1. Hechos.
Dos particulares dueños de la marca de la Unión CULDESAC interponen acción por infracción contra la sociedad CULDESAC COMUNICACIÓN S.L. La acción comprende una petición coetánea para la adopción de las siguientes medidas cautelares:
1) La inmediata cesación y prohibición provisional de toda actividad de producción, prestación, oferta, promoción, distribución y comercialización de productos o servicios o actividades en los que se reproduzca el signo infractor "CULDESAC".
2) La retirada, retención y embargo judicial de los productos en los que se haya reproducido el signo infractor, así como de todo soporte, documentación, material publicitario, material de oficina en los que se haga uso de esas mismas marcas y de los existentes en el mercado, incluidas páginas web.
Básicamente la situación de hecho que el caso refleja es la del titular de una marca de la Unión Europea que, habiendo cedido su uso a una sociedad en la que participa, revoca la autorización para ello. Los cotitulares del signo CUDELSAC (desde marzo 2006) habían fundado, junto con otras dos personas, en julio del 2006, la sociedad CUDELSAC COMUNICACIÓN, SL, registrando posteriormente el signo como marca de la Unión Europea con el conocimiento y sin oposición de la referida sociedad.
La demandada había venido utilizando la marca en virtud de un acuerdo de colaboración verbal atípico hasta que en julio de 2015, debido a un cambio en la estrategia comercial de la sociedad, los titulares de la marca revocaron el consentimiento mediante el envío del correspondiente requerimiento.
Las medidas son estimadas en instancia y el recurso de apelación es rechazado.
2. Pronunciamientos.
El Tribunal empieza por recalcar que en el procedimiento de medidas cautelares no se puede pretender por las partes (“y este Tribunal comprueba que no son pocos los casos, sobre todo en materia de propiedad industrial, en que ello sucede”) que se resuelva sobre el fondo del asunto, ya que la ley prohíbe al tribunal "prejuzgar el fondo del asunto". El órgano judicial sólo puede, sobre la base de los datos argumentos y justificaciones ofrecidas por el solicitante de las medidas, establecer un " juicio provisional e indiciario"
A continuación, el Auto recuerda que este juicio de probabilidad o verosimilitud en lo que respecta al fumus boni iuris o apariencia de buen derecho descansa en dos presupuestos: El primero, la probabilidad sobre los hechos. Si los hechos relatados aparecen como poco probables, a la vista de la prueba ofrecida, el juicio de apariencia será negativo. El segundo, la probabilidad sobre las consecuencias jurídicas que la parte extrae de tales hechos. Sin prejuzgar el fondo del asunto, es preciso analizar si, a primera vista, el derecho aplicable a los hechos abona lo querido por el demandante.
En el caso enjuiciado, para determinar si los demandantes gozaban de buen derecho a efectos de las medidas solicitadas, el Tribunal toma como referencia la STJ de 19 de septiembre del 2013 (asunto C-661/11 Martín y Paz) y la opinión del Abogado General que le precedió. La doctrina que se infiere de estos referentes es que la Directiva sobre marcas permite revocar el consentimiento y que el derecho de exclusiva debe prevalecer en tal caso salvo que quepa considerar que con la revocación se está ejercitando el derecho de forma abusiva.
Bajo este contexto, desde la perspectiva de la apariencia de buen derecho, la titularidad de la marca por los demandantes, así como la revocación del consentimiento a su uso por parte de la sociedad a la que se le había cedido, basta para considerar que la marca puede estar siendo infringida.
El Tribunal examina también el requisito del periculum in mora. En este punto el Auto enfatiza que la finalidad de la tutela cautelar no es estrictamente aseguradora de la ejecución de la sentencia, sino que tiene por objeto cumplir una función anticipadora de la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en aquélla. Y añade que si se da la apariencia de buen derecho, el mantenimiento de la situación denunciada como infractora “constituye un status quo intolerable al derecho que aparece, en principio, como infringido”. Es por eso por lo que existe una correspondencia casi automática entre el fumus y el periculum en supuestos como esos.
El Auto concluye con este pronunciamiento: “Que la marca de los actores se haya venido utilizando durante bastantes años, sin perjuicio alguno para ellos, no elimina, a nuestro entender, la existencia de este requisito, pues la continuidad en dicho uso, pese a la negativa de los titulares para ello, podría suponer, por el tiempo que transcurra durante la pendencia del proceso, un daño irreparable a la marca (en cuanto usada en contra de la voluntad del titular) y una disociación entre titularidad y mercantil que la usa en el tráfico económico”.
3. Comentario.
A juzgar por autos como éste parece claro que las medidas cautelares en propiedad industrial han dejado de ser en España una suerte de asignatura pendiente y que existe ahora una mayor sensibilidad del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea hacia la concesión de estas medidas. En circunstancias normales, un caso de revocación del consentimiento para el uso de una marca, producido en circunstancias que hacen pensar en las diferencias surgidas entre los socios de la sociedad autorizada, no habría dado lugar a la adopción de medidas. Si se piensa que con ellas se pretende alterar un status quo –el uso de la marca en el mercado- muy prolongado en el tiempo.
Pero la argumentación sustantiva –la jurisprudencia del TJ sobre los efectos de la revocación del consentimiento- y procesal –una interpretación sistemática de los presupuestos del fumus boni iuris y el periculum in mora- resulta impecable. La lección que se extrae de este precedente judicial es obvia: nada puede darse por sentado en el panorama actual de los pleitos en propiedad industrial e intelectual.
(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2016, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
Documento citado:
- Sentencia Tribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 19 septiembre 2013
ENGLISH VERSION
Revocation of consent and interim relief. Order of the European Union Trademark Court of 7 July 2016, Culdesac (ECLI:ES:APA:2016:110A).
1. Background.
Two individuals holding the EU trademark CULDESAC brought proceedings for infringement against CULDESAC COMUNICACIÓN, S.L. The action included a petition for the following interim measures:
1) The immediate cessation and temporary prohibition of all activities concerning the production, provision, offering, promotion, distribution and marketing of products, services or activities under the infringing CULDESAC sign.
2) The removal, detention and judicial attachment of the goods displaying the infringing sign and of all media, documentation and advertising and office material on which the sign is used, including websites.
The situation is basically one where the holders of an EU trademark who, having assigned use of the mark to a company in which they hold shares, subsequently revoke that consent. The co-holders of the CULDESAC sign (since March 2006) had founded the company Culdesac Comunicación, S.L. in July 2006 along with two other people, and had later registered the sign as an EU trademark in the knowledge of, and unopposed by, the aforesaid company.
The defendant had been using the mark by virtue of an atypical verbal collaboration agreement until July 2015 when, due to a change in the company’s business strategy, the trademark holders revoked the consent, to that end sending the pertinent notice.
The interim relief petition was accepted at first instance, and the appeal was dismissed.
2. Findings.
The court begins by stressing that in interim relief proceedings the parties cannot seek (“and this court has seen that there are quite a few cases, particularly concerning industrial property, where this occurs”) a ruling on the merits of the case which, by law, cannot be “prejudged” by the court. The court can only make a “provisional and circumstantial assessment” based on the information, arguments and evidence offered by the applicant of the interim relief.
The order then points out that this assessment of likelihood or plausibility as regards fumus boni iuris, or the presumption of a sufficient legal basis, rests on two premises: First, the probability of the facts. If the facts seem implausible in view of the evidence that has been offered, the court will consider that the plaintiff does not have a prima facie case. Second, the probability of the legal consequences that the party draws from those facts. Without prejudging the merits of the case, it is necessary to analyse whether, at first sight, the law applicable to the facts supports the plaintiff’s petition.
In the case at hand, in order to determine whether the plaintiffs had a sufficient legal basis for the purpose of the measures that had been requested, the court turned to the ECJ’s judgment of 19 September 2013 (case C-661/11 Martín y Paz) and the Advocate General’s opinion preceding it. The doctrine that can be inferred from those reference points is that the Trademarks Directive permits the revocation of consent and that exclusive rights must prevail in such a case, except where revocation of the consent can be categorised as an abuse of rights.
In this context, from a fumus boni iuris perspective, the plaintiffs’ ownership of the trademark, as well as their revocation of the consent to use the mark that had been granted to the assignee, will suffice for the purpose of considering that the trademark may be suffering infringement.
The court also examines the periculum in mora requirement. In this regard, the order highlights the fact that interim protection is not strictly aimed at ensuring the enforcement of the judgment but at bringing forward the effectiveness of any legal protection conferred in the judgment. The court adds that if there is a prima facie case, allowing the allegedly infringing situation to go on would “constitute an intolerable status quo for the right that has, in principle, been infringed”. For that reason, there is a virtually automatic connection between fumus boni iuris and periculum in mora in such cases.
The court concludes its order with the following finding: “In our view, the fact that the plaintiffs’ trademark has been used for quite a number of years, without causing them any harm whatsoever, does not rule out the existence of this requirement, since continuing with such use, despite the rightholders’ objection, could lead –due to the duration of the proceedings- to irreparable damage to the trademark (insofar as it is being used against the rightholder’s will) and dissociation between the rightholders and the company that is using the mark in trade”.
3. Remarks.
Judging from orders such as this one, interim measures concerning industrial property matters are clearly no longer unfinished business in Spain, and the Spanish EU trademark court is now more sensitive to this issue and more inclined to grant such relief. Under normal circumstances, the revocation of consent to use a trademark, seemingly due to differences among the partners of the authorised company, would not have led to the grant of the measures, considering that they sought to alter a status quo – use of the trademark in the marketplace- that had been the case for a long time.
However, the substantive argument –ECJ case-law on the effects of revoking consent- and the procedural argument –a systematic interpretation of the fumus boni iuris and periculum in mora requirements- are flawless. The lesson to be learned from this judicial precedent is obvious: nowadays, nothing can be taken for granted as far as industrial and intellectual property lawsuits are concerned.
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