
La reforma de la legislación civil y procesal que se aborda pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la normativa de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, se inició con la Ley 26/2011, llamada precisamente de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se encargó de modificar numerosos cuerpos legales de nuestro Derecho interno.
La reforma continuó con el RDLeg 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y con la reforma del Código Penal, llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la nueva legislación de jurisdicción voluntaria, modificada por la Ley 4/2017, de 24 de junio, precisamente en relación con el derecho de las personas con discapacidad a contraer matrimonio en igualdad de condiciones) o las más recientes Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones, y Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
Puedes ampliar la información sobre la Ley 8/2021 en la Guía Rápida Reforma civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad. Esta obra necesaria para conocer la aplicación práctica de la Ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En ella, se analiza la profunda modificación que ha supuesto esta regulación, en el Código Civil, la Ley Hipotecaria o la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras. Con este estudio, se aborda la integración en el mundo jurídico de las personas con discapacidad para cumplir con la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Memento Administrativo 2025
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