La iniciativa emplaza al Ejecutivo a llevar a cabo las medidas oportunas para posibilitar que los municipios que acrediten incrementos de precios de alquiler desmesurados puedan, en coordinación con las Comunidades Autónomas, regular estos alquileres abusivos, según fuentes parlamentarias.
Asimismo, solicita que se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos para revertir la situación de vulnerabilidad a la que asegura que actualmente están expuestas las personas arrendatarias.
En este sentido, pide mejorar las garantías judiciales de las personas arrendatarias de buena fe para que puedan presentar oposición al desahucio y regular un procedimiento de mediación previo a la demanda. También urge al Gobierno a ampliar el límite legal para prorrogar tácitamente el contrato de alquiler de 3 a 5 años y reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del coste del arrendamiento al índice de precios de consumo.
La medida también insta al Ejecutivo a incluir en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que está elaborando el Ministerio de Fomento, ayudas al alquiler en función de la renta (no únicamente para jóvenes) y otras para incentivar que pequeños propietarios arrienden sus viviendas a un precio asequible.
Además, exige que, sin perjuicio de las competencias forales, se revise la fiscalidad y las condiciones legales de las SOCIMIS con el objetivo de vincularlas a la promoción de vivienda de alquiler asequible. De esta manera, se garantiza el retorno social de este tipo de sociedades, mientras se preserva la función social de la vivienda.
Asimismo, esta proposición busca la creación de un parque público de alquiler con las residencias vacías de grandes tenedores, prioritariamente la SAREB y las entidades financieras, que no cumplan su función social. Así, se incorporarán mecanismos legales que obliguen a que los inmuebles residenciales desocupados propiedad de estas tenedoras pasen a formar parte del parque público de alquiler.
La iniciativa también persigue que se incremente la dotación presupuestaria destinada al programa de fomento del parque público de residencias en alquiler, con el objetivo de duplicar el número de actuaciones previstas durante la vigencia del próximo Plan de Vivienda, en comparación con el anterior.
Además, pide que, dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO), se establezca una línea destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler a precios asequibles. La financiación deberá ir destinada a entidades públicas o público-privadas de lucro limitado.
