La previsión del Ejecutivo, según anunció en el mes de agosto el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, era remitir a las Cortes el nuevo texto legislativo a lo largo del mes de septiembre.
El proyecto de ley servirá para transponer varias directivas europeas a la legislación española y, según el Ejecutivo, incrementará la transparencia en las relaciones entre las entidades financieras y los consumidores de productos hipotecarios.
Entre las medidas que contempla el anteproyecto está la prohibición a los bancos de poder establecer el vencimiento de pago de una hipoteca y, por consiguiente, iniciar los trámites para ejecutar un desahucio, hasta que el impago no haya alcanzado el 2% del importe total del préstamo, intereses incluidos, en la primera mitad del contrato, o del 4% en la segunda mitad del mismo.
Asimismo, se prohibirá el establecimiento de incentivos para los trabajadores de las entidades financieras por la concesión de un número determinado de contratos y se reducirá el coste a la hora de cambiar una hipoteca de tipo variable a uno fijo, entre otras iniciativas.
