En materia de empleo, el Defensor del Pueblo intervino en asuntos relacionados con la falta de coordinación entre los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos para subsanar deficiencias en la información que se facilita a los parados y por la tardanza en el cobro de prestaciones.
Además, se pidió al Ministerio de Trabajo información sobre cómo se puede mejorar la situación de los desempleados de larga duración y se inició una investigación de oficio sobre la discriminación salarial entre hombres y mujeres.
La inspección también actuó para que se aumentaran los medios, tanto humanos como materiales, para aliviar la sobrecarga de trabajo de organismos oficiales como el Servicio Público de Empleo o el Fondo Garantía Salarial (Fogasa).
De hecho, una de las últimas intervenciones en este sentido tiene que ver con la tardanza en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, derivadas de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Tras recibir numerosas quejas sobre este asunto se ha conseguido que se arbitre un proceso más ágil.
Por otro lado, se abrió una investigación ante la Secretaría de Estado de Economía para conocer las previsiones existentes para modificar el reglamento de planes y fondos de pensiones, ya que algunos ciudadanos en paro tenían dificultades para rescatar sus fondos.
Ante el incremento de un 23,5% de las familias que tuvieron que declararse en concurso de acreedores en el tercer trimestre, el Defensor del Pueblo propuso crear mecanismos que faciliten un acuerdo entre las partes y un órgano que tome la decisión si no hay pacto.
De la misma forma, se abrió una actuación de oficio por el endurecimiento de las cláusulas de préstamos e hipotecas, porque son productos que no ofrecen una información adecuada sobre los riesgos que conllevan aunque sean legales. De hecho, la institución trabaja ahora en un informe sobre el sistema hipotecario español y otro sobre el catastro que se presentarán próximamente.
Las quejas relacionadas con los temas tributarios han crecido notablemente durante la crisis, por lo que la Defensoría ha insistido en la necesidad de aplicar una especie de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) social que tenga en cuenta las circunstancias de los menos favorecidos, ya que la propiedad de una vivienda no es representativa de la capacidad económica de su titular.
En 2011, también llegaron quejas relacionadas con el impago a proveedores por parte de las administraciones públicas, por lo que el Defensor del Pueblo está haciendo un seguimiento exhaustivo para conocer los términos de los contratos y los planes de pagos.
QUEJAS EN MATERIA DE VIVIENDA
Asimismo y ante las quejas de las pymes por la mediación de las entidades financieras en la concesión de ayudas del ICO, la institución pidió al Gobierno la creación de una línea de financiación directa para pymes, que finalmente salió adelante.
En materia de vivienda, destacan las sugerencias aceptadas por la Administración sobre solicitudes de vivienda por especial necesidad o sobre revocaciones de desahucio. Además, se han concluido casi 40 investigaciones sobre vivienda de protección pública con solución a problemas planteados por los interesados.
Por otra parte, continuó la supervisión de los sistemas de ayudas como los contratos de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) o la Renta Básica de Emancipación y se abrió una investigación de oficio con las comunidades sobre la posibilidad de que haya miles de viviendas desocupadas.
Finalmente, se formularon recomendaciones sobre las condiciones mínimas que deben tener las viviendas para discapacitados, para que las campañas publicitarias sobre ayudas a la vivienda incluyan una advertencia clara de las limitaciones previstas y para que se implante una gestión más eficaz del desalojo de viviendas.
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