Así consta en el informe anual del Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso Europa Press, y que Ángel Gabilondo ha entregado este lunes en el Congreso de los Diputados.
En concreto, la institución advierte de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recibe "cientos de miles" de expedientes de solicitud, de reclamación previa a la vía jurisdiccional, de revisión y de reintegro de prestaciones indebidas.
Para el Defensor, el mayor reto al que se enfrenta a la hora de gestionar la prestación del IMV, además del volumen de expedientes, hace referencia a la necesidad de incorporar de forma automatizada mucha información procedente de otras administraciones públicas.
Además, la institución señala que el INSS y, posteriormente, la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones "no han aceptado" el planteamiento del Defensor del Pueblo para que se excluyan del cómputo del patrimonio que se tiene en cuenta para acceder al IMV aquellos bienes inmuebles que no están a disposición de su titular.
En cuanto a los requisitos de las unidades de convivencia, el Defensor del Pueblo ha tramitado diferentes quejas sobre la forma en la que el INSS interpreta los cambios en la composición de las unidades de convivencia beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV), y sobre el requisito de estar constituidas con seis meses de antelación.
Por ejemplo, para los casos en que los menores se trasladan de domicilio por un cambio en el régimen de custodia entre los progenitores, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación para que se eximiera de ese plazo de convivencia continuada de seis meses, pero no ha sido aceptada.
También ha recibido "numerosas" quejas por la denegación de la prestación tanto a solicitantes individuales como a unidades de convivencia, porque los datos declarados en la solicitud no coinciden con los datos del padrón y aparecen más personas viviendo en el domicilio. Según precisa el Defensor, se trata, en muchos casos, de la expareja de la persona interesada, de los hijos que se han independizado o de anteriores inquilinos del domicilio.
Asimismo, la institución ha examinado la situación de las personas sin recursos que residen en el domicilio de un tercero, sin pagar contraprestación económica, por amistad, solidaridad o la soledad. Tales pueden ser las personas refugiadas o en trámite de protección internacional, acogidas en domicilios particulares.
En este sentido, la institución ha solicitado información al INSS sobre la futura resolución de expedientes que puedan ser incoados por refugiados ucranianos acogidos en domicilios particulares, que están llegando a España desde febrero de 2022, ya que muchos de ellos podrán cumplir el requisito temporal de residencia legal de un año en España.
El Defensor también ha advertido de la "preocupación" por los "perjuicios" que ocasiona el sistema de actualización de la cuantía del IMV, con efectos del 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior, según los datos que aportan las haciendas públicas correspondientes.
Según advierte la institución, el cruce de datos entre INSS y la administración tributaria sobre la situación económica de los beneficiarios se demora "demasiados meses", con lo que los beneficiarios de la prestación están recibiendo "una cuantía que realmente no refleja su situación económica durante casi todo el año, acordándose luego el reintegro o el pago de atrasos".
El Defensor del Pueblo ya advirtió en el informe anual de 2021 de que las resoluciones de revisión de la prestación (extinguiéndolas o modificando la cuantía) no se producen, por lo general, hasta finales de noviembre, de forma que los beneficiarios no son conscientes de la deuda que han podido acumular y, aunque se les atribuyan unos ingresos superiores en el ejercicio anterior, encuentran "graves dificultades" para reintegrar la prestación que han cobrado.
Según información facilitada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en 2021, tras la correspondiente actualización, se generaron prestaciones indebidas en 99.690 expedientes.
Además, el Defensor del Pueblo inició de oficio una actuación con todas las comunidades autónomas sobre las medidas adoptadas para adecuar sus prestaciones de inclusión social al IMV. Precisamente, el informe señala que el principal problema planteado en las quejas ante el Defensor del Pueblo es el "inevitable solapamiento" de las prestaciones autonómicas con el IMV estatal.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado de Hacienda que estudie la modificación de la Ley del IRPF, para eximir del pago del IRPF a las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión social, para equiparar su tributación con las que abonan con similar finalidad las comunidades autónomas y las entidades locales.
"Sería deseable que se produjera la equiparación de la tributación de las ayudas con independencia de quien las haya establecido o las gestione, a fin de dar cumplimiento al principio de igualdad tributaria", subraya el Defensor en su informe.
Pone el ejemplo del bono social térmico, que no se encuentra incluido en los supuestos de exención, a diferencia de otras de similar finalidad y naturaleza establecidas por las comunidades autónomas o las corporaciones locales.
