa, por responder a otra finalidad jurídica (SSTS de 1-7-1989); que la simulación implica un vicio en la causa negocial (STS de 18-7-1989 –EDJ 1989/7417-); que la simulación no se puede declarar si no se prueba una finalidad defraudatoria (STS de 15-3-1996); que el negocio con falta de causa es inexistente (STS de 23-5-1980 -EDJ 1980/875-); que la falsedad de la causa equivale a su no existencia y, por consiguiente, produce también la nulidad del negocio, en tanto no se pruebe la existencia de otra verdadera (STS de 21-3-1956); que la simulación absoluta da lugar a un negocio jurídico que carece de causa y éste es el caso de la compraventa en que no ha habido precio (SSTS de 24-10-1992 -EDJ 1992/10387-, 7-2-1994 -EDJ 1994/955-, 24-5-1995 y 26-3-1997 –EDJ 1997/2097-, además de otras que también cita).». La consecuencia de la simulación absoluta es la nulidad radical del negocio; en efecto, la jurisprudencia viene señalando que la simulación absoluta por su naturaleza esencialmente contraventora de la legalidad, ha sido estructurada por la doctrina decantada como un supuesto incluible en la causa del negocio, es decir, la simulación que implica un vicio en la causa negocial, con la solución de los art.1275 y 1276 y por tanto con la declaración imperativa de nulidad (TS 29-7-1993 -EDJ 1993/7731-, 21-9-1998 -EDJ 1998/18352-, 25-10-2005 -EDJ 2005/165836-, 30-3-2006 -EDJ 2006/37267-, 25-1-2008 -EDJ 2008/5025-). La principal razón de llevar la simulación absoluta al terreno de la nulidad radical se debe a que, para la jurisprudencia a que nos hemos referido, los efectos de un contrato simulado son los mismos que un negocio radicalmente nulo; además, con la nulidad se expresa mejor la idea de sanción o destrucción de lo que se ha creado aparentemente. Seguramente por ello se ejercita frecuentemente la acción de nulidad por simulación, en vez de la acción desimulación, para expresar así mejor el petitum de la demanda (por ejemplo, TS 3-6-1995 -EDJ 1995/3328-).

[[QUOTE1:"Imprescriptibilidad, legitimación activa, prueba de presunciones"]]

Característica de la acción de simulación es su imprescriptibilidad, tanto cuando se trata de la simulación absoluta como cuando es relativa. Sobre la imprescriptibilidad de la simulación absoluta no ha habido duda en la jurisprudencia (TS 6-4-1986, 29-11-1989 -EDJ 1989/10704-, 17-6-1991, 23-10-1992 -EDJ 1992/10379-, 12-3-2002, entre otras). La imprescriptibilidad en los casos de simulación relativa se admitió en TS 23-10-1992, 22-2-2007 -EDJ 2007/8524-, 18-3-2008 -EDJ 2008/48894-. En relación con la legitimación activa, se afirma que es necesario tener un interés jurídico, un interés legítimo; el tercero que no haya sido parte del contrato ha de tener interés en la inexistencia o nulidad por simulación, es decir ha de resultar perjudicado afectado de alguna manera por el contrato cuya nulidad se pretende. Algunas sentencias del Tribunal Supremo siguen un criterio de cierta amplitud y admiten la legitimación activa con tal de que haya un simple interés legítimo sin precisar un derecho ni un interés directo (TS 5-12-1986, 22-12-1987, 13-4-1988 -EDJ 1988/2981-). Según la sentencia de 3-5-2001 sólo gozan de legitimación activa para solicitar que se declare la simulación, los terceros que tengan un derecho subjetivo o situación jurídica amenazada por el negocio jurídico simulado que se haya realizado. Como es lógico, toda simulación responde a un fin. Detectado o conocido éste, los actos que constituyen la trama de la simulación cobran sentido, se iluminan a la luz del designio perseguido. Lo anómalo y extraño cobra, entonces, sentido; todo está al servicio del objetivo que la simulación persigue y trata de encubrir. Señala la AP Pontevedra 30-12-2013 que quienes participan en la simulación tratan de urdir y construir una apariencia lo más lograda posible; por ello, la acreditación de la simulación es ciertamente dificultosa y fundamentalmente se nutre de prueba indirecta. La jurisprudencia reconoce de forma reiterada que es la prueba de presunciones la que cobra singular relieve y especial eficacia. Dice, en este sentido, el TS 16-9-1991 -EDJ 1991/8605- que «La necesidad de acudir a la prueba de presunciones a que se refiere el art. 1253 C.C. -EDL 1889/1- para apreciar la realidad de la simulación es doctrina reiterada de esta Sala que, señalándose en STS 5-11-1988 -EDJ 1988/8757- que «al ser grandes las dificultades que encierra la prueba plena de simulación, y por aparentar que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad, obliga a acudir a la prueba indirecta de las presunciones que autoriza el art. 1253 C.C. y con su base, apreciar comportamiento simulador absoluto cuando, con arreglo a un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, se evidencia que el contrato no ha tenido, en definitiva, la causa que nominativamente expresa".». Recuerda la STS 21-12-2009 -EDJ 2009/299932- la «idoneidad y eficacia de las presunciones como conjunto armónico de indicios -a falta de pruebas directas- para fundamentar la apreciación de la simulación dado el lógico interés de los intervinientes de no dejar huellas de la realidad (SSTS entre otras, de 27-4-2000 -EDJ 2000/7652-; 3-11-2004 -EDJ 2004/159569-; 19-6 -EDJ 2006/89285- y 4-12-2006 -EDJ 2006/325617-; 17-4 -EDJ 2007/23325-, 26-6 -EDJ 2007/92325-, 24-7 -EDJ 2007/104529-, 5-10 -EDJ 2007/175194- y 30-11-2007 -EDJ 2007/222922-; y 28-2 -EDJ 2008/128021-, 18-3 -EDJ 2008/48894-, 14 -EDJ 2008/90706- y 29-5 -EDJ 2008/82730- y 14-11-2008 -EDJ 2008/272870-).». Por su parte, la STS de 18-3-2008 insiste en la misma línea poniendo de manifiesto la dificultad de la prueba de la simulación contractual, acrecentada por el natural empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer todos los vestigios de la simulación y por aparentar que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad (SS 13-10-1987, 5-11-1988 -EDJ 1988/8757-, 27-11-2000 -EDJ 2000/39215-), admitiéndose la prueba de presunciones, la cual se configura en torno a un conjunto de indicios, que si bien tomados individualmente pueden no ser significativos, e incluso cabe que sean equívocos, sin embargo, en conjunto, y en relación con las circunstancias, son reveladores de la actuación simulatoria. Y en tal orden se han tomado en cuenta entre otros aspectos fácticos la existencia de "causa simulandi" (tratar de sustraer el bien a una ejecución), relación de parentesco próximo entre los intervinientes en la operación; precio irrisorio; carencia de prueba de pago del precio; falta de capacidad económica del adquirente, etc. En los supuestos de contratación simulada inevitablemente se suscitan preguntas de índole diversa en la búsqueda de propósitos y mecanismos buscados por las partes para obtener el fin apetecido, y todo ello en un contexto de ocultaciones y desviaciones propiciadas por quienes construyeron una determinada apariencia negocial.

Otra posibilidad sería que bajo la veste formal de una compraventa, nula por falta real del precio, se hubiera querido disimular una donación, y ello en la idea de que la primera fórmula contractual pudiera provocar menores disidencias o suspicacias en el seno familiar. Como decimos, el resultado de nulidad radical hubiera sido el mismo, y ello en aplicación de la doctrina jurisprudencial expresada en el TS 11-1-2007 -EDJ 2007/8520-, a cuyo tenor: «Esta Sala considera que la nulidad de la escritura pública de compraventa impide que se considere válida la donación de inmuebles que se dice encubría. Aunque se probase que hubo animus donandi del donante y aceptación por el donatario del desplazamiento patrimonial, lo evidente es que esos dos consentimientos no constan en la escritura pública. El art. 633 CC -EDL 1889/1-, cuando hace forma sustancial de la donación de inmuebles la escritura pública no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica en la que deben expresarse aquellos consentimientos, y ello es totalmente diferente de que se extraigan de los restos de una nulidad de la escritura de compraventa como resultado de una valoración de la prueba efectuada por el órgano judicial. En consecuencia, una escritura pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del art. 633, pues el negocio disimulado de donación que se descubra no reúne para su validez y eficacia aquéllos.».

[[QUOTE1:"Necesidad de plasmación de la donación en escritura pública un requisito "ad solemnitatem""]]

La AP Baleares 21-1-2014 -EDJ 2014/8228-, a este respecto considera la cesión de dominio de un inmueble de forma gratuita como una donación nula, al no hacerse constar la causa onerosa de dicho cesión de dominio, lo que implica la transmisión inter vivos de un bien inmueble en forma gratuita, y constituye, por tanto, una donación que sería nula por falta del requisito formal ad solemnitatem, al no haberse realizado en escritura pública (CC art. 633 -EDL 1889/1-). Como es sabido, nuestro derecho no considera suficiente para la transmisión inter vivos de un bien inmueble en forma gratuita las simples manifestaciones verbales del titular del mismo, ni tampoco la voluntad de dicho titular manifestada por medio de un escrito privado. De conformidad con lo dispuesto en el CC art. 609 -EDL 1889/1-, el dominio puede adquirirse, entre otros modos, a través de ciertos contratos mediante la tradición, siendo por tanto indispensable la concurrencia de título y el modo, porque en nuestro ordenamiento jurídico no bastan las declaraciones de voluntad generadoras del contrato sino que es preciso, además, la tradición o entrega. Así viene a razonar el TS 10-9-2007 -EDJ 2007/152392- que «es doctrina de esta Sala, emitida "sin fisuras", en palabras de la Sentencia de 31-7-1999 -EDJ 1999/19925-, que la donación de bienes inmuebles supone una excepción al principio general de libertad de forma, siendo la necesidad de plasmación de la donación en escritura pública un requisito "ad solemnitatem" o sea especial para la eficacia del mismo que exige nuestro Código Civil, concretamente en su artículo 633 y con ello se rompe la norma general de nuestro sistema contractual, absolutamente impregnado por un principio espiritualista, para el que la forma escrita se exige únicamente como requisito "ad probationem"» (Sentencia de 31-7-1999); señalando taxativamente la Sentencia de 25-1-2007 -EDJ 2007/2676- que «una donación de inmueble sin escritura pública es inexistente por falta de un requisito esencial», requisito éste que es aplicable a cualquier tipo de donación, como remarcó la Sentencia de 23-10-1995 -EDJ 1995/5678-, con cita de las de 22-10-1986, 10-12-1987 -EDJ 1987/9158-, 24-6 -EDJ 1988/5507- y 3-12-1988 -EDJ 1988/9533-, 16-2-1990 -EDJ 1990/1586- y 24-9-1991 -EDJ 1991/8916- «de suerte que de no cumplirse ese requisito formal de la escritura pública queda el negocio jurídico casacional inválido incluso entre las mismas partes y cualquiera que fuese su clase, bien simple, modal, remuneratoria u onerosa»; siendo la exigencia formal, en palabras de las sentencias de 5-11-1996 -EDJ 1996/7793- y 26-5-1992 -EDJ 1992/5327-, la que a su vez cita a las de 9-7-1984 -EDJ 1984/7296-, 15-10-1985, 14-5-1987 -EDJ 1987/3786-, «de aplicación preferente sobre las disposiciones generales de los contratos siendo una excepción a la teoría general que atribuye eficacia al consentimiento en cualquier forma»; no siendo posible, dice la sentencia de 3-3-1995 -EDJ 1995/778-, que otorgada una donación de inmueble en documento privado, se pueda exigir su elevación a escritura pública; sin que pueda alegarse como infringido el CC art.1279 -EDL 1889/1-.

III. Preterición: efectos de la indebida calificación de la acción en demandas de testamentaria

[[QUOTE1:"Preterición, comprende dos casos, la llamada intencional y la errónea, voluntad del causante, las acciones no se califican por las denominaciones que les den las partes, sino por las pretensiones que estas formulen, principio iura novit curia. Sólo es posible la incongruencia por alteración de la causa petendi y no por el cambio de punto de vista jurídico"]]

La preterición viene regulada en el CC art.814 -EDL 1889/1-, modificado por la reforma introducida por la L 11/1981, y comprende dos casos, la llamada intencional y la errónea, según el testador conociera o no la existencia del legitimario que ha olvidado al tiempo de otorgar testamento, ya que la preterición no es otra cosa que el olvido del legitimario en el sentido de falta de atribución de bien alguno en concepto de legítima. Los efectos de una y otra son bien distintos: mientras en la intencional se rescinde la institución de heredero en la medida que sea precisa para satisfacer la legítima y si no basta, se rescinden los legados a prorrata, en la errónea de alguno de los hijos o descendientes, se anula la institución de heredero y si no basta, los legados. En todo caso, la preterición de un legitimario no perjudica la legítima, como dice el CC art.813. Igualmente, el TS 9-7-2002 -EDJ 2002/26085-, declara que «El efecto de la preterición intencional se equipara al de la desheredación injusta (artículo 851 -EDL 1889/1-): el preterido, como el desheredado injustamente, tiene derecho a la legítima, pero sólo a la legítima estricta o corta, es decir, un tercio, ya que la voluntad del causante, soberano de su sucesión, fue el privarle del todo y si por ley se le atribuye, no se puede extender a una parte (legítima larga) que corresponde a su libre disposición (entre hijos) y que voluntariamente nunca le quiso atribuir. Se ha dicho y razonado que el legitimario preterido tiene derecho a la legítima, pero en la de hijos o descendientes, es la legítima estricta, un tercio, no la larga. Se parte de la voluntad del causante, que era atribuirle el todo al hijo no preterido; por ley se le rescinde la institución de heredero, pero no puede privársele de aquello -la mejora- que le pudo atribuir y le atribuyó (embebida en la institución de heredero) voluntariamente. La normativa imperativa, ius cogens, de la legítima no alcanza a aquella parte -la mejora- que sí es disponible, aunque la disponibilidad venga limitada a los otros hijos o descendientes». A este respecto se expone, que ocurre para el caso, y en orden al principio iura novit curia, cuando existe una inequívoca acción planteada en una contienda judicial. Señala la AP Alicante 7-6-2005 -EDJ 2005/338320- a efectos de congruencia, que las acciones se determinan por su componente fáctico y no por su denominación, pues las antiguas teorías sobre las acciones, que obligaban a expresar en la demanda el tipo de acción que se ejercitaba, acertando además en la designación, bajo pena de fracaso de la demanda, han sido sustituidas por la progresiva jurisprudencia, reflejada ya en las sentencias TS 30-3-1927, 3-5-1944, 26-1-1945 y 22-5-1964, entre otras, en las que se establece que ya no es absolutamente necesaria la designación del nombre de la acción puesto que las leyes adjetivas han marcado en los procedimientos la espiritualidad del derecho, no permitiendo que los litigantes no alcancen la resolución favorable por error del jurisdiccional o del letrado que los dirija, al confundir la acción; que las acciones no se califican por las denominaciones que les den las partes, sino por las pretensiones que estas formulen. En este sentido el TS 22-3-2000, siguiendo esa misma orientación nos dice que: «Partiendo de lo prevenido en el art. 524 de la citada Ley Procesal -EDL 1889/1-, la expresión de la acción en demanda sólo es necesaria cuando por ella haya de determinarse la competencia y en los demás supuestos, y aun en ese mismo, ha declarado con reiteración la jurisprudencia que la naturaleza de la acción ejercitada viene calificada por los hechos alegados y la consecuente petición que desde ellos se hace para resolver en relación a la situación jurídica objeto del pleito, explicitado en la demanda sin cambiar el fundamento de la pretensión deducida como causa de pedir en base de unos hechos que han de ser respetados a ultranza.». Más recientemente el TS 11-7-2003 -EDJ 2000/3205- afirma que «la doctrina de esta Sala tiene proclamado hasta el cansancio, que no se produce incongruencia por el cambio del punto de vista del Tribunal respecto al mantenido por los interesados, siempre que se observe por aquel el absoluto respeto para los hechos que son los únicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposición de las partes (...).». El principio iura novit curia autoriza al juzgador, sin que ello implique incidir en incongruencia y siempre que se guarde respeto a los componentes fácticos, a emitir un juicio crítico y valorativo sobre los mismos, incluso aplicando normas no invocadas por las partes, dado que la congruencia no le impide aplicar los preceptos legales que estima más oportunos al caso controvertido -sentencia de 29-12-1987, EDJ 1987/9769-. Y en esta misma línea, las sentencias de 7-10-1987 -EDJ 1987/7103-, 27-5 y 16-6-1993 -EDJ 1993/5872- y 18-3-1995 -EDJ 1995/1170-, sostienen que tal principio autoriza al Juez civil a aplicar las normas jurídicas que estime procedentes, así como modificar el fundamento jurídico en que se basan las pretensiones de las partes, habiendo dictado en este punto la sentencia núm. 369/93, de 13 de diciembre del Tribunal Constitucional -EDJ 1993/11309-, que no está obligado a los razonamientos jurídicos empleados por las partes. Por ello, siempre que se respete la causa petendi, los Tribunales pueden aportar sus propios fundamentos jurídicos, que no precisan de un ajuste exacto a los alegados por las partes, a las que no están sometidos, ya que dicho precepto les faculta para desvincularse de los mismos -sentencias de 27-5 y 20-7-1993, 18-3-1995 -EDJ 1995/1170- y 31-1-1997, EDJ 1997/189-. Sólo es posible la incongruencia por alteración de la causa petendi y no por el cambio de punto de vista jurídico -sentencias de 26-1-1982 -EDJ 1982/308-, 8-10-1985, 3-1-1986 -EDJ 1986/586-, 16-3 y 19-10-1987, EDJ 1987/7436-. Es por ello, que el TS 6-4-1998 -EDJ 1998/2541- mantiene que «una preterición intencional o, en su caso, una desheredación injusta, cuya calificación puede hacerla esta Sala, (...) en virtud del principio "iura novit curia", en cuanto ello no entraña alteración alguna de la "causa petendi", preterición intencional o, en su caso, desheredación injusta que ha de comportar que la institución de heredero hecha.».

Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia" número 2, el 15 de noviembre de 2014.