Durante la celebración del Pleno del Congreso todos los grupos parlamentarios respaldaban una de las propuestas de ley del PSOE que plantea la modificación de la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto (Ley de 26 de junio de 1870). Se trata así de prohibir la concesión de este indulto a los condenados por corrupción y delitos de violencia de género. Un objetivo que defiende el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, tal y como se desprende de sus declaraciones de diciembre del año pasado en que manifestaba su intención de prohibir los indultos a los condenados por delitos de corrupción.
Apoyo gubernamental y respaldo de los grupos parlamentarios para una reforma de una ley que data del año 1870, desarrollada en 32 artículos y que en origen no estaba justificada para enfrentar problemas como la violencia machista o la corrupción. Dos de los temas que actualmente generan mayor nivel de alarma social en España. En suma, se trata de una necesaria actualización legislativa que no está exenta de polémica. A pesar del consenso, todos los partidos políticos han considerado que la propuesta de ley está incompleta.
Para el Partido Popular, la prohibición del derecho de indulto a delitos por corrupción y violencia de género está limitada y debería tener en cuenta delitos como prostitución, violación o trata de personas. Para PNV y Esquerra Republicana, el respaldo de la tramitación de esta propuesta llegará con una serie de enmiendas que mejoren la proposición y garanticen la falta de transparencia en la concesión de la medida de gracia. Por su parte, Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso, ecordaba que esta medida formaba parte del frustrado acuerdo de investidura para un gobierno de pactos con el Partido Popular.
La iniciativa socialista también exige razones de justicia, utilidad pública o debida reinserción social del condenado para el otorgamiento del indulto total además de la publicación en el BOE a la hora de comunicar la concesión de indultos. Además, requiere del Gobierno que previo a la concesión del indulto la resolución debe expresar la pena por la que se concede la gracia, el delito, el estado de ejecución y la pena impuesta y fundamentalmente, la motivación del Gobierno para que justifique la concesión del indulto.
