La tutela judicial «ambiental» efectiva a la luz de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Las preguntas de este mes se centran en determinados aspectos procesales rela...

Las preguntas de este mes se centran en determinados aspectos procesales relativos a la evaluación ambiental regulada en la nueva Ley 21/2013, de 9 de diciembre -EDL 2013/233747-. En concreto, sobre el tratamiento de los pronunciamientos ambientales (declaración ambiental estratégica, informe ambiental estratégico, declaración de impacto ambiental e informe de impacto ambiental) como u0022informes preceptivos y determinantesu0022 del procedimiento sustantivo (arts. 25.2 y 41.2 -EDL 2013/233747-). El carácter u0022determinanteu0022 de dichos informes ambientales tiene una doble vertiente material y formal. Desde el punto de vista material, significa que resultan necesarios para que el órgano competente pueda formarse criterio sobre las cuestiones planteadas. Desde el punto de vista formal, implica que no es posible continuar con la tramitación del procedimiento sustantivo mientras no se evacúe el informe (ex. art. 83 de la Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-).

(1) Pues bien, la primera pregunta sometida a nuestra consideración es si tales pronunciamientos ambientales son recurribles autónomamente. La Exposición de Motivos de la Ley 21/2013 -EDL 2013/233747 advierte al respecto que u0022los pronunciamientos ambientales en sí mismos no serán recurribles, si bien sí lo serán, como no puede ser de otra manera si se quiere evitar la indefensión, los pronunciamientos del órgano sustantivo en virtud de los cuales se aprueben o adopten los planes o programas o se autoricen los proyectos, en los que se incorporan los pronunciamientos ambientalesu0022. Esta aclaración, amén de innecesaria por obvia, no me resulta convincente. La indefensión de los interesados es, justamente, una de las causas que legitiman la impugnación autónoma de los actos de trámite, junto al hecho de tratarse de actos de trámite u0022que determinan la imposibilidad de continuar el procedimientou0022 (ex. art. 107.1 de la Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-). Y si la Ley ha calificado a los pronunciamientos ambientales como trámites determinantes que impiden continuar con la tramitación del procedimiento, entonces hay que concluir que es posible impugnarlos sin esperar a la resolución del órgano sustantivo, en tanto que u0022actos de trámite cualificadosu0022.

Sin embargo, no es del todo cierto que el procedimiento sustantivo quede paralizado si los órganos ambientales no emiten en plazo sus informes de evaluación ambiental, o si éstos no resultan suficientes. Según la misma Exposición de Motivos, u0022para evitar demoras que no tienen justificación desde el punto de vista ambiental y conseguir que el procedimiento sea eficaz, la falta de pronunciamiento de las administraciones públicas afectadas no puede, en modo alguno, ralentizar, y menos aún paralizar el procedimientou0022, y por eso la Ley dispone que el órgano ambiental u0022continuará con el procedimiento siempre que disponga de los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambientalu0022 (art. 24.5 y 40.4 -EDL 2013/233747-.). ¿Cómo salvamos esta contradicción legal, que define al informe ambiental como determinante, pero a su vez autoriza la continuación del procedimiento sustantivo? La clave radica en un concepto jurídico indeterminado como es u0022disponer de elementos de juicio suficientesu0022, cuya apreciación debería estar suficientemente motivada y acreditada en el expediente. Al fin y al cabo, los procedimientos ambientales no dejan de ser simplemente u0022instrumentalesu0022 con respecto al procedimiento sustantivo y sectorial de aprobación de los planes, proyectos o programas.

(2) Ello nos conduce a otra de las preguntas planteadas como es la relativa a si pueden los interesados acudir a la vía del recurso contra la inactividad material en el caso de que el órgano ambiental no emita el informe preceptivo. La Ley 21/2013 -EDL 2013/233747 establece, al respecto, que la no emisión de los pronunciamientos ambientales u0022en ningún caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental favorableu0022 (art. 10 -EDL 2013/233747-). En tales casos, el órgano sustantivo deberá requerir al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir la evaluación para que ordene la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora y de la posibilidad que tiene el promotor de reclamar a la Administración competente la emisión del informe, u0022a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativau0022 (arts. 28.4, 30.2 40.4 y 44.4) -EDL 1998/44323-. En definitiva, queda abierta la vía para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa contra la inactividad material del órgano ambiental responsable de la emisión del informe.

(3) En tercer lugar, se nos plantea la hipótesis de que los planes y programas sometidos a evaluación ambiental fuesen aprobados por una norma con rango legal, irrecurrible en sede contencioso administrativa. Sobre las leyes u0022singularesu0022 o u0022ad hocu0022 (es decir: elaboradas u0022a la cartau0022 en atención a un hecho concreto) existe una sólida jurisprudencia jurisprudencial. En una de sus últimas sentencias, relativa a la Ley de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, sobre el Proyecto Regional u0022Ciudad del Medio Ambiente de Soriau0022 -EDL 2007/20300 el Tribunal Constitucional recuerda que las leyes singulares u0022no constituyen un ejercicio normal de la potestad legislativau0022 y que una tramitación indebida como Ley sacrifica u0022el control de legalidad de los aspectos urbanísticos y ambientales del proyectou0022, cerrando la puerta a que los titulares de los derechos e intereses legítimos, o de la acción pública reconocida en materia de urbanismo y medio ambiente, puedan recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 203/2013, de 5 de diciembre -EDJ 2013/252263-). En definitiva, no resultaría conforme a la Constitución que se promulgara una Ley con el contenido propio de un plan urbanístico o sectorial con la intención de burlar las preceptivas evaluaciones de impacto ambiental.

(4) Por último, debemos reflexionar sobre si la nueva Ley 21/2013 -EDL 2013/233747 restringe la legitimación de las asociaciones de protección del medio ambiente, a los efectos de su consideración como personas interesadas, al añadir su artículo 5.1.g) -EDL 2013/233747 una nueva exigencia como es la de que sus fines u0022puedan resultar afectados por la evaluación ambientalu0022. A mi juicio, no estamos ante una restricción de la legitimación, sino ante una definición más precisa de lo que deba entenderse por u0022persona interesadau0022 que refuerza el concepto recogido en la legislación administrativa y atribuye esta condición a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se dedican a la protección y defensa del medio ambiente, siempre que acrediten el cumplimiento de unos requisitos mínimos dirigidos a perfilar una actuación rigurosa de las mismas. Nótese que esta supuesta restricción (o matización) no resulta extraña en el ámbito ambiental, puesto que ya la propia Ley 27/2006, de acceso a la información en materia de medio ambiente -EDL 2006/93900-, había modificado la definición de u0022personas interesadasu0022 en los mismos términos a los efectos de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación (véase su disposición final segunda) -EDL 2002/22876-. Por eso, es razonable exigir que los fines acreditados en los estatutos de dichas personas jurídicas resulten u0022afectadosu0022 por la decisión administrativa de que se trate; la legitimación de las personas jurídicas se halla sujeta a ciertos requisitos, y también la Ley 27/2006 (arts. 2.2.b) y 23) -EDL 2006/93900 exige que su actividad se desarrolle en un ámbito territorial afectado por la actuación o, en su caso, omisión administrativa.

La jurisprudencia contencioso-administrativa viene calificando de manera cons...

La jurisprudencia contencioso-administrativa viene calificando de manera constante a las declaraciones ambientales como actos de trámite no susceptibles de impugnación autónoma, con independencia de que su contenido pueda ser controvertido en el recurso que se formule contra la resolución definitiva (por todas, Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 6157/2013, de 29 de noviembre -EDJ 2013/257899-). No parece que esta doctrina, elaborada fundamentalmente durante la vigencia del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio -EDL 1986/10997-, vaya a sufrir una reconsideración en un futuro próximo, en especial si reparamos en que ha sido confirmada por el propio legislador. Así, los preceptos de la Ley de impacto ambiental relativos a los distintos tipos de evaluación ambiental [declaración ambiental estratégica (art. 25.4 -EDL 2013/233747-), informe ambiental estratégico (art. 31.5 -EDL 2013/233747-), declaración de impacto ambiental (art. 41.4 -EDL 2013/233747-) e informe de impacto ambiental (art. 47.6) -EDL 2013/233747-] son unánimes al declarar que contra ellos “no procederá recurso alguno”.

Ahora bien, como quiera que la falta de emisión de la evaluación ambiental correspondiente paraliza el procedimiento administrativo en el que se inserta (art. 10 de la Ley de evaluación ambiental -EDL 2013/233747-), no debe descartarse por entero la eventualidad de su impugnación autónoma. Al menos así puede suceder, cuando se trate de una evaluación de impacto ambiental que tenga por objeto un proyecto de iniciativa privada. En este supuesto la falta de emisión de la declaración ambiental no solo impide otorgar la correspondiente autorización administrativa por mor del ya citado artículo 10 de la Ley -EDL 2013/233747-, lo que ya sería motivo suficiente para defender su consideración como objeto idóneo de un proceso contencioso-administrativo, en la medida en que la inactividad administrativa impide proseguir el procedimiento (art. 107.1 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas -EDL 1992/17271-) sino que, puede llegar a causar un perjuicio irreparable para los derechos o intereses del promotor del proyecto. No se diga, a este respecto, que los perjuicios patrimoniales son siempre reparables y que igual consideración han de recibir los perjuicios dimanantes del retraso padecido en el procedimiento de autorización de un proyecto.

El Derecho de daños nos muestra que prácticamente cualquier lesión es susceptible de compensación en términos patrimoniales, pero también nos enseña que no es lo mismo “compensar” que “reparar” y que los costes de oportunidad derivados de la inactividad de la Administración en supuestos como el que ahora nos sirve como hipótesis para nuestra reflexión únicamente se compensan, y nunca en su totalidad. Queden así respondidas las preguntas 1 y 3, pues no creo que deba descartarse la posibilidad de acudir a los tribunales denunciando la inactividad de la Administración en vía de evaluación ambiental cuando cause perjuicios a los particulares.

La segunda cuestión que se nos plantea, y que se desdobla en dos preguntas, no podía ser más oportuna. El pasado año, el Tribunal Constitucional dictó dos sentencias de singular interés para este tema y que representan una nueva vuelta de tuerca en la revisión de la doctrina sentada en la STC 166/1986, de 19 de diciembre (RUMASA II) -EDJ 1986/166-: SSTC 129/2013, de 4 de junio -EDJ 2013/80913-, y 203/2013, de 5 de diciembre -EDJ 2013/252263-.

La primera de estas sentencias estimó parcialmente un recurso de inconstitucionalidad planteado respecto de la Ley de las Cortes de Castilla y León 9/2002, de 10 de julio, sobre declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad -EDL 2002/27994-. Siguiendo la línea ya establecida en la STC 48/2005, de 3 de marzo -EDJ 2005/11362 (expropiación por ley para ampliación de la sede del Parlamento de Canarias), la Sentencia 129/2013 -EDJ 2013/80913 anuló los preceptos de la Ley controvertida que merecían la consideración de “ley singular autoaplicativa” en la medida en que la legitimidad de este tipo de leyes singulares, que no precisan de la intermediación administrativa de carácter ejecutivo, pasarían eventualmente por la posibilidad de que los ciudadanos directamente afectados por la Ley pudieran impugnarla ante el Tribunal Constitucional y que este órgano pudiera ejercer un control de intensidad equivalente al que llevan a cabo los tribunales contencioso-administrativos respecto de las disposiciones y actos de las Administraciones públicas. Si lo primero exigiría la instauración del “amparo frente a leyes”, lo segundo parece una hipótesis de imposible realización pues, por definición, el control de constitucionalidad de la ley es menos incisivo que el control de legalidad de las disposiciones infralegales; por no decir nada respecto de la tutela cautelar, que el Tribunal Constitucional no podría dispensar en estos casos.

A su vez, la STC 203/2013 -EDJ 2013/252263 anuló en su totalidad la Ley, también castellano-leonesa, 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del proyecto regional “Ciudad del Medio Ambiente” -EDL 2007/20300-. En este caso no se trataba propiamente de una Ley autoaplicativa sino de una norma legal cuya “regulación material […] no presenta peculiaridad alguna -sin perjuicio de las necesarias diferencias entre planeamientos derivadas de las diferentes necesidades que con ellos se pretenden satisfacer con respecto a cualquier otra ordenación urbanística regional aprobada por el Consejo de Gobierno”. Pues bien, la Sentencia acordó la nulidad de la Ley porque el legislador autonómico no había ofrecido razones suficientes que justificaran el sacrificio del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto afecta a la impugnabilidad de la disposición general (en el caso era precisa una intermediación ejecutiva de la Administración, lo que eventualmente permitía un recurso indirecto con la Ley, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las leyes autoaplicativas, que ocupan todo el espacio de intervención pública no jurisdiccional).

A la vista de la doctrina sentada en estas dos sentencias del Tribunal Constitucional habremos de convenir en que la materialización de la hipótesis que se apunta abocaría, de modo prácticamente insoslayable, a la anulación de la norma legal que tuviera el contenido propio de un plan urbanístico. Salvo, claro es, que el legislador acreditara la existencia de una situación excepcional que justificara el recurso a este tipo de normas.

Con respecto a la cuarta y última pregunta, parece indiscutible que no existe equivalencia entre los arts. 5 de la Ley de evaluación ambiental -EDL 2013/233747 y 23 de la Ley de acceso a la información -EDL 2006/93900-, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En efecto, ambos preceptos enumeran tres requisitos para que las asociaciones de defensa ambiental reúnan la condición de interesadas en el procedimiento, a fin de ejercer la acción popular en asuntos medioambientales. Dos esos requisitos, los relativos al ámbito territorial de actuación y a la antigüedad de la asociación, son plenamente coincidentes, en tanto que la Ley de evaluación ambiental añade al atinente al fin social -“que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular” el inciso “y que tales fines puedan resultar afectados por la evaluación ambiental”. Habida cuenta de que se trata de la atribución de la condición de interesado en el procedimiento de evaluación ambiental, y teniendo presentes los múltiples aspectos que estas evaluaciones han de tomar en consideración, parece ontológicamente imposible la existencia de una evaluación ambiental que no afecte a “la protección del medio ambiente en general”. Pero no sucede lo mismo cuando se trata de “alguno de sus elementos en particular”, es decir, de los distintos recursos naturales que integran el medio ambiente. Cabe imaginar un supuesto en el que se niegue la legitimación de una asociación de defensa de la calidad de las aguas porque la evaluación ambiental que trata de controvertir no afecta a este recurso natural. Ahora bien, llegado el caso, la antinomia podría salvarse poniendo el acento en que lo determinante de la protección ambiental no es tanto la preservación de los distintos recursos naturales en sí considerados sino en atención a sus relaciones mutuas. De modo que un plan o proyecto que aparentemente no afecte a las aguas pudiera tener incidencia sobre el recurso hídrico, en términos de disponibilidad cuantitativa o cualitativa, porque produzca un riesgo de erosión o que porque entrañe el riesgo de filtración a la capa freática. La clave de lo ambiental se encuentra en la interrelación de los factores y recursos naturales, en los ecosistemas, no en las especies que en ellos habitan.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental -EDL 2013/233747-...

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental -EDL 2013/233747-, enfáticamente en su Preámbulo apunta a la real y verdadera trascendencia que la evaluación ambiental tiene como técnica indispensable para la protección del medio ambiente.

De un parte, destaca dos perspectivas de Convenios Internacionales –tanto la del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente, en un contexto transfronterizo, de 25 de febrero de 1991, conocido como Convenio de Espoo y ratificado por nuestro país el 1 de septiembre de 1992 -EDL 1997/24746- y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica -EDL 2008/197025-, como la de la plena aplicabilidad del Convenio Europeo del Paisaje, ratificado el 6 de noviembre de 2007 -EDL 2007/394503-.

Y, de otra parte, atiende al Derecho comunitario, tanto en razón a la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente -EDL 2001/24246-, como a la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente -EDL 2011/320225-.

Ya de entrada, procede advertir que si se trata de evitar o eludir lo establecido en derecho comunitario por medio de supuestos elevados a la consideración de una Ley deberá ser por las vías de derecho comunitario donde haya lugar a depurar lo que proceda –especialmente, y en su caso, baste la cita de las vías por incumplimiento o por cuestión prejudicial-.

Pues bien, volviendo a la legislación que nos debe ocupar interesa resaltar que en esa Ley expresa y decididamente se apunta a reunir en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos, y con el propósito de establecer un conjunto de disposiciones comunes que aproximen y faciliten la aplicación de ambas regulaciones. En lo que ahora interesa se unifican en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente -EDL 2006/36793 y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos -EDL 2008/841 y modificaciones posteriores al citado texto refundido, apostillándose a una simplicidad consistente en que su desarrollo reglamentario no resulta imprescindible, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección –artículo 149.1.23ª de nuestra Constitución -EDL 1978/3879-.

Cuando se dirige la atención a la regulación establecida bien en materia de la declaración ambiental estratégica –artículo 5.2.d) -EDJ 2013/80913-, informe ambiental estratégico –artículo 5.2.e) -EDJ 2013/80913-, bien en materia de declaración de impacto ambiental –artículo 5.3.d) -EDJ 2013/80913 e informe de impacto ambiental –artículo 5.3.e) -EDJ 2013/80913 existe un claro esfuerzo de la Ley en intentar clarificar la naturaleza jurídica del procedimiento y de esos pronunciamientos ambientales. Así:

-El procedimiento de evaluación ambiental estratégica y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se califican como «procedimiento administrativo instrumental» con respecto al procedimiento sustantivo y sectorial de aprobación o adopción de los planes y programas o de la autorización de los proyectos –artículo 5.1.a) -EDJ 2013/80913-.

-Y los pronunciamientos ambientales, es decir, la declaración ambiental estratégica –artículos 5.2.d) y 25.2-, el informe ambiental estratégico –artículo 5.2.e)-, la declaración de impacto ambiental –artículos 5.3.d) y 41.2 y el informe de impacto ambiental –articulo 5.3.e) -EDL 2013/233747-, se configuran con la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante (sic).

Esa naturaleza jurídica se explicita especialmente en el Preámbulo de la Ley -EDL 2013/233747 en una doble vertiente, formal y material.

Desde el punto de vista formal o procedimental, del siguiente modo:

“… Desde el punto de vista formal o procedimental, el carácter determinante de los pronunciamientos ambientales implica que no es posible continuar con la tramitación del procedimiento sustantivo en tanto éste no se evacue”.

Y desde el punto de vista material, del siguiente modo:

“Desde el punto de vista material, esto es, en cuanto a la vinculación de su contenido para el órgano que resuelve, el carácter determinante de un informe supone, conforme a la reciente jurisprudencia, que el informe resulta necesario para que el órgano competente para resolver pueda formarse criterio sobre las cuestiones a las que el propio informe se refiere.

Este carácter determinante se materializa en el mecanismo previsto en esta ley para la resolución de discrepancias, de manera que el órgano sustantivo está determinado por el condicionado de los pronunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente solo en el ámbito de sus competencias y planteando la correspondiente discrepancia ante el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, o en su caso, el que dicha comunidad haya determinado”.

O, si así se prefiere, no resulta ocioso añadir y reproducir el régimen jurídico del artículo 9.1 párrafo segundo y del artículo 10 -EDL 2013/233747 del siguiente modo:

“Artículo 9 -EDL 2013/233747-. Obligaciones generales.

1…

Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder”.

“Artículo 10 -EDL 2013/233747-. Falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales

La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, del informe ambiental estratégico, de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en los plazos legalmente establecidos, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental favorable”.

En esas perspectivas la posible impugnación independiente de los pronunciamientos ambientales en sí mismos, siguiendo conocida doctrina al respecto, no se acepta:

Como se va estableciendo en sede de declaración ambiental estratégica –artículo 25.4 -EDL 2013/233747 y de informe ambiental estratégico –artículo 31.5 -EDL 2013/233747-, sin perjuicio de la vía judicial frente a disposiciones de carácter general de la aprobación bien de los planes o programas o contra los actos de adopción o de aprobación del plan o programa, o bien de los proyectos.

Y tampoco en sede de declaración de impacto ambiental –artículo 41.4 -EDL 2013/233747 y de informe de impacto ambiental –artículo 47.6 -EDL 2013/233747-, sin perjuicio de la vía judicial frente al acto que autoriza el proyecto.

No obstante, no debe devaluarse toda la serie de supuestos en que, incluidos en el ámbito de aplicación de esa Ley, estén sujetos a declaración responsable o comunicación previa ya que en esos casos, por el contrario, seguramente por razones técnicas de su naturaleza, la Disposición Adicional Primera.4 de esa Ley -EDL 2013/233747 dispone:

“4. En estos casos, contra la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental se podrán interponer los recursos que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial”.

Una segunda temática que interesa resaltar es la relativa a la reiterada invocación a la vía de la inactividad que se prevé en el artículo 29.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa -EDL 1998/44323-. Así para con la iniciativa del promotor:

Bien en sede de evaluación ambiental estratégica ordinaria y para tener elementos de juicio suficientes en relación con el documento de alcance del estudio ambiental estratégico –artículo 19.1.párrafo cuarto -EDL 2013/233747 -; para con el análisis técnico del expediente -artículo 24.5.párrafo cuarto -EDL 2013/233747-; o en los casos de modificación de la declaración ambiental estratégica –artículo 28.4.párrafo cuarto -EDL 2013/233747-. O en sede de evaluación ambiental simplificada –artículo 30.2.párrafo tercero -EDL 2013/233747-.

Bien en sede de evaluación de impacto ambiental ordinaria y para tener elementos de juicio suficientes en relación con el documento de alcance del estudio de impacto ambiental –artículo 34.4.párrafo cuarto -EDL 2013/233747-; para con el análisis técnico del expediente –artículo 40.4.párrafo cuarto -EDL 2013/233747-; o en los casos de modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental -artículo 44.5.párrafo cuarto -EDL 2013/233747-. O en sede de evaluación de impacto ambiental simplificada –artículo 46.3.párrafo segundo -EDL 2013/233747-.

Sin que se cuente con precedentes de esa singular vía a la que se da cobertura jurídica por la Ley que nos ocupa, debe dejarse anotada la complejidad en que se incurre cuando en un mismo expediente pudiera resultar la reiterada necesidad de ejercitar las correspondientes acciones y pretensiones por inactividad en varios supuestos, en su caso a poder acumular o no, y cuya satisfacción judicial pudiera resultar muy compleja y hasta insatisfactoria si es que con ese ejercicio sólo pudiera darse lugar a dotar al caso de los “elementos de juicio suficientes” para el correspondiente órgano ambiental o/y sustantivo, pero sin alcanzar un pronunciamiento judicial concreto respecto a lo que se pretendiese respecto a un pronunciamiento ambiental –declaración ambiental estratégica, informe ambiental estratégico, declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental -EDL 2013/233747-.

Finalmente en relación a la legitimación de las personas por acción popular establecida por el artículo 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente -EDL 2006/93900 (que incorpora las Directivas 2003/4/CE -EDL 2003/1910 y 2003/35/CE -EDL 2003/17021-), no deja de resultar curioso que el artículo 5.1.g) de la Ley -EDL 2013/233747 que se comenta exija que entre los fines acreditados en sus estatutos de la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, además concurra que tales fines puedan resultar afectados por la evaluación ambiental.

Otro buen ejemplo que puede producir un riesgo de limitación o de exclusión de acción popular establecida y que para evitar males mayores y a modo de prevención bien parece que puede o va a producir una reacción de esas personas jurídicas, en su caso, clarificando ambiciosamente sus estatutos para dejar fuera de duda que sus fines generales y desde luego particulares pueden efectivamente resultar afectados también por medio de evaluaciones ambientales en los ámbitos ambientales que les interese.