El Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras crea un nuevo tributo de naturaleza indirecta que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia del lugar donde se efectúe la adquisición o de la residencia de los agentes que intervengan, siempre que estas sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.
Este Impuesto se aplicará sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. Su liquidación será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual.
La finalidad de este tributo es "contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas, y reforzar el principio de equidad del sistema tributario, ya que grava unas operaciones que no se encuentran sujetas en estos momentos a impuesto alguno".
Entre las adquisiciones que quedan excluidas de dicho gravamen están las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
Con el rechazo de estas enmiendas a la totalidad, el Proyecto de Ley pasa su primer examen y continúa con su tramitación parlamentaria, que sigue con el debate en Comisión de las enmiendas al articulado.
