El acuerdo de la Comisión Permanente se sustenta en un informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ tras el análisis, durante el pasado mes de noviembre, de la situación de todos los juzgados de los social que estaban señalando actos de conciliación y juicio con más de un año de demora. Se ha tenido en cuenta, además, el criterio fijado recientemente por el Tribunal Constitucional, cuya Sala Primera ha declarado que una demora de varios años vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
En su análisis de la situación de los juzgados de lo social, el Servicio de Inspección ha valorado las cargas medias de entrada de asuntos -de acuerdo con los indicadores aprobados por el CGPJ- de los años 2018 a 2021 y de los tres primeros trimestres de 2022. También, el nivel de resolución, el nivel medio de pendencia por territorio, los tiempos medios de respuesta y las fechas de los últimos señalamientos de los que se tiene constancia.
Conforme a esos datos, concluye que es “necesaria e imprescindible” la constitución de 32 nuevos juzgados de los social, que deberían distribuirse territorialmente de la siguiente forma:
Andalucía
- 3 juzgados de los social en Almería
- 1 juzgado de lo social en Cádiz
- 1 juzgado de lo social en Jerez de la Frontera
- 2 juzgados de lo social en Málaga
- 5 juzgados de lo social en Sevilla
Cataluña
- 1 juzgado de lo social de enjuiciamiento en Barcelona
Madrid
- 15 juzgados de lo social en Madrid
Comunidad valenciana
- 2 juzgados de lo social en Alicante
- 2 juzgados de lo social en Elche/Elx
Además de la creación de estos 32 órganos judiciales, el informe advierte de la necesidad de aumentar la planta judicial en todas aquellas localidades en las que la carga de trabajo de los juzgados de lo social supera el 130 % del indicador de media en los últimos cinco años. Según el Servicio de Inspección, los órganos judiciales que se encuentran en esta situación no figuran en el listado anterior gracias al esfuerzo de sus titulares, que han logrado reducir los tiempos de demora, si bien estos “exceden de las legítimas expectativas de los ciudadanos y quebrantan el principio de celeridad que rige la jurisdicción social”.
La Comisión Permanente ha acordado dar traslado del informe a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia afectados para que valoren promover la adopción de medidas de refuerzo, en tanto se produzca el aumento de la planta judicial.
Asimismo, se da traslado al Ministerio de Justicia y a las administraciones autonómicas.
