Así lo pusieron de manifiesto durante la mesa de debate celebrada en la jornada ‘La agenda política europea de la discapacidad en la UE 2019-2024’, que se desarrolla en Fundación ONCE y organizada por el CERMI Estatal y el Grupo Social ONCE, con la colaboración del Parlamento Europeo.
Rosa Estarás recordó que en España se acaba de modificar la ley electoral para devolver el derecho de sufragio a unas 100.000 personas privadas del mismo por razón de discapacidad, algo que en su opinión, debería hacerse en todos los países, puesto que se trata de un mandato de la Convención Internacional de la Discapacidad. Además, apostó por reforzar el derecho al acceso al empleo y a la educación inclusiva con todos los recursos necesarios.
La eurodiputada del partido popular comentó que, pese a que falta mucho por hacer, “España va por delante en lo que a inclusión de la discapacidad se refiere, y no gracias a los políticos, sino a su tejido asociativo fuerte, como se ejemplifica con la ONCE y el CERMI”.
Iratxe García centró su intervención en reclamar que en la próxima legislatura se apruebe una directiva europea sobre igualdad de trato, a fin de reforzar la lucha contra la discriminación por razón de género, discapacidad, edad, origen, etc, aunque lamentó que el Consejo de Europa “haya puesto dificultades para que esto fuera una realidad”. Del mismo modo, apostó por que la discapacidad esté presente de manera transversal en todas las políticas públicas. “Debemos trabajar por una Europa igualitaria, que no discrimine”, agregó.
Del mismo modo, ha apuntado que “el mundo se cambia desde la política, y necesitamos instituciones comprometidas con lo social. Solo avanzamos si las palabras y las leyes pasan a ser tangibles para la ciudadanía”. Por ello, aseguró que todas las cuestiones de discapacidad dependen en muchos casos de la voluntad política.
Por su parte, Esther Sanz reclamó que se realicen políticas que obliguen a los Estados miembro a garantizar el derecho a la participación política de todas las personas con discapacidad. “Si se nos imponen directivas en ámbitos como el económico que imponen la liberalización de sectores, también se podría hacer en lo social, obligando a los Estados a garantizar en este caso, el derecho al voto”, apostilló.
Además, recordó la importancia de desarrollar políticas que aborden la discapacidad de manera trasversal y no de manera sectorial, para lo que es necesario, a su juicio, “crear espacios de diálogo con la sociedad civil para que todas las personas tomen partido en las decisiones que les afectan. Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”, aseveró.
Por último, Maite Pagazaurtundúa resaltó los avances que se han alcanzado en materia de derechos de discapacidad y puso el acento en la importancia de la participación de la sociedad civil para conseguir este marco teórico que ha propiciado la consecución de derechos.
Sin embargo, tal y como afirmó, “no todos los objetivos se han llegado a conseguir, por lo que, durante la próxima legislatura que iniciemos en Europa, tenemos que conseguir que se materialicen estos objetivos en una legislación más clara y más definida, en la que se puedan generalizar cosas que se están realizando a nivel piloto, como la homologación e identificación de la discapacidad a nivel europeo”. Igualmente, valoró que la UE “suspende” todavía en lo que a la aplicación de la Convención de la ONU se refiere.
En líneas generales hubo un importante consenso entre las cuatro ponentes sobre la necesidad de reforzar los servicios públicos, incluido el entorno rural, con especial atención al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y salvaguardando los derechos de las personas cuidadoras, que en una amplia mayoría son siempre mujeres, incluidas las que tienen discapacidad.
