Entre otras medidas, el Colegio propone ampliar el alcance de las garantías tributarias a todos los obligados tributarios —y no solo a los contribuyentes—, reforzar las garantías en los procedimientos de comprobación e inspección, fortalecer la seguridad jurídica de las consultas tributarias y dotar a la futura Oficina de Defensa del Contribuyente de funciones de mediación que permitan resolver conflictos antes de su judicialización.
Las propuestas han sido elaboradas por un equipo de juristas de la sección de Derecho Tributario del ICAM y del centro MediaICAM, bajo la dirección de la diputada de la Junta de Gobierno Roberta Poza. Estas iniciativas se inscriben en el desarrollo de varios compromisos del Programa de Gobierno del Colegio orientados a reforzar el derecho de defensa de los contribuyentes, mejorar la relación jurídico-tributaria y promover mecanismos de resolución de controversias más ágiles y eficaces.
Con sus alegaciones, el Colegio buscan contribuir a que la futura ley configure “un marco equilibrado en las relaciones entre la Administración tributaria y los ciudadanos, en el que la lucha contra el fraude sea plenamente compatible con el respeto a las garantías jurídicas y al papel que desempeñan los profesionales del asesoramiento”, señala la diputada del ICAM. “Una norma de estas características debe reforzar la seguridad jurídica y garantizar que el ejercicio del derecho de defensa se desarrolle en condiciones de plena efectividad en el ámbito tributario”, concluye Poza.
El anteproyecto objeto de análisis tiene como finalidad garantizar la efectividad de los derechos de los contribuyentes en sus relaciones con la Administración tributaria autonómica y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones mediante sistemas de información, asistencia y participación, así como mediante la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente.
A partir de este marco normativo, el ICAM ha formulado diversas propuestas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la eficacia de los procedimientos tributarios y promover una relación más equilibrada entre la Administración y los ciudadanos.
Revisar el objeto de la ley para garantizar una protección efectiva
La primera de las alegaciones se dirige al propio objeto del anteproyecto, que en su redacción actual centra la protección del contribuyente principalmente en los ámbitos de información, asistencia y participación.
El Colegio considera que este enfoque resulta excesivamente restrictivo y propone ampliar el alcance de la norma para que incorpore de forma expresa la protección de los derechos de los ciudadanos en el desarrollo de los procedimientos tributarios, donde con mayor frecuencia pueden surgir situaciones que afectan al ejercicio efectivo de sus garantías.
Desde esta perspectiva, el ICAM plantea que la futura ley refuerce de manera explícita el marco de garantías en las relaciones jurídico-tributarias y no se limite únicamente a regular instrumentos de información o asistencia administrativa.
Reforzar las garantías en los procedimientos tributarios
La corporación madrileña advierte asimismo de que el anteproyecto no incorpora una regulación suficiente de los procedimientos tributarios, pese a que es precisamente en este ámbito donde con mayor frecuencia pueden producirse lesiones a los derechos y garantías de los obligados tributarios.
Por ello, las alegaciones del Colegio plantean la necesidad de que la futura ley refuerce de forma expresa la protección de esos derechos en el desarrollo de los procedimientos tributarios y concrete además cómo los derechos de información y orientación reconocidos en el anteproyecto han de proyectarse sobre las actuaciones posteriores frente al obligado tributario.
Ampliar el ámbito subjetivo de protección
Otra de las aportaciones del ICAM se centra en el ámbito subjetivo de aplicación de la norma. En concreto, propone sustituir la referencia exclusiva al término contribuyente por el concepto más amplio de obligados tributarios, de modo que el sistema de garantías alcance también a terceros interesados y representantes, incluidos los profesionales que actúan en defensa de los ciudadanos.
Con esta modificación se pretende evitar interpretaciones restrictivas y asegurar que la futura ley configure un verdadero marco de protección jurídica para todos los sujetos que participan en la relación jurídico-tributaria.
Seguridad jurídica en las consultas tributarias
Las alegaciones colegiales abordan también el régimen de las consultas tributarias, un instrumento clave para garantizar la previsibilidad en la aplicación del sistema fiscal.
En este ámbito, el ICAM plantea reforzar su carácter vinculante para la Administración y proteger a los ciudadanos que actúan de buena fe conforme a una interpretación administrativa, evitando que posteriores cambios de criterio puedan perjudicarles en la aplicación del tributo.
Además, propone avanzar en la humanización del servicio mediante la posibilidad de mantener entrevistas personales durante el proceso de consulta, favoreciendo un intercambio de información más eficaz entre Administración y ciudadanos. Y subraya la necesidad de evitar que la Administración pueda desvincularse del criterio fijado en una consulta alegando posteriormente una supuesta falta de coincidencia en los hechos, lo que vaciaría de contenido su carácter vinculante.
Mediación y mecanismos para reducir la litigiosidad
Por otra parte, ICAM advierte de que el anteproyecto deja fuera instrumentos que podrían contribuir a reducir la elevada conflictividad en el ámbito tributario. Entre otras medidas, propone reforzar el sistema de consultas tributarias para mejorar su eficacia y evitar que la falta de respuesta de la Administración dentro del plazo legal genere situaciones de inseguridad jurídica para los contribuyentes. En estos casos, sostiene el Colegio, cualquier eventual sanción debería ir acompañada de una motivación reforzada que acredite de forma clara la falta de diligencia del obligado tributario.
Las alegaciones plantean además aprovechar la reforma para articular mecanismos que permitan resolver con mayor eficacia las cuestiones técnicas más complejas, así como introducir fórmulas alternativas de resolución de conflictos que permitan canalizar determinadas discrepancias entre la Administración y los contribuyentes antes de que se judicialicen.
En este marco, se propone dotar a la futura Oficina de Defensa del Contribuyente de funciones de mediación, de modo que pueda actuar como cauce institucional para favorecer soluciones dialogadas, avanzar en la humanización del servicio y contribuir a reducir la carga de los tribunales en materia tributaria.
Fortalecer la Oficina de Defensa del Contribuyente
El Colegio de Madrid plantea además revisar la propia denominación del órgano previsto en el anteproyecto, proponiendo que pase a denominarse “Oficina del ciudadano en sus relaciones tributarias con la Comunidad de Madrid”, con el fin de reflejar que el sistema de garantías no debe limitarse únicamente a los contribuyentes, sino extenderse al conjunto de los obligados tributarios.
A partir de este enfoque, el ICAM propone reforzar la independencia y eficacia de este órgano mediante la designación de una persona ajena a la Administración tributaria con experiencia acreditada, con el objetivo de garantizar su imparcialidad. Asimismo, contempla la posibilidad de que la Oficina formule propuestas de actuación ante las quejas presentadas por los ciudadanos, estableciendo la obligación de que los órganos administrativos afectados emitan una respuesta motivada cuando dichas propuestas no sean atendidas. También se plantea reforzar su capacidad de intervención mediante mecanismos que incentiven la contestación a estas recomendaciones y mediante la introducción de facultades de conciliación, incluyendo la opción de celebrar entrevistas personales entre el ciudadano afectado y el servicio administrativo al que se dirige la queja.
Garantías en los procedimientos de comprobación, recaudación y sanción
Finalmente, el Colegio de la Abogacía de Madrid plantea incorporar en la futura ley medidas concretas destinadas a reforzar las garantías procedimentales en la actuación de la Administración tributaria autonómica.
Entre las propuestas formuladas figura la introducción de un trámite personal contradictorio en el procedimiento de inspección, así como la posibilidad de que el interesado solicite una audiencia personal con el funcionario encargado de la tramitación en los procedimientos de comprobación limitada.
Asimismo, el ICAM propone que se informe al interesado de la apertura de un procedimiento sancionador en el momento de la firma de las actas de inspección y que la Administración valore la no imposición de sanciones cuando del expediente se desprenda que el administrado actuó con diligencia razonable y no haya sido sancionado en los cinco años anteriores por el mismo tributo, con el objetivo de reforzar los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.
Compromisos cumplidos
Las alegaciones presentadas por el ICAM nacen del cumplimiento de varios puntos del Programa de Gobierno de la Junta del ICAM. En particular, se alinean con el impulso de medidas dirigidas a dinamizar la resolución de controversias tributarias —favoreciendo mecanismos de conciliación previos al litigio y una mayor agilidad en las fases económico-administrativa y contencioso-administrativa— (punto 12), con el objetivo de mejorar la calidad de la relación jurídico-tributaria y facilitar la interacción entre los ciudadanos y la Administración (punto 11), y con la defensa activa del derecho de defensa de los contribuyentes, de modo que la lucha contra el fraude fiscal no derive en interpretaciones o prácticas restrictivas de sus derechos (punto 10).
Bajo la dirección de Roberta Poza, las alegaciones han sido elaboradas por una comisión de trabajo formada por Gabriel Casado Ollero, presidente de la Sección de Derecho Tributario del Colegio, junto a los integrantes del Comité Asesor de la Sección María Teresa González Martínez, socia de Tax Litigation en EY; Pablo Chico de la Cámara, catedrático de Derecho Financiero; y María Luisa González-Cuéllar, catedrática de Derecho Financiero; y la responsable de MediaICAM, Ana Palomeque Rivas.
