El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado hoy el periodo de información pública del Real Decreto por el que se establece la metodología de cargos del sistema eléctrico que, junto a los peajes del sistema -fijados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)-, componen la parte regulada de la factura de electricidad de todos los consumidores, que se suma al coste de energía consumida. La norma que se somete audiencia pública no establece los cargos concretos, sino el método para su cálculo, paso previo y preceptivo de acuerdo con la normativa comunitaria.
Se estima que el efecto combinado de los cargos de este proyecto de Real Decreto y de los peajes fijados según la metodología de la CNMC resultará en una factura eléctrica total con un mayor componente variable -es decir, dependiente de la energía consumida- para todos los consumidores, lo que permitirá que cualquier medida de ahorro y eficiencia energética tenga un impacto positivo para el usuario. De igual modo, incentiva la instalación de sistemas de autoconsumo.
Marco más seguro, predecible y estable
En enero de 2019, y en cumplimiento con el marco regulatorio de la Unión Europea, el Consejo de Ministros estableció un nuevo reparto competencial entre el Gobierno y el regulador del mercado interno de la electricidad, la CNMC, garantizando así su total independencia.
En virtud de este nuevo marco regulatorio, que otorga seguridad jurídica, predictibilidad y estabilidad a los ciudadanos y a los agentes del sector eléctrico, las denominadas tarifas del sector eléctrico -la parte regulada del recibo de la luz- pasaron a ser sustituidas por dos conceptos: los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, cuya determinación corresponde a la CNMC, y para los que ya ha publicado una circular con su estructura y metodología de cálculo; y los cargos del sistema, que ha de fijar el Gobierno. Con este proyecto de Real Decreto se configura la estructura y metodología para hacerlo.
Con los peajes, el consumidor eléctrico cubre los costes del uso de las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica. Los cargos, por otro lado, agrupan otros costes del sistema como pueden ser la financiación de las energías renovables y la cogeneración, la financiación del déficit de ejercicios pasados y el 50% de los sobrecostes que supone la generación eléctrica en territorios no peninsulares, dada su condición de insularidad.
La metodología que se articula en el proyecto de Real Decreto toma en consideración los principios de política energética -entre ellos, los de objetividad, transparencia y no discriminación- y, en términos generales, mantiene el porcentaje equivalente de coste que, hasta el momento, asumían los consumidores por estos conceptos. Con ello, se evita generar efectos redistributivos entre consumidores como consecuencia de la nueva metodología.
Mayor peso al componente variable de los cargos
Los cargos, por regla general, son fijos y su cantidad es independiente del consumo dado que derivan, fundamentalmente, de decisiones de política energética adoptadas en el pasado. Sin embargo, y como principal novedad, el proyecto de Real Decreto establece que el cálculo de los cargos tendrá una parte fija y una variable, que se determinará en función de la energía consumida por el usuario en su vivienda, empresa o industria.
En concreto, en el caso de los consumidores con menos del 15kW de potencia contratada -la mayoría de los usuarios domésticos y pymes-, el 75% de los cargos se calculará en base a su consumo energético, y el 25% restante serán de término fijo, en función de su potencia contratada. Para el resto de los consumidores, el 40% de los cargos se recuperará a través del término fijo y el 60% a través del término variable.
De esta manera, las medidas que promuevan el ahorro y eficiencia energética tendrán un mayor efecto sobre la cantidad que se abona en concepto de cargos, reduciéndolos en mayor proporción. Con ello también se promueve el autoconsumo, que reduce la energía consumida al incluir los excedentes de producción, o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos, al favorecer la gestión de la demanda. Con el objeto de mantener equilibrio con otras prioridades de política energética, se mantiene una parte fija de los cargos. Con ello, se mantiene el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, como es el caso, por ejemplo, de las bombas de calor, cuyo uso podría resultar más ventajoso frente a otras opciones basadas en combustibles fósiles.
Coherencia para el sistema
Con el objetivo de dotar de coherencia y simplicidad al sistema, el proyecto de Real Decreto asume la misma estructura tarifaria, por niveles de tensión, que la fijada por la CNMC en su metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. Asimismo, se utilizan los mismos componentes de facturación y se ha optado por una estructura de cargos con discriminación horaria, empleando para ello el mismo diseño de periodos que el propuesto por la Comisión para los peajes.
La metodología de cargos establecida en este proyecto de Real Decreto determina los criterios para el reparto de los cargos pero no fija su importe total. De hecho, la metodología de cargos no determina por sí misma el precio final de los cargos en la factura, sino que será la evolución de la demanda del resto de costes e ingresos regulados del sistema, como por ejemplo las subastas CO2, la que marque el coste de los cargos en cada ejercicio. Se establecerán mediante orden ministerial con la suficiente antelación, del mismo modo que la CNMC habrá de emitir una resolución determinando los peajes correspondientes.
La metodología establecida de cargos se actualizará cada seis años aunque, con carácter excepcional, podrá revisarse si se producen circunstancias especiales debidamente justificadas como cambios en los componentes que forman parte de los cargos del sistema eléctrico o modificaciones en la normativa europea, entre otros.
Por último, el proyecto de Real Decreto modifica la normativa que regula actualmente el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, para adaptarla a la nueva estructura de peajes y cargos y, por otro lado, aprueba una metodología para calcular el coste derivado de la emisión de las refacturaciones por parte de los comercializadores, en ejecución de diversas sentencias recaídas en la materia.
Una vez sustanciado el periodo de consulta pública y estudiadas las alegaciones recibidas, el proyecto de Real Decreto continuará su tramitación hasta ser elevado al Consejo de Ministros para su debate y, en su caso, aprobación. Una vez ello ocurra, se iniciará el proceso de elaboración de la orden ministerial que fije los cargos del ejercicio correspondiente.
En coherencia con la propuesta de la CNMC, la aplicación de los nuevos cargos no se producirá antes del 1 abril de 2021.
El periodo de información pública concluye el próximo 28 de julio.
