De este modo, la Justicia europea apunta que el Ejecutivo comunitario no logró establecer con claridad que cada una de las tres cláusulas señaladas constituyeran un abuso de posición dominante y, en su conjunto, una infracción única y continuada de las reglas de la Unión Europea.
El caso se remonta a 2016, cuando Bruselas inició la investigación que concluyó tres años después sobre las presuntas prácticas abusivas impuestas por el gigante tecnológico en el mercado de publicidad online entre 2006 y 2016.
Según la investigación comunitaria, durante ese periodo Google incluyó cláusulas de exclusividad en sus contratos, de manera que se prohibía a las webs situar ningún anuncio de búsqueda de competidores en sus páginas de resultados de búsquedas.
También introdujo sucesivamente otras cláusulas llamadas "de emplazamiento" y de "autorización previa", pero en los tres casos la compañía retiró las cláusulas a partir de 2016, año en que la Comisión Europea comenzó a investigar formalmente.
En este contexto, el Alto Tribunal europeo considera que la Comisión no logró demostrar que las cláusulas controvertidas tuvieran la capacidad de disuadir a los editores para que no acudieran a intermediarios rivales de Google o que sirvieran para impedir a competidores de la tecnológica acceder a una parte significativa del mercado de los intermediarios publicitarios ligados a las búsquedas online.
