La orden de convocatoria de la prueba se publicó el pasado 29 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, apenas 14 días después de celebrarse el segundo examen de 2018.
Según lo establecido en el Reglamento de Acceso a la Abogacía y a la Procura, deben transcurrir un mínimo de tres meses entre la convocatoria y la celebración de la prueba, por lo que el primer examen de 2019, pese a la celeridad con la que se ha convocado, difícilmente podría celebrarse antes del mes de abril.
La fecha del mismo no ha podido comunicarse hasta este lunes puesto que era imprescindible, con carácter previo a su anuncio, avanzar en la resolución de la prueba de acceso celebrada en diciembre, así como en algunos aspectos organizativos de la próxima convocatoria.
Actualmente se está cerrando la lista de admitidos provisionales al examen del 6 de abril. Se estima que la cifra de aspirantes superará los 6.000, en función de la cual se determinará el número de sedes y su distribución geográfica.
Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, estos profesionales deben superar esta prueba de aptitud como requisito previo al ejercicio de su actividad. El examen se convoca de forma conjunta por el Ministerio de Justicia y el de Ciencia, Innovación y Universidades.
