Cinco asociaciones judiciales y fiscales —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han convocado un paro de diez minutos este miércoles frente a las sedes judiciales. El objetivo: manifestar su oposición a las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, y a la reestructuración del Ministerio Fiscal.
Las asociaciones reclaman la retirada de ambos proyectos legislativos, alegando que representan un grave retroceso para la independencia judicial y no responden a una demanda social real. Según explican en su comunicado conjunto, las medidas planteadas suponen “una afectación grave” a los principios constitucionales que rigen el Poder Judicial, y no contribuyen a resolver los problemas estructurales de la Justicia.
En cuanto a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, advierten de que el texto proyectado deja las investigaciones penales en manos de los fiscales sin garantizar la autonomía funcional de la institución. A su juicio, lejos de blindar la independencia del Ministerio Público, el anteproyecto refuerza de manera injustificada el poder del fiscal general del Estado, sin establecer los contrapesos ni las garantías internas necesarias para una actuación investigadora imparcial.
Por ello, solicitan comenzar de cero la redacción del Estatuto, esta vez incorporando las aportaciones de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal.
Las organizaciones convocantes remiten al Ministerio de Justicia sendos informes técnicos sobre los efectos adversos de ambas reformas y, en ese contexto, se reúnen el pasado 4 de junio con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. También acuden a dicho encuentro las asociaciones progresistas, que no han secundado la protesta.
Sin embargo, los convocantes califican la reunión de “poco productiva” y lamentan que el Gobierno rechace frontalmente retirar la reforma sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal. Consideran inamovible la posición del Ministerio y denuncian la falta de voluntad para entablar un diálogo real, más allá de escenificar una escucha que, según denuncian, no se produce en términos efectivos.
Pese a ello, se comprometen a seguir acudiendo a futuras convocatorias ministeriales que busquen avanzar en un estatuto profesional para jueces y fiscales. Pero advierten: “no vamos a contribuir a aparentar que se nos escucha cuando en realidad no es así”.
Desde el Ministerio de Justicia, por su parte, se califica el encuentro como “constructivo y respetuoso”. Las fuentes oficiales subrayan que el Ejecutivo reitera su apuesta por modernizar el acceso a las carreras judicial y fiscal, blindar las becas, automatizar ascensos y estabilizar a los jueces y fiscales sustitutos, en línea con las exigencias de la Comisión Europea. Además, afirman que existe una voluntad clara de mantener un diálogo permanente con las asociaciones.
El contexto institucional se encuentra claramente tensionado. Horas antes de la reunión, las asociaciones convocantes piden al Ministerio que deje de acusarlas de difundir “bulos” o “fango” al criticar las reformas. Paralelamente, solicitan reuniones con todos los grupos parlamentarios y otros órganos clave como el Consejo General de la Abogacía del Estado o el Consejo General de Procuradores de España. Algunos de estos encuentros ya han tenido lugar, mientras que otros están programados.
De continuar el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos en los términos previstos, las asociaciones anuncian su intención de impugnar judicialmente el procedimiento.
La movilización institucional también se refuerza desde la base. Más de mil jueces y fiscales, muchos de ellos de las últimas promociones, suscriben un manifiesto de apoyo a la huelga general contra las reformas. Difunden la iniciativa bajo la cuenta @Huelga2025 y dan forma al grupo "Unión de Fiscales y Jueces".
Finalmente, asociaciones de jueces y fiscales sustitutos también intervienen en el debate. El pasado 4 de junio, se reúnen con el Ministerio para exigir que la nueva ley de acceso cumpla con los estándares fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos laborales y lucha contra la temporalidad abusiva.
