El Tribunal de Cuentas tiene entre sus competencias el enjuiciamiento de las responsabilidades contables en que puedan incurrir todos aquellos que sean gestores de fondos públicos o perceptores de subvenciones. Habida cuenta de que el Índice Único Informatizado Notarial incluye datos de importancia relevante y permanentemente actualizados referidos a personas físicas y jurídicas, supone un instrumento de gran relieve y utilidad en orden a facilitar la adopción de medidas cautelares en la fase de instrucción o de enjuiciamiento, así como a garantizar la eficaz ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas en los procesos contables dirigidos a la recuperación de activos públicos.
En virtud de este acuerdo, el Tribunal de Cuentas podrá realizar requerimientos sobre operaciones realizadas por una persona y sobre la titularidad real de personas físicas o jurídicas; así como sobre la localización de bienes que sean de la titularidad de esos gestores públicos o perceptores de subvenciones.
El Índice Único Informatizado Notarial contiene información de las operaciones que realizan a diario los más de 2.800 notarios españoles. Esta base supera los 116 millones de documentos parametrizados; un volumen tan solo comparable al que maneja la Agencia Tributaria. Contiene los principales datos de las escrituras públicas y otros documentos autorizados por los notarios, grabados de manera desagregada en cada notaría quincenalmente.
El Consejo General del Notariado ha habilitado una plataforma web desde la que se canalizarán los requerimientos de información formulados por el personal del Tribunal de Cuentas debidamente identificado. La herramienta ha sido desarrollada con el sistema de firma electrónica de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert). La información será transmitida de manera directa y con los protocolos de seguridad exigidos por la normativa vigente sobre protección de datos.
El convenio nace dentro de las medidas aprobadas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que incluye como sujetos obligados a las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, como es el caso del Consejo General del Notariado.
