La regulación aprobada por el Gobierno conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea en este campo con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución.
En este sentido, la ley incluye un régimen sancionador específico para quienes incumplan sus preceptos, que podrán incurrir en infracciones de distinto grado para las que quedan fijadas sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 240.000 euros.
Trámites urgentes
El Proyecto de Ley consta de sesenta y un artículos estructurados en ocho capítulos, dos disposiciones adicionales y once disposiciones finales, que transponen la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Dado el retraso acumulado, cuando el Consejo de Ministros examinó el anteproyecto en primera vuelta, el 10 de marzo de 2020, acordó su tramitación administrativa urgente, lo que ha permitido recabar los informes de los ministerios de Justicia, Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Política Territorial y Función Pública, Defensa, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Asuntos Sociales y Agenda 2030 y Trabajo y Economía Social.
También han informado el proyecto el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, los departamentos de Seguridad Pública del Gobierno Vasco y de Interior de la Generalidad de Cataluña, las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley orgánica y lo ha remitido a las Cortes Generales, a las que solicita que su tramitación parlamentaria se realice por el procedimiento de urgencia previsto en los artículos 93.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 133.1 del Reglamento del Senado.
