La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que el Gobierno tiene un "firme compromiso con la protección de los consumidores", no solo porque sea una prioridad en la política europea, sino porque responde a la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios establecida en el artículo 51.1 de la Constitución.
La nueva norma completará los mecanismos de defensa de los intereses colectivos de los consumidores ya existentes en nuestro país y permitirá mayor eficacia en las acciones que se ejerzan de forma colectiva contra acciones y omisiones de un empresario que aquellos consideren ilícitas.
El objetivo, ha dicho Llop, "es acabar con esa posición desequilibrada, más débil, de consumidores y usuarios en las relaciones de mercado". La ministra ha explicado que, ante una posible práctica ilícita por parte de un empresario, acudir a la vía judicial genera una desproporción entre los gastos que esto conlleva respecto a las cantidades que el consumidor recupera, lo que "desincentiva en muchas ocasiones para litigar y perpetúa comportamientos irregulares".
Las entidades habilitadas o legitimadas para el ejercicio de estas acciones de representación, tanto a nivel nacional como trasfronterizo, constarán en un Registro Público de Acciones de Representación que dependerá del Ministerio de Justicia, aunque también se considerarán legitimadas las inscritas en registros autonómicos. El Ministerio de Consumo será un punto de contacto nacional para el ejercicio de acciones de representación de carácter transfronterizo, cuando sean casos concernientes a empresas con sede fuera del territorio español.
