El Tribunal de Cuentas avisa de que existen empresas que están usando bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social por importes superiores al crédito de que disponen anualmente para financiar iniciativas de formación de demanda o al crédito comunicado como bonificado en el sistema telemático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Así se recoge en el 'Informe de fiscalización de la financiación aplicada por las empresas en la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas de Formación Profesional', que ha aprobado la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda y que recoge Europa Press.
Según el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, en 2012 al menos 1.064 empresas aplicaron en sus boletines de cotización un importe superior en mil euros a su crédito máximo disponible , con una bonificación indebidamente aplicada total de 3,98 millones de euros.
En este paquete se incluyen 26 compañías que aplicaron más de 10.000 euros de bonificaciones indebidas. Y es que frente a los 597.041 euros de crédito de que disponían en dicho ejercicio, incluyeron hasta 1,56 millones en sus boletines de cotización, de los que sólo justificaron 463.593 euros.
Por eso, el SEPE debería reclamarles 1,1 millones de euros, algo que ya se ha realizado según aseguró la presidenta del Patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), Reyes Zataraín del Valle, en sus alegaciones al informe.
Financiación gratuita
Y es que el Tribunal recuerda que esta forma de actuar garantiza a estas empresas una "financiación gratuita" durante un periodo aproximado de dos años, que es el tiempo que media entre la aplicación de la bonificación y las comprobaciones por parte del SEPE.
Esta dilación en el tiempo provoca además dificultades para recuperar el dinero, tanto por la prescripción de muchas de estas deudas como por la posibilidad de que se extingan las empresas bonificadas, con un consecuente "perjuicio para el erario". De hecho, en 2012 se dictaron expedientes por bonificaciones indebidamente aplicadas entre 2005 y 2008.
Durante esos dos años, además, algunas de esas empresas "continuaron beneficiándose de este sistema" pese a no haber devuelto el dinero. Una forma de actuar "poco frecuente" pero que en algunos casos alcanza "importes significativos", tal y como señala el organismo fiscalizador, que menciona como ejemplo los 73.134 euros que se aplicó una empresa frente al crédito asignado de 2.055 euros, o el más de un millón de euros que recibió otra en lugar de los 12.829 euros que le correspondían.
En estos casos, de hecho, el SEPE remitió a la Inspección Provincial de la Seguridad Social de Murcia los expedientes, que se correspondían a los años 2010 a 2013. Sin embargo, a fecha de hoy no se ha conseguido el reintegro de los importes totales, que se elevan ya a 59.877 y 1,45 millones de euros, respectivamente. Este último expediente ha sido trasladado incluso a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de delito.
Por todo ello, el Tribunal recomienda al Ministerio de Empleo y al SEPE que creen un nuevo sistema de información integrado y protocolos de actuación para "garantizar el adecuado seguimiento y control" de los importes de las bonificaciones de cuotas indebidamente aplicadas por las empresas, algo que el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, asegura en sus alegaciones que se llevará a cabo.
Analizar todos los casos
Igualmente, se sugiere al Servicio Público de Empleo que analice los casos incluidos en el informe susceptibles de bonificaciones indebidamente aplicadas. En este sentido, la directora general del SEPE, a la sazón presidenta del Patronato de la Tripartita, afirma que esta institución estudiará todos los expedientes y pedirá la información pertinente para evaluar si la Inspección debe iniciar un proceso de reclamación administrativa.
El organismo fiscalizador plantea también la necesidad de agilizar la tramitación de las actuaciones de seguimiento y control sobre las empresas para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión de los recursos públicos, así como la conveniencia de adoptar medidas para evitar que las empresas incluyan en sus boletines de cotización importes superiores al disponible, algo que el Ministerio se ha comprometido a realizar.
Es más, el SEPE ha comenzado ya a elaborar un inventario de deudores por cobros indebidos de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por formación profesional, según asegura su directora general como alegación a las recomendación del Tribunal.
Este organismo considera que éste debe ser el paso previo a la actualización de los estados financieros del SEPE, que actualmente no incluyen estas cuotas indebidamente aplicadas, lo que supone que a 31 de diciembre de 2012 existía una cuantía no contabilizada de más de 15 millones de euros, correspondiente únicamente al año 2010.
Poco control
Por otra parte, el Tribunal cree que la "falta de intercambio adecuado" de información entre el SEPE y la Tesorería General de la Seguridad Social propicia esta "falta de control y seguimiento" de las bonificaciones practicadas.
De hecho, apenas el 4,61% de los grupos formativos finalizados fueron evaluados en 2012, y el 68% de las actuaciones de control en tiempo real realizadas por el Servicio Público de Empleo en colaboración con la Fundación Tripartita no pudieron llevarse a cabo o confirmaron incidencias y desviaciones.
"Este Tribunal considera que el porcentaje de actuaciones de control se muestra claramente insuficiente", apunta el informe, en el que se recomienda al Ministerio que adopte medidas "tendentes a incrementar el porcentaje de actuaciones de control" a desarrollar, una necesidad que el secretario de Estado de Empleo comparte.
Además, el informe critica que el SEPE no haya hecho ninguna evaluación específica del impacto de la formación de demanda en el mantenimiento del empleo ni la mejora de competitividad de las empresas, de la eficacia y adecuación de las acciones a las necesidades, ni de la eficiencia del uso de los recursos.
Cursos no adecuados a las necesidades
Por otra parte, señala que las acciones desarrolladas responden "en numerosas ocasiones" a la oferta presentadas por las entidades de formación y no a las verdaderas necesidades de las empresas y sus trabajadores, ya que no se definen en función de un estudio previo de necesidades. Por eso, se recomienda a Empleo que haga el "desarrollo normativo adecuado" de este aspecto.
El Tribunal detecta también "incumplimientos" en las empresas beneficiarias de los cursos, tales como alumnos que no asistieron al menos al 75% de las horas lectivas, falta de mecanismos para verificar la asistencia efectiva o deficiencias en la contabilidad.
En esta categoría se incluyen la falta de identificación específica de los gastos de ejecución de las acciones bonificadas en las cuotas de Seguridad Social, abono de acciones celebradas en 2012 con posterioridad al 31 de enero de 2013, "incremento injustificado" de los costes facturados por acciones bonificadas, facturas con poco grado de detalle e inclusión entre los costes directos facturados de gastos de gestión, asesoramiento y organización, que deberían haberse imputado como costes asociados.
Esta última práctica, en la que también incurren las propias entidades organizadoras de la formación, podría estar generando una "situación de riesgo", según el Tribunal, ya que se estaría superando el límite máximo establecido para bonificaciones del 25% de los costes directos, al contabilizar como tales costes asociados.
Finalmente, los permisos individuales de formación se utilizan "en numerosas ocasiones" para formación planificada por la empresa y no, como deberían, por iniciativa voluntaria de los trabajadores.
