Posibilidad de solicitud de diligencias preliminares en formación de inventario por la parte demandada

En general, la posibilidad de interesar la práctica de dili...

En general, la posibilidad de interesar la práctica de diligencias preliminares para tomar conocimiento sobre determinadas partidas cuya inclusión se deban llevar posteriormente al inventario de la sociedad de gananciales en proceso de liquidación, ha sido una cuestión polémica sobre la que no existe un criterio unánime por la jurisprudencia menor, si bien, es cierto, que el mayoritario apunta hacia una respuesta afirmativa, como recogen, entre otras, las resoluciones (autos) dictadas por AP Castellón (Sección 3ª) de 8 de abril de 2004, AP Las Palmas (Sección 5ª) de 2 de septiembre de 2010 (EDJ 2010/273682) y AP Valencia (Sección 7ª) de 20 de septiembre de 2010 (EDJ 2010/301945).

Pero la cuestión se torna mucho más discutible cuando, como en el caso que se pregunta, se pretende el uso de las diligencias preliminares no por quien inste posteriormente el procedimiento de formación de inventario de la disuelta sociedad de gananciales al amparo de lo previsto en los arts. 807 y ss LEC, sino por la parte adversa demandada una vez ya iniciado el curso de dicho procedimiento especial. A mi entender, es completamente improcedente, por cuanto la suspensión del procedimiento tan sólo puede llevarse a efecto cuando la ley así expresamente lo disponga o cuando sea interesado por ambas partes a tenor del art. 19.4, en relación con el art. 179.2 LEC, nada más, lo que hace inviable que iniciado un procedimiento de formación de inventario en el que los ex cónyuges hayan sido citados en día y hora a comparecencia ante el Secretario Judicial a fin de llevar a cabo la formación de inventario, se suspenda dicha diligencia porque uno de los ex cónyuges, aquél contra el que se dirige el procedimiento, venga a plantear dudas acerca de que proceda incluir determinados bienes de los que desconoce su carácter ganancial, etc., y que, por ello, en su consecuencia, pretenda la no continuación de la comparecencia a los fines de averiguación de determinados extremos por conducto de las diligencias preliminares, alegación, a mi juicio, que debe tener contestación negativa por ser contraria a derecho.

Las diligencias preliminares están enfocadas a un “futuro” procedimiento judicial, no al que ya ha sido iniciado. Pero es que, a mayor abundamiento, la contestación a la pregunta debe ser en términos negativos a partir del momento en el que ese posible desconocimiento de partidas que deban integrarse en el activo y/o pasivo del inventario ganancial, queda a salvo en favor del interesado a virtud de la disposición contenida en el art. 1079 CC (EDL 1889/1), sin que por ello se produzca ninguna situación de indefensión o de desamparo en uno de los ex cónyuges al momento de constituirse el inventario de la sociedad de gananciales, teniendo declarado el TS en Sentencia de 9 de abril de 1990 (EDJ 1990/3955) que:

“...si existen bienes no inventariados, se verifique una partición complementaria pero sin rescindir la primitiva como ordena el artículo 1079 del Código (...) y quedando siempre a salvo los derechos que a los interesados puedan asistir para, en el juicio ordinario a que corresponda, formulen su pretensión en orden a la inclusión o exclusión de bienes e impugnación si procede de operaciones llevadas a cabo”.

Por tanto, en la comparecencia a celebrar a presencia del Secretario Judicial tendente a la formación de las partidas del activo y pasivo de la sociedad de gananciales en trámite de liquidación, si la demandada tuviera alguna duda sobre la inclusión/exclusión de determinados bienes o partidas, bien podrá plantearlo para que sea cuestión controvertida a discutir en el curso del juicio verbal posterior o, en su caso, como se ha dicho, siempre cabe la posibilidad de que finalizado este procedimiento con el dictado de la oportuna sentencia definitiva, por el trámite correspondiente se inste adicionar a aquéllos bienes o partidas ignoradas o desconocidas.

Tradicionalmente la liquidación contenciosa de la sociedad de gananciales er...

Tradicionalmente la liquidación contenciosa de la sociedad de gananciales era un proceso largo y complicado, con innumerables vicisitudes que el Juez difícilmente podía resolver. La actual regulación de la LEC (EDL 2000/77463) pretende simplificar este proceso, en principio es más sencilla y clara su regulación, aunque no cabe duda de que en la práctica el procedimiento en muchas ocasiones deviene arduo e interminable.

El procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial viene regulado en los arts. 806 y ss LEC. Dispone este precepto que “la liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y a las nomas civiles que resulten aplicables”.

La cuestión que se nos plantea es si la parte demandada en un procedimiento de formación de inventario de la sociedad de gananciales puede solicitar diligencias preliminares para preparar su defensa frente al inventario aportado por la parte demandante, abriendo un paréntesis procesal para tramitarlas. El art. 808 LEC permite a cualquiera de los cónyuges solicitar la formación de inventario, solicitud que debe acompañarse de una propuesta de inventario donde se deben hacer constar las diversas partidas que van a integrarlo.

Es evidente que muchas veces los cónyuges desconocen cuál es el patrimonio ganancial. Desconocen cuál es la situación económica de la familia y ello les coloca en una situación compleja a la hora de formar el inventario de la sociedad.  Es discutido si el cónyuge que solicita la formación del inventario puede solicitar la práctica de diligencias preliminares antes de presentar la solicitud de formación de inventario, y ello por no estar previstas expresamente estas diligencias en los arts. 806 LEC y por entender que las diligencias preliminares reguladas mantienen un sistema de numerus clausus y por tanto no tienen cabida en el proceso liquidatorio.

El art. 256 de LEC regula estas diligencias preliminares y dispone que:

“Todo juicio podrá prepararse: (…) 2º Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio. (…) 4º Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder”.

Entiendo que el cónyuge que solicita la formación de inventario para posteriormente liquidar la sociedad de gananciales puede pedir la práctica de diligencias preliminares, ya que aun cuando no están previstas en los arts. 806 y ss LEC reguladores de la liquidación del régimen económico matrimonial, nada obsta a que la regulación general de las diligencias pueda extrapolarse a la liquidación de la sociedad de gananciales. Su regulación general en el Título I del Libro II de la LEC, dentro de las disposiciones comunes a los procesos declarativos no impide su aplicación a los procesos especiales previstos en el Libro IV, de la misma forma que otras muchas disposiciones de carácter general, como las relativas a la presentación de documentos, copias de escritos, medios de prueba y otras, son aplicables a los procesos especiales. El hecho de considerar la diligencias preliminares un numerus clausus tampoco es óbice para admitirlas en la formación del inventario, pues de hecho las diligencias que se van a pedir como previas a la liquidación del régimen económico matrimonial tienen acogida en los dos números citados del art. 256 LEC.

No hay un criterio uniforme en las resoluciones de las Audiencias Provinciales en cuanto a si es admisible la solicitud de diligencias preliminares antes del inicio del procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial, si bien mayoritariamente se admite la práctica de diligencias preliminares siempre y cuando estén comprendidas en alguno de los supuestos recogidos en el art. 256 de la ley procesal. En sentido afirmativo podemos citar, entre otros, el Auto de AP Valencia, Secc. 7ª,  de 20 de septiembre de 2010 (EDJ 2010/301945), en el que se dispone que:

“…revisadas las actuaciones este tribunal considera que el recurso debe estimarse solo en relación a la primera diligencia solicitada, exhibición de cosa mueble, comprendida en el epígrafe 2 del número 1 del artículo 256 de la LEC, por cuanto no es necesario como señala la juzgadora de instancia que el objeto del procedimiento sea exclusivamente una pretensión sobre la cosa mueble, sino que atendiendo a su redacción se exige que el juicio se refiera a esa cosa mueble pero no que sea el único objeto de procedimiento, por lo que la citada redacción es compatible con el procedimiento que se pretende instar en el que debe formarse un inventario de bienes, entre los que se encuentra dentro del apartado o grupo de muebles, los cuadros y litografías, debiendo practicarse de conformidad con el artículo 261-3 de la LEC”.

La Secc. 22 de AP Madrid en un Auto de 13 de noviembre de 2012 (EDJ 2012/293283), si bien desestima la petición de una determinada diligencia preliminar por no estar incluida en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 256 LEC, admite la práctica de estas diligencias previamente a la liquidación del régimen matrimonial. En dicho auto se dispone, en fundamento de la denegación de la diligencia concreta solicitada, que:

“…las pretensiones al efecto articuladas, a los efectos de su acogimiento judicial, han de tener encaje en alguno de los supuestos, que, con el carácter de numerus clausus, regula el artículo 256, no bastando, a tal fin, una genérica invocación de tal precepto para que los tribunales hayan de dar curso a la solicitud presentada”.

Se admite también la práctica de diligencias preliminares en el Auto de AP Valladolid, Secc. 1ª, de 21 de enero de 2010 (EDJ 2010/25217). En dicho auto se razona que:

“Las argumentaciones para denegar de la solicitud de diligencias preliminares no parecen suficientes ante los fundamentos del propio solicitante (…). Por ello, resulta que la solicitud, reúne, prima facie, los requisitos legales  para su despacho: adecuación a la finalidad perseguida para con las mismas, justa causa e interés legítimo en el peticionario, sin perjuicio, de que, para su caso, se preste la caución a que haya lugar”.

Si bien esta solicitud de diligencias preliminares por parte de quien pretende solicitar posteriormente la liquidación del régimen económico matrimonial tiene su amparo en el citado art. 256 LEC, entendiendo que este precepto es aplicable solo a la parte demandante y no, refiriéndonos ya a la cuestión que se nos plantea, a la parte demandada. Como se indica en este precepto, la finalidad de las diligencias preliminares es preparar el juicio posterior. Es evidente que la parte demandada, cuando es citada para la formación de inventario, puede desconocer la composición exacta de las partidas de la sociedad ganancial, pero en este caso no hay precepto alguno que sustente la admisión de diligencias preliminares que esta parte solicite. Las diligencias preliminares deben solicitarse antes de la presentación de la solicitud de inventario, para preparar este proceso, pero si ya ha comenzado el procedimiento, la propia denominación de estas diligencias lo excluye, no podrán solicitarse. Del mismo modo que el cónyuge solicitante de la práctica del inventario solicitó las diligencias preliminares para preparar su demanda, el otro cónyuge no debe quedarse inactivo y debe solicitar, antes del inicio del procedimiento, las diligencias que considere de su interés. Una vez iniciado el procedimiento y pedida la formación del inventario deberán seguirse los trámites previstos en el art. 809 LEC, debiendo hacer en el momento de la formación del inventario o en la posterior vista de juicio verbal, si se suscitara controversia sobre la inclusión o exclusión de algún bien,  las alegaciones que tenga por convenientes o proponer en esta última las pruebas que considere de su interés.

En sentido contrario a la no admisión de diligencias preliminares a la parte demandada se pronuncia la sentencia de AP Pontevedra, Secc. 1ª, de 17 de octubre de 2012 (EDJ 2012/253942) al disponer que:

“Cuando el cónyuge solicitante no tenga en su poder los citados documentos podrá hacer uso de las diligencias preliminares del art. 256, especialmente la prevista en su apartado 4º sobre petición de exhibición de documentos o cuentas de la comunidad al consocio o condueño, o las medidas de aseguramiento del art 297 LEC, o de cualquier otra medida de la Ley procesal. Lo mismo debe decirse del cónyuge que se opone a una propuesta de liquidación”.

Conviene partir de la base de que el procedimiento regulado en los arts. 256 ...

Conviene partir de la base de que el procedimiento regulado en los arts. 256 y ss LEC (EDL 2000/77463) tiene por finalidad preparar el desarrollo ulterior de otro juicio de carácter principal, facilitando al que vaya a promoverlo el conocimiento de una serie de datos necesarios para iniciar dicha litis principal, a cuyo fin se hace preciso el auxilio de los tribunales.

Por tanto, de inicio, es necesario precisar que la pretensión al efecto que se pueda articular ha de tener su encaje en alguno de los supuestos que, con el carácter de numerus clausus, regula el art. 256.

Descendiendo a la pregunta que expresamente se plantea en la cuestión a debatir, del propio tenor del precepto antes aludido deduzco que tal posibilidad de solicitud de diligencias preliminares está más bien pensada para la parte actora, lo que se colige del número primero de dicho precepto (por petición de que la persona a quien se dirigía la demanda declare bajo juramento...), del número segundo (mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar...) del número sexto (por petición de quien pretenda iniciar un proceso...) del número séptimo (mediante solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción...) del número octavo (por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de...).

En suma, con carácter general, la posibilidad procesal contemplada en el art. 256 parece más bien pensada para la parte demandante en orden a preparar un juicio todavía no iniciado.

En la formación de inventario, la parte demandada, al momento de ser convocada para la diligencia prevenida en el art. 809 LEC, deberá poner de manifiesto el desconocimiento del estado de la masa que íntegra la sociedad legal de gananciales, activo y/o pasivo, concretando de manera puntual en qué aspectos materiales y económicos desconoce la situación de la masa ganancial, sobre bienes inmuebles, bienes muebles, saldos bancarios, acciones, participaciones, negocios mercantiles, empresas, sociedades, actividades empresariales, rendimientos, beneficios, ajuar, mobiliario, dinero en efectivo, créditos de la sociedad, deudas de la misma, frente a la sociedad, frente a terceros, disposiciones efectuadas por uno los cónyuges sin el consentimiento del otro, etc. y una vez puntualizado el apartado o los apartados concretos sobre los que no se tiene conocimiento, podrá en dicho acto, a la sazón, la diligencia de formación de inventario, interesar del señor secretario/a los oportunos requerimientos a formular a la parte demandante, o más bien solicitante de la formación de inventario, en orden a recabar la suficiente información sobre el estado de la masa ganancial, o en su caso, requerir también para que se designen archivos, protocolos o lugar en que se encuentren los datos sobre los bienes, derechos u obligaciones o deudas de la sociedad legal de gananciales, o el registro, libro registro, actuaciones o expediente del que se pretenda obtener una certificación o información.

Por ello, no bastaría con formular una declaración general y ambigua, por la parte demandada, sobre el desconocimiento de la masa ganancial, de manera que centrado el desconocimiento o la duda o la ignorancia sobre un determinado aspecto de dicha masa ganancial, del activo y/o pasivo, será posible utilizar los medios probatorios ordinarios prevenidos legalmente en el texto procesal, tanto en esta primera fase, diligencia de formación de inventario y actos procesales posteriores anteriores a la celebración de la vista, si concurre la controversia a que se refiere el número 2 del art. 809, estimando que esta fase inicial resulta el momento procesal oportuno para despejar cualquier desconocimiento sobre el estado del haber ganancial, para, con posterioridad, y en el acto de la vista, y continuando ya el trámite por las normas prevenidas para el juicio verbal, practicar toda la prueba que resulte pertinente y complementaria sobre los aspectos y apartados concretos y específicos que inicialmente eran desconocidos por la parte demandada.

De esta manera, se preserva el principio de contradicción en el proceso civil, la igualdad de trato procesal para ambas partes y el derecho a la tutela judicial efectiva, resultando, por ello, estéril e innecesaria cualquier pretensión sobre diligencias preliminares que pudiera plantear la parte demandada en la diligencia de formación de inventario, o en un momento anterior o posterior a dicha diligencia, si viene al caso y oportunidad que la parte demandada presente nota escrita sobre el desconocimiento del estado de la masa ganancial, pues no puede olvidarse que sea cual fuere la problemática concreta y especifica que pudiera plantear la parte demandada en la diligencia de formación de inventario, o en la nota escrita que pueda aportar, según se admite en el uso forense, en este procedimiento, de formación de inventario, también rige la limitación prevenida en el art. 256, en cuanto al numerus clausus de pretensiones o solicitudes que puedan formularse.