Evitando así diversos recursos de inconstitucionalidad

Política Territorial alcanza en julio ocho acuerdos con comunidades autónomas

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El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado en el mes de julio soluciones pactadas con Cantabria, Comunitat Valenciana, Cataluña, Illes Balears, Galicia, Principado de Asturias y Castilla y León sobre ocho normas sobre las que existían discrepancias por el ámbito competencial constitucionalmente reconocido a cada una de ellas.

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Los acuerdos se han alcanzado en el marco de las Comisiones Bilaterales de Cooperación. Este procedimiento de negociación, recogido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), constituye un instrumento jurídicamente habilitado para que el Gobierno pueda llevar a cabo una cogobernanza eficaz con las comunidades autónomas, bajo la premisa del principio de colaboración.

El Ministerio de Política Territorial, en su voluntad de diálogo y cooperación permanente con las comunidades autónomas, ha promovido procedimientos que han dado buen resultado, logrando acuerdos que resuelven el conflicto en relación con las siguientes leyes autonómicas:

  • Ley de Cantabria 2/2021, de 28 de abril, por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada (Cantabria).

La Comunidad Autónoma se compromete a modificar su legislación para adaptarlo al marco competencial en materia de sobrevuelo.

  • Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021 (Comunitat Valenciana).

Se ha alcanzado un acuerdo en distintas materias referentes a contratación, evaluación de impacto ambiental y materia fiscal donde la Comunidad Autónoma se compromete a llevar a cabo modificaciones normativas.

  • Decreto-Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados (Generalitat de Cataluña).

Se ha alcanzado un acuerdo mediante el que la Generalitat se compromete a declarar próximamente la pérdida de vigencia del Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, en una ulterior norma que lo derogue.

  • Decreto Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, y el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 (Illes Balears).

En este acuerdo ambas partes entienden que las autoridades sanitarias de las Illes Balears aplicarán las medidas recogidas en el artículo 49.bis apartado 3 al amparo de lo que al respecto disponga en todo momento la legislación orgánica de invocación y la jurisprudencia sobre la interpretación de la misma, y con respeto a las competencias estatales sobre las bases y la coordinación general de la sanidad. Asimismo, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears promoverá una iniciativa legislativa para modificar el artículo 49 bis.

  • Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia (Galicia).

En concreto, ambas partes entienden que las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia aplicarán las medidas recogidas en el artículo 38.2 al amparo de lo que al respecto disponga en todo momento la legislación orgánica de invocación y la jurisprudencia establecida sobre la interpretación de la misma, y con respeto a las competencias estatales sobre las bases y la coordinación general de la sanidad.

Asimismo, la Xunta de Galicia promoverá una iniciativa legislativa con el objeto de introducir en el texto de la Ley de Salud una disposición adicional relativa a la aplicación de las medidas de vacunación en el marco de las competencias estatales de coordinación general de la sanidad y de la estrategia nacional de vacunación.

  • Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021 (Principado de Asturias).

Se trata de un acuerdo parcial en materia tributaria.

  • Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero (Castilla y León).

Se trata de un acuerdo en el que ambas partes interpretan que en relación con las ayudas sobre renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, tienen naturaleza de prestaciones de carácter social hasta el importe que correspondería a las personas beneficiarias por dicha renta, sin que en ningún caso constituyan un complemento específico de prestaciones contributivas.

  • Ley 2/2021, de 8 de enero, de pesca continental de Galicia

Acuerdo referido a distintas cuestiones en relación con las actuaciones concurrentes de ambas Administraciones en materia de pesca y gestión de aguas.

Por último, desde el mes de enero se han firmado 34 acuerdos finales, todos ellos en procedimientos promovidos por el Estado. De esos 34 acuerdos, 3 de ellos han sido parciales.