Para la puesta en marcha de este servicio inscrito dentro del proceso de transformación digital de la Justicia que lleva a cabo el Ministerio que dirige Pilar Llop se llevó a cabo una experiencia piloto, que finalizó el pasado mes de abril.
En ella participaron letrados de la Administración de Justicia, fiscales, jueces y magistrados de distintos órganos de Madrid, Cáceres, Valladolid y Palma de Mallorca. La experiencia ha dado paso a este despliegue masivo del Sistema de Dictado Jurídico por el resto del territorio Ministerio.
El Sistema de Dictado Jurídico, que utiliza el software de reconocimiento de voz y traducción, es una herramienta de gran utilidad para todos los profesionales de la Administración de Justicia, en especial para los magistrados, jueces, letrados de la Administración de Justicia y fiscales. Permite, también, la transcripción automática de notas de voz desde cualquier dispositivo y en diferentes aplicaciones y es posible formatear, hacer búsquedas, navegar por la web y cumplimentar formularios. Es capaz de transcribir 160 palabras por minuto, con un alto porcentaje de precisión. Además, es posible utilizar la terminología jurídica específica, lo que proporciona al usuario una mejor adaptación y precisión
Este sistema emplea tecnologías punteras de Inteligencia Artificial y redes neuronales profundas. Gracias a estas, el sistema está siempre en desarrollo y en autoaprendizaje continuo, con lo que mejora las prestaciones de forma progresiva, sin que sea necesario algún entrenamiento o adaptación a la voz del usuario.
Para el despliegue, el Ministerio de Justicia ha adquirido 2.960 licencias para jueces, magistrados, fiscales y letrados, que se irán distribuyendo según una planificación por fases. Así, desde hoy, día 6 de junio, en la fase I, se repartirán licencias en Murcia, Ceuta, Melilla y Baleares, para 862 usuarios. En la fase 2, que se inicia el 13 de junio, serán 828 los usuarios que dispongan de licencia, en las comunidades de Extremadura y Castilla La Mancha. Desde el 20 de junio, ya en la fase III, Castilla y León recibirá 791 licencias. Por último y desde el 27 de junio, en la fase IV del despliegue, serán 524 los usuarios, entre el Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, Audiencia Nacional y órganos de Gobierno.
