El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre del año fue de 16.859, lo que supone un descenso del 8,4% respecto al mismo trimestre de 2016, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este lunes.
El 58,6% de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que otros 6.197 –el 36,8%- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 776 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados del impago de alquileres disminuyeron un 0,3% entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias cayeron un 20%. Este tipo de lanzamientos experimenta ya ocho trimestres consecutivos de bajadas.
Cataluña –con 3.625, el 21,5 del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre objeto del informe, seguida por Andalucía (2.947), la Comunidad Valenciana (2.287) y Madrid (1.791). Estos cuatro territorios suman el 63,2% de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también Cataluña aparece en primer lugar, con 2.342. Le siguen Andalucía (1.377), Madrid (1.344) y la Comunidad Valenciana (1.132). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.426, seguida por la Comunidad Valenciana (1.121) y Cataluña (1.039).
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no implica que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre del año fue de 19.141, un 1,6 por ciento menos que en el mismo periodo de 2016. De ellos, 11.921 terminaron con cumplimiento positivo, lo que supone un incremento interanual del 0,7 por ciento.
Las ejecuciones hipotecarias bajan
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2017 fue de 7.689, lo que representa una disminución del 46,5% respecto al mismo periodo del año anterior. El informe refleja un descenso interanual en todas las Comunidades Autónomas.
Andalucía es el territorio con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, con 1.864, el 24,2% del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (1.218), Cataluña (1.090), Madrid (756) y la Región de Murcia (645).
Aumenta el número de concursos presentados
El número de concursos presentados en el segundo trimestre del año, contabilizando tanto los registrados en los Juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas presentados en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, fue de 2.001, de los que 580 correspondieron a personas naturales no empresarios. El dato supone un incremento del 8,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2016.
Los concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil disminuyeron un 4,6%, al pasar de 1.489 a 1.421; mientras que los de personas físicas aumentaron un 62% (de 358 a 580).
Cataluña es la Comunidad Autónoma con más concursos presentados por personas físicas. Los 218 registrados en el segundo trimestre del año representan el 37,6% del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (86), Madrid (75) y Andalucía (56).
También fue en Cataluña donde se registraron más concursos en los Juzgados de lo Mercantil: 285, lo que supone el 20,1% del total nacional. Le siguieron Madrid (266), la Comunidad Valenciana (198) y Andalucía (187).
El número de concursos declarados en el segundo trimestre del año en los Juzgados de lo Mercantil fue de 967, un 2,5 más que en el mismo periodo de 2016. A esta cifra hay que añadir los 326 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados llegaron a la fase de convenio 137 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 802, un 19,8 menos que en el mismo trimestre del año anterior.
Por último, se presentaron 118 expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE). La cifra es un 17,5 inferior a la registrada en el segundo trimestre de 2016.
Número de demandas por despido
El número de demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en el segundo trimestre del año fue de 25.869, una cifra prácticamente idéntica a la del mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 25.866.
Madrid –con 5.221, el 20,2% del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Cataluña (4.575) y Andalucía (3.497).
El informe revela un incremento interanual del 31% en la Región de Murcia –donde la cifra de demandas pasó de 749 a 981- y superior al 10% en La Rioja y el País Vasco. Las demandas por despido también aumentaron, aunque en menor medida, en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Illes Balears y Aragón.
En ese mismo periodo se presentaron 32.047 demandas de reclamaciones de cantidad, lo que supone un 4,4 por ciento más que en el segundo trimestre de 2016. Por Comunidades Autónomas, el mayor número se dio en Madrid, con 6.464, el 20,2 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía (5.039) y Cataluña (3.941).
Disminuye el número de procedimientos monitorios
En el segundo trimestre del año se presentaron en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción un total de 124.381 procedimientos monitorios, lo que supone una disminución del 19,7% respecto al mismo periodo de 2016.
Salvo en Cataluña, donde se observa un incremento del 6,3% en este tipo de procedimientos, en el resto de las Comunidades Autónomas se han producido importantes disminuciones.
Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
