Los criterios de reparto y distribución resultante fueron aprobados el pasado julio por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, tras la autorización del Consejo de Ministros.
En total, el fondo contempla 687,7 millones de euros, de los cuales a Andalucía le corresponderán 127,6 millones y a Cataluña 104,2 millones de euros, aglutinando entre las dos el 33,7% del total del fondo.
En cuanto al resto de comunidades, la Comunidad Valenciana recibirá 64,3 millones; la Comunidad de Madrid, 63,2 millones; Galicia, 45,2 millones; el País Vasco, 40,5 millones; Canarias, 40,6 millones; Castilla y León, 37,1 millones; Castilla-La Mancha, 34,5 millones; Aragón, 20,3 millones; Murcia, 19,7 millones; Asturias, 17 millones; Baleares, 15,7 millones; Navarra, 11,6 millones; Cantabria, 10,8 millones y La Rioja, 5,2 millones.
Este importe se suma a los 2.110,8 millones de euros ya distribuidos en base a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021.
Fondos condicionados al cumplimiento de objetivos
La distribución de fondos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que se realice en 2022 y 2023, quedará supeditada al cumplimiento por las comunidades autónomas de los hitos y objetivos que previstos para todo el Estado.
En este sentido, Trabajo ha explicado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está realizando jornadas de formación para las personas técnicas de las comunidades autónomas que abordan los criterios e instrumento específicos para la gestión de los fondos MRR.
Programas de empleo en el Plan de Recuperación
Estos fondos van dirigidos a financiar los proyectos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Empleo joven, Empleo mujer, Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva; Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad; Gobernanza e impulso de las políticas de apoyo a la activación para el empleo; y Competencias digitales para el empleo.
Según el decreto publicado en el BOE y recogido por Europa Press, el Gobierno emplaza a las comunidades autónomas a justificar el adecuado cumplimiento de los hitos y objetivos previstos en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha límite prevista.
En todo caso, antes del 31 de marzo de 2023 deberá remitir un informe de justificación sobre cómo ha utilizado los fondos, con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, el coste real respecto al estimado inicialmente, descripciones de las medidas adoptadas, cómo se llevaron a cabo y los mecanismos de control aplicados en su ejecución.
Aprobado el programa, y una vez recibidos los fondos para su financiación, cada comunidad autónoma enviará al SEPE un informe con la identificación de actuaciones a realizar, el calendario de ejecución, los objetivos a conseguir y la financiación concedida.
El seguimiento de todo ello se realizará con el sistema que habilite el Ministerio de Hacienda, al que las comunidades autónomas deberán suministrar la información relativa a indicadores, así como la ejecución con el coste estimado, en los términos que así lo establezca este departamento.
Las comunidades deberán establecer mecanismos que aseguren que las medidas previstas contribuyen al logro de los objetivos previstos y, en caso de dirigirse a terceros, se aporte la debida información y esta financiación se vincule al logro de objetivos. En caso de ejecución directa, se solicitará a los adjudicatarios documentación e información necesaria para realizar un adecuado seguimiento de la ejecución de proyectos.
Devolución de fondos y reintegros
El decreto también contempla la posible devolución y reintegro de los fondos en caso de no realizarse el gasto, no cumplirse los objetivos e hitos previstos o los indicadores o hitos reportados no sean fiables, así como la existencia de cualquier irregularidad.
También si el incumplimiento de una comunidad impidiera el cobro de las cantidades asignadas al Estado dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, supuesto en el cual la cuantía a reintegrar será equivalente a la que el Estado deje de recibir.
A la hora de recibir los fondos, a las comunidades no se les descontarán remanentes de fondos no comprometidos al final de cada ejercicio para esos créditos que estén en poder de las comunidades, que seguirán manteniendo específico.
En caso de que el gasto o actuación del remanente fuera suprimido en el siguiente presupuesto, se destinarían esos remanentes a hacer frente obligaciones pendientes de pago del anterior ejercicio y el sobrante no comprometido se reintegrará al Estado.
Criterios de distribución de los fondos
Cada comunidad autónoma recibirá 10,2 millones de euros para financiar la creación y la actividad de los nuevos Centros de Orientación y Emprendimiento. En todas las comunidades autónomas deberá existir, al menos, uno de estos centros para constituirse como referencia para el Sistema Nacional de Empleo (SNE).
También se distribuirá de manera lineal el importe destinado a financiar un Plan Transversal de Igualdad de Género (1 millón de euros).
Los importes destinados a la formación permanente del personal del Sistema Nacional de Empleo se distribuyen de manera proporcional al tamaño de las plantillas de los Servicios Públicos de empleo Autonómicos, otorgando un peso ponderado a las plantillas estables.
El importe destinado a financiar programas de formación con compromiso de contratación para las mujeres víctimas de violencia de género u otros colectivos especialmente vulnerables se distribuirá en base al porcentaje de mujeres de este colectivo que hayan participado en algún itinerario formativos o de fomento del empleo en 2019 y 2020.
En el caso de los fondos destinados a financiar programas para formación o fomento de la contratación de personas jóvenes se harán en base al número de potenciales beneficiarios o beneficiarias que consten a 31 de diciembre de 2020.
La asignación de financiación para proyectos que favorezcan la transformación productiva en materia de digitalización y de economía verde y también los destinados a colectivos especialmente vulnerables tendrán en cuenta, además del número de demandantes, la dispersión territorial.
De acuerdo con Trabajo, a los criterios de reparto se les aplica un coeficiente corrector en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Política de Empleo correspondiente a los años 2019 y 2020.
