Estos nombramientos refuerzan la apuesta de Pérez-Llorca por su talento interno y reconocen el buen hacer y compromiso de estos profesionales con el Despacho y sus clientes. A estas promociones se añade el nombramiento de Daniel Olábarri como counsel de Fiscal.
Rafael Fernández, nuevo socio de la práctica de Seguros y Reaseguros, se incorporó a Pérez-Llorca como counsel en 2020. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector asegurador, en los que ha asesorado a entidades aseguradoras y reaseguradoras nacionales e internacionales y a otras entidades relacionadas con este sector en distintas operaciones mercantiles, cuestiones regulatorias, así como en la resolución de disputas. Antes de su incorporación al Despacho, Fernández fue vicepresidente de asuntos legales de una importante reaseguradora en Luxemburgo y trabajó en dos prestigiosos despachos internacionales. Actualmente, ocupa el cargo de Senior Vice Chair en el Comité de Seguros de la Internacional Bar Association (IBA) y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro (AJPS).
Jorge Masía, quien también se incorporó a Pérez-Llorca en calidad de counsel del equipo de Competencia en el año 2020, cuenta con un perfil híbrido entre economía y derecho. Con más de 18 años de experiencia asesorando a compañías nacionales y multinacionales en asuntos de litigación compleja, tiene amplio conocimiento de diferentes sectores empresariales como energía, financiero, nuevas tecnologías y telecomunicaciones. Masía es licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Economía y en Ciencias Políticas y de la Administración, y cuenta, entre otros títulos de posgrado, con un LL.M. en Northwestern University School of Law de Chicago y otro LL.M. en el IE, siendo en ambos casos número uno de su promoción.
José Ángel Nabal se incorporó a Pérez-Llorca en 2014 donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional. En 2018 cursó un LL.M. en la Universidad de Columbia (Nueva York), tras el que trabajó como international associate en la oficina de Nueva York de Simpson Thacher y, posteriormente, se reincorporó a la oficina de Madrid de la firma. Nabal está especializado en el asesoramiento a fondos de inversión y empresas nacionales e internaciones en operaciones complejas, tanto inmobiliarias como mercantiles con componente inmobiliario, tales como joint ventures, acuerdos de inversión, promoción inmobiliaria o adquisiciones y desinversiones. Ha sido reconocido en el área de Real Estate de diferentes directorios jurídicos como Chambers Europe o Best Lawyers®.
Ana María Rodríguez ha desarrollado toda su carrera profesional en el área de Público de Pérez-Llorca, donde se incorporó en 2012. Experta en Litigación y Derecho de la Unión Europea, asesora tanto a entidades públicas como privadas en materia regulatoria y civil ante tribunales españoles y europeos, así como ante organismos europeos como la Comisión Europea o el BCE. Está reconocida por Legal 500 en la práctica de ‘EU and Competition’ y por Best Lawyers® en ‘Administrative Law’ y en ‘European Union Law’.
José Luis Romeu se unió a Pérez-Llorca en 2017 como abogado de la práctica de Corporate. Especializado en Derecho Mercantil, su carrera tiene un marcado cariz internacional ya que, además de contar con un LL.M. en International Business and Economic Law por la Universidad de Georgetown, en 2019 y 2020 estuvo trabajando en la oficina de Londres del Despacho y es, asimismo, Solicitor of England and Wales. Desde su incorporación, ha asesorado a clientes nacionales y extranjeros en todo tipo de transacciones mercantiles y, en particular, en destacadas operaciones de M&A y Private Equity, creación y disolución de joint ventures y reestructuraciones. Está reconocido por Legal 500 para la práctica de ‘Private Equity’.
Asimismo, Pérez-Llorca ha nombrado a Daniel Olábarri counsel del área de Fiscal. El abogado ha desarrollado toda su carrera profesional en el Despacho, al que se incorporó en 2012. Olábarri está especializado en litigación en materia tributaria, habiendo participado en numerosos recursos y reclamaciones ante los tribunales de lo contencioso-administrativo (Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) y los tribunales económico-administrativos, así como en procedimientos de gestión, inspección, recaudación y sancionadores frente a la Administración tributaria estatal, autonómica y local.