El debate tendrá lugar un día después de que jueces y fiscales de todo el país, incluida la cúpula del Tribunal Supremo, se manifestaran para reclamar la retirada de esta iniciativa legislativa.
Se trata del proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que incluye --entre otras cuestiones-- un nuevo examen escrito para las oposiciones, una ampliación del número de plazas de jueces y fiscales, el blindaje de las becas a los opositores y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales.
El texto también incluye la creación del 'cuarto turno' para los fiscales, que hasta ahora solo existía para jueces y un "proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos". A petición de las asociaciones de jueces y fiscales, se eliminó del proyecto la actual fase de sustitución y refuerzo de los jueces en prácticas, así como el traslado forzoso de los jueces cuando ascendían a magistrados.
Defensa del proyecto de ley
Durante la sesión del jueves, comparecerá para defender el proyecto el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien insistió el pasado mayo --primero en una carta a las asociaciones de jueces y fiscales que han criticado públicamente el texto y luego en la Comisión de Justicia del Senado-- que la reforma era "imprescindible" para "abordar los retos de la Justicia del siglo XXI" y para actualizar las estructuras que "no se han modificado en lo sustancial" en décadas.
Críticas de jueces y fiscales
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han reclamado "la retirada" del proyecto de ley porque consideran que recoge "medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial".
A su juicio, el texto no responde a "una verdadera demanda social" y no contribuye a "solucionar los verdaderos problemas de la Justicia", sino que busca debilitar el Poder Judicial "en su función de contrapeso del poder político".
Durante el paro del miércoles, representantes de las asociaciones leyeron un manifiesto en el que avisaron de que si no se atiende su petición, no descartan ir a huelga.
